Un total de 51 taxis colectivos no autorizados, un arma blanca y un comunicador portátil fueron el resultado de la operación SCIÓN, realizada este 9 de agosto por el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala (PMT).
El operativo tenía como objetivo la identificación, registro y control de vehículos no autorizados utilizado como taxis, a través de puestos de control y registro en lugares con alta incidencia criminal, según detalló el MP.
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La Fiscalía de Distrito Metropolitano, en coordinación con el Fiscal Regional Metropolitano, con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala realiza operativos en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, esto con el… pic.twitter.com/fmya2PJd8g— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 9, 2024
Los puestos de control fueron ubicados en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, con el propósito de fortalecer investigaciones en seguimiento a diversos delitos cometidos abordo de estos automotores.
RESULTADOS
Como resultado de los operativos, las autoridades reportaron la identificación de aproximadamente 51 vehículos, utilizados como taxis colectivos no autorizados.
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Finaliza el operativo efectuado esta mañana por la Fiscalía de Distrito Metropolitano, durante el cual se contó con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil y el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de Guatemala, como resultado se… https://t.co/mGRag9j0y8 pic.twitter.com/lsLS3uImL1— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 9, 2024
En distintos puntos de la calzada Roosevelt, las autoridades a cargo de la operación impusieron cuatro multas, debido a que los conductores no portaban licencia de conducir.
Además, en el interior de un vehículo fueron localizados un arma blanca y un comunicador portátil tipo walkie-talkie.
Previamente, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (DTPNC) advirtió, que a quienes operen como taxis piratas, serán sancionados conforme a la ley, con multas que podrían llegar hasta los Q100 mil, e incluso se contemplan penas de 2 a 5 años de cárcel.
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