La PDH realizó una verificación en el Hospital Regional de Occidente. Foto La Hora/PDH

POR MARGARITA GIRÓN
jgiron@lahora.com.gt

Luego de realizar una verificación en el Hospital Regional de Occidente, ubicado en el Departamento de Quetzaltenango, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), destacó que dicho centro hospitalario ha tenido que reestructurar sus funciones, incluyendo la atención de pacientes COVID-19.

Ante ello, la PDH a través de la Defensoría de Salud, recomendó a la cartera de Salud implementar de forma urgente políticas que garanticen la atención de todos los pacientes que acuden al centro hospitalario, incluyendo pacientes con enfermedades crónicas.

Asimismo, garantizar la asignación de presupuesto que requiera el Hospital para el funcionamiento inmediato y a largo plazo de las áreas COVID-19, además de asegurar la contratación de personal.

Entre otras recomendaciones, la PDH se refiere a garantizar el acceso a pruebas COVID-19 a los pacientes con enfermedades crónicas que son atendidos en el hospital.

ALGUNOS HALLAZGOS

Entre los hallazgos de la PDH, realizados en la verificación realizada el 30 de agosto, por parte de la defensora de la salud, Zulma Calderón, señalaron que, ante las necesidades que se han derivado de la emergencia sanitaria por el coronavirus áreas que estaban destinadas como ampliaciones para brindar asistencia materno infantil, han tenido que ser utilizadas para atender a pacientes COVID-19.

“La emergencia que ha provocado la pandemia del COVID-19, no ha concluido, toda vez que las áreas de atención a pacientes críticos continúan saturadas. A pesar de ello el MSPAS ha realizado recortes presupuestarios importantes que sitúan en riesgo la continuidad de las áreas COVID-19 en el corto y mediano plazo”, destaca el informe.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas dijo a través de su cuenta en Twitter que el ministerio de Salud recortó Q37 millones al hospital, “dejando en vulnerabilidad a la región, sumado a ello los hospitales deben contratar oxígeno por compra directa aumentando su costo. Las autoridades deben fortalecer el sistema de salud no debilitarlo”, agregó.

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En el informe destacan que, la ocupación de camas en el área de COVID-19 se encuentra saturada en un 90 por ciento y el área crítica en un 100 por ciento. Además, agregan que dicho nosocomio aún mantiene déficit de personal especializado para cumplir con los estándares de atención. Mientras que, el personal asignado para el área COVID-19, se encuentra contratado hasta el mes de diciembre, lo que constituye un riesgo, debido a los posibles rebrotes de la enfermedad.

La emergencia sanitaria ha derivado en que los protocolos de atención a pacientes con enfermedades crónicas deban actualizarse, incluyendo en este momento la realización de pruebas diagnósticas de COVID-19, pese a que el hospital no las provee, situación que a decir de la PDH ha golpeado a los pacientes que por la naturaleza de su enfermedad deben recibir atención en forma ambulatoria, como el caso de los pacientes crónicos.

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ESTO RESPONDIÓ SALUD

Se consultó al ministerio de Salud Pública y Asistencia Social si se pronunciarán ante las recomendaciones y hallazgos de la PDH, así como el recorte presupuestario que mencionan, a lo que respondieron que, se hizo un análisis y derivado de la baja ejecución de presupuesto en algunas unidades ejecutoras se realizó un reordenamiento de este.

«Los recursos están en la administración central, y el presupuesto se está utilizando precisamente para compras centralizadas de pruebas COVID, equipo hospitalario, entre otros insumos. Las unidades ejecutoras se verán beneficiadas por estas compras centralizadas», agregaron.

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