Por Margarita Girón
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Autoridades de Salud informaron que hoy se firmará un Acuerdo Ministerial en el cual se autoriza a cuatro hospitales privados, así como algunos de la cadena de salud pública, incluyendo del interior del país, para realizar pruebas de COVID-19, función que estaba asignada únicamente al ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
De acuerdo con la información del MSPAS, los centros de atención médica privada como el Hospital Herrera Llerandi, Centro Médico, Hospital El Pilar y Hospital Universitario Esperanza, estarán autorizados para realizar la prueba de coronavirus de forma gratuita privado y por parte del sector público se dio a conocer que de momento se cuenta con el Hospital Roosevelt y San Juan de Dios en la Ciudad Capital, además de hospitales en el interior de la República que se darán a conocer al ratificar el acuerdo.
En ese sentido, representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), calificaron la decisión como algo positivo y necesario, sobre todo ahora que se ha confirmado el primer caso comunitario de COVID-19 en el país.
PDH: PERMITIRÁ TENER IDEA DE CÓMO ESTÁ EL PAÍS CON RELACIÓN AL VIRUS
El PDH, Jordán Rodas, dijo que es importante que el Gobierno escuche las recomendaciones y acciones legales que se han planteado en el sentido de descentralizar y masificar las pruebas de COVID-19.
“No solo lo he hecho yo, también la Universidad de San Carlos de Guatemala y otros sectores han apostado a masificar las pruebas con control del ministerio de Salud”, explicó Rodas.
Además, señaló que no es recomendable hacer las pruebas a “cuenta gotas” y añadió que tener más pruebas realizadas, permitirá tener una idea real de cómo está el país con relación al virus, sobre todo después de conocer el primer caso comunitario en el país.
El Procurador presentó el 24 de marzo, una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para ampliar la facultad del Ministerio de Salud para hacer las pruebas de coronavirus, sin embargo, el mismo fue remitido y denegado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que ahora será la alta corte quien otorgue o deniegue la resolución apelada por el magistrado de Conciencia.
CIG: MÁS PRUEBAS PERMITIRÁN TENER DATOS MÁS CERTEROS Y TOMAR MEDIDAS
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), dijo que la medida implementada por el Gobierno es importante, ya que a medida que se tengan más pruebas se tendrán datos más certeros sobre la propagación del virus en el país para tomar medidas de contingencia lo más pronto posible.
“Es una buena medida, precisamente en este momento la mayor cantidad de pruebas para ir identificando específicamente, los lugares que pueden haber de mayor nivel de contaminación, sobre todo después que ya se presentó el primer caso comunitario”, puntualizó Zepeda.
Además, agregó que, aunque el país se encuentra en fase de contención, ahora es el momento en el que más pruebas deben hacerse para tener una mayor claridad sobre cuántos casos existen y confirmar la información que a decir de Zepeda, ha manejado de forma adecuada el Gobierno.
ASIES: DISPONIBILIDAD DE PRUEBAS PODRÁ MITIGAR PROPAGACIÓN
Pablo Hurtado, de Asies, calificó la decisión de las autoridades, como algo positivo, pues se había planteado anteriormente por diversos sectores como una necesidad y ahora que se conoció de manera oficial que existe ya el primer caso comunitario, será importante la descentralización de las pruebas para poder mitigar y poder mantener el control de propagación de la enfermedad.
“Es adecuado ir focalizando las pruebas en los sectores en donde se han encontrado los contagios y que sea allí hacia donde se ponga la atención del caso y que estén disponibles en donde se han encontrado casos”, añadió Hurtado.
Además, consideró que la masificación de las pruebas podrá realizarse en función de los brotes que se vayan encontrando para no realizar pruebas de forma indiscriminada.
“No se pueden realizar pruebas indiscriminadamente, porque bien lo han dicho las autoridades de salud, no es suficiente una prueba para ser concluyente con un paciente y sería imposible pretender que se realicen pruebas de forma indiscriminada a toda la población”, agregó Hurtado.
Las autoridades confirmaron ayer que el país cuenta con 44 mil pruebas de COVID-19, según indicaron, unas ya están en el país y otras vienen en camino.
Además, FUNDESA realizó la donación de 6 mil 43 pruebas, de las cuales el 90 por ciento será para el Ministerio de Salud Pública y un 10 para el IGSS, según detallaron.
De acuerdo con la información del Ministerio de Salud, al momento se reportan 70 casos de COVID-19 en el país, de los cuales se confirmó ayer el primer caso de contagio comunitario en el municipio de Patzún, Chimaltenango.
