POR MARGARITA GIRÓN
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La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), se pronunció por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que dicho organismo otorgó un amparo provisional a Jordán Rodas, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Acción Ciudadana (AC) y Hellen Mack, con lo que dejó en suspenso la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de darle trámite a una solicitud de retiro de antejuicio en contra de cuatro de sus integrantes.
La CIG argumenta que, en respeto a los principios de la ética y con estricto cumplimiento de la ley, los magistrados denunciados no deben conocer un caso que se ha instaurado en su contra.
En el pronunciamiento manifiestan que no se puede dejar a Guatemala en manos de magistrados que violan las leyes.
La CIG emite un nuevo comunicado por el tema de la resolución de la CC sobre antejuicio de Magistrados. pic.twitter.com/tsNphhCHUY
— Diario La Hora (@lahoragt) June 28, 2020
“Rechazamos las acciones que atenten contra los mecanismos de control jurídico que establece la Constitución de la República, obstaculizando y poniendo en riesgo la estabilidad del Estado de derecho en el país”.
Además, señalan que en Guatemala, la Ley establece claramente que todos los funcionarios públicos son responsables de sus resoluciones, se encuentran sujetos a la ley, no son superiores a ellas y pueden ser sometidos a los tribunales.
Asimismo, precisan que, el fallo que los mismos magistrados se otorgaron, es una muestra del “abuso de poder”, ya que la misma Ley de Amparo, indica en su Artículo 69 que, lo único que procede es la aclaración o ampliación, pero en ningún momento un auto amparo.
“Dicho amparo pone en evidencia acciones ilegales como incumplimiento del principio de imparcialidad, violación de la Constitución Política de la República en su Artículo 165, inciso h, relativo a la separación de poderes”.
En tal sentido, agregan que, exigen a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, una inmediata acción para mantener sus fallos y actuaciones dentro del marco de un Estado de Derecho, con un estricto cumplimiento técnico jurídico, con imparcialidad y alejado de sesgos ideológicos y políticos.
*Esta nota fue actualizada a las 10:55 horas para consignar nuevo comunicado de la CIG
