Por el caso del Juez Pablo Xitumul, quien podría quedar sin inmunidad si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelve retirar el derecho de antejuicio al juzgador, el Sector Interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado, calificó este y otros hechos contra juzgadores como un ataque sistemático a jueces independientes a través del cual se evidencia el “debilitamiento del Sistema de Justicia y perjudica al país en su totalidad”.
En el documento destacan el “deliberado socavamiento y cooptación del Organismo Judicial”, que no solamente pasa por continuar con una Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la medida de los intereses de quienes pretenden seguir amparados en la impunidad, sino que desde ahí se hostiga, agrede y persigue a jueces independientes, que les resultan incómodos y a quienes quieren, a toda costa, sacar del camino.
En este contexto citan el caso del Juez Pablo Xitumul, quien según exponen, ha dictado sentencias por casos de corrupción y por crímenes de lesa humanidad y que ha tenido que enfrentar acusaciones espurias, amenazas y solicitudes de antejuicio sin fundamento, recursos utilizados como instrumentos de control e intimidación contra jueces que conocen casos de alto impacto de corrupción e impunidad.
“Nos sumamos a las voces de las organizaciones sociales que exigen a la Corte Suprema de Justicia que permita la observación pública de las sesiones del pleno en que conocerán el caso del Juez Pablo Xitumul, sobre la base de que el principio de publicidad está reconocido en la Constitución Política de la República, en el Código Procesal Penal, en la ley del Organismo Judicial, en la Ley de Acceso a la Información Pública y la Política de Justicia Abierta”, exponen en el pronunciamiento.
El Sector Interreligioso Centinelas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, denuncian persecución en contra de jueces independientes que están a cargo de casos de alto impacto. pic.twitter.com/RBvOaSESIG
— Diario La Hora (@lahoragt) November 9, 2021
Destacan que, la deliberación pública, abierta y transparente, en este caso, abre la posibilidad de garantizar el respeto al debido proceso y constituye un proceso de aprendizaje para la ciudadanía en general, necesario para seguir potenciando la vigilancia ciudadana a todo nivel.
También envían un mensaje de solidaridad a los jueces independientes que han sufrido persecución y han sido criminalizados.
“Nuestra solidaridad y palabras de ánimo a las y los jueces que gracias a su buen desempeño no solamente han contribuido a la aplicación de justicia de forma imparcial, sino que lejos de ser reconocidos y fortalecidas sus capacidades por parte del Estado, han sufrido persecución y criminalización”.
SOBREVIVENCIA ES CADA DÍA MÁS DIFÍCIL
En el pronunciamiento, Centinelas destaca que el país atraviesa una escalada de precios que hace la sobrevivencia diaria de los ciudadanos cada día más difícil.
Además, acotan que el país sigue siendo empujado fuera de cualquier principio democrático, con la influencia de sectores ilícitos en todas las instituciones del Estado, ajustadas a la medida de los intereses de quienes se enriquecen “fraudulentamente” o que buscan ampararse en la impunidad.
EL CASO DE XITUMUL
El antejuicio planteado en contra Pablo Xitumul de Paz surge luego que la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) solicitó levantar ese derecho al juez para investigarlo por una denuncia presentada por el Inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Cuxaj, quien indicó que, al realizar una inspección dentro de un vehículo, debido a que una persona escandalizaba dentro de este, Xitumul lo habría impedido.
Por otra parte, Xitumul denunció al agente de la PNC por supuestamente agredirlo en el mismo incidente. Cuxaj fue ligado a proceso penal y se encuentra pendiente del inicio de la audiencia de etapa intermedia en su contra para determinar si debe enfrentar juicio.
En el caso, el juez pesquisidor Eduardo Galván no aceptó las pruebas de descargo que presentó en su defensa el juzgador y que son parte del debido proceso, remitiendo el informe de la solicitud de retiro de antejuicio a la CSJ para su resolución.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó por medio de un oficio al presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul, que reconoce la actuación del juez pesquisidor Eduardo Galván Casasola, quien les trasladó el informe del proceso de antejuicio en su contra sin recibir las pruebas de descargo del togado.
Además, el juez Xitumul presentó varias recusaciones contra magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones, bajo el argumento de que los togados “han emitido opinión en el asunto y por ende afecta su imparcialidad para seguir conociendo el mismo”.
Asimismo, Xitumul ha solicitado a los magistrados de la CSJ, que la audiencia en la que decidirán si le retiran o no el derecho de antejuicio sea pública y abierta a los medios de comunicación.
