La discusión de la iniciativa de ley «para la integración del sector productivo primario y agropecuario» generó un debate entre los políticos que la impulsan y técnicos en temas de recaudación fiscal.
Dicho proyecto de ley que avanzó en primer debate el pasado martes 9 de abril, crea un impuesto de 1.5 por ciento para personas que venden productos del sector agrícola y de artesanías que se ofrecen en supermercados, mercados cantonales, municipales y centros de acopio.
El impuesto, que pagarán los productores y comercializadores, será por ventas brutas arriba de Q11 millones al año, por medio de tributación simplificada y dualidad de regímenes de tributación.
Mientras que los exportadores de producto definidos en la presente ley como pecuarios, hidrobiológicos y apícolas pagarán el 2 por ciento de sus ventas brutas cuando se realice en pie.
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Además, en dicha ley se hace una modificación para el régimen de pequeño contribuyente.
El diputado ponente, Luis Aguirre, defendió dicho proyecto de ley, y resaltó que se hicieron consultas a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para tener un dictamen sobre la propuesta y contar con el visto bueno de la entidad de recaudación de impuestos.
Aguirre enfatizó que el «objetivo de la ley» es para bancarizar a los productores, ya que por no tener un récord crediticio no pueden acceder a créditos y recurren a prestamistas, quienes a su vez caen en extorsiones.
El congresista indicó que dicha ley deja fuera a productores del sector avícola y porcino, pero en la modificación al pequeño contribuyente se aumenta el monto de las ventas brutas que es de Q400 mil.
No obstante, algunos diputados señalaron que es la «ley ganadera 2.0», que es peligrosa para la recaudación de tributos.
Se consultó a la SAT sobre el dictamen a dicha iniciativa, pero respondieron que las autoridades participaron solo en una citación en la cual se discutió el tema.
PROVOCARÍA ARBITRARIEDADES
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) indicó que aunque se pretende crear dos regímenes simplificados, puede afectar el pago de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), pues abarca el tema de la comercialización, lo que haría que las empresas fraccionen sus negocios, por las arbitrariedades que harían dichos regímenes.
«Si hay un visto bueno por parte de la SAT, no hizo bien su trabajo. La SAT no debe estar promoviendo ese tipo de leyes, que generan una disminución del pago de impuestos, especialmente de la actividad ganadera, que si bien, ya contribuyen con una tasa baja, esa ley bajaría más el impuesto», resaltó el Instituto consultado.
Asimismo, se indicó que otra anomalía es que en caso de que entidades como las organizaciones de padres de familia pueden constituirse como entidades de comercializadoras, porque se podrían convertir en emisores de constancias de exención, generando así un agujero fiscal en la recaudación.
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