Por Margarita Girón
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Después de hacer pública su renuncia al cargo ejercido por más de once años en el Ministerio Público (MP), Andrei Vladimir González Arteaga, quien ejercía el cargo de fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, (FECI), señaló a la Fiscal General, María Consuelo Porras de proteger a la excandidata presidencial Sandra Torres, al diputado al Congreso de la República Orlando Joaquín Blanco y de tratar de anular el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Según un comunicado emitido por González, tuvo la oportunidad de trabajar bajo la administración de José Amílcar Velásquez, Conrado Arnulfo Reyes, Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana y la actual fiscal María Consuelo Porras; sin embargo, señala que durante su gestión Porras ha posicionado al MP en la atmósfera de regresión implantada desde la administración gubernamental.
“El revanchismo evidente en las actuaciones de la Fiscal General, han tenido como principal foco de atención, la obstaculización del trabajo que en buena lid desarrolló la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”, asevera González en el pronunciamiento.
Además, asegura que la pasividad cómplice de la administración de Porras, dejó que se perdiera el trabajo de la institución que debió ser su principal socio y aliado, “estuvo en sus manos luchar en la esfera jurídica para la permanencia de la CICIG en Guatemala”, señala.
Asimismo, agrega que estando dentro de la FECI, pudo percibir la complicidad con los grupos de poder que fueron detectados por el trabajo conjunto MP-CICIG, así como la serie de obstáculos impuestos no solo al jefe de la fiscalía, sino a todo el personal que actualmente es víctima de criminalización, sin que Porras haya tomado medidas en favor de su propio personal.
“Lejos del esperado respaldo al trabajo del personal de la fiscalía, la actitud de la administración ha sido tratar de anular el trabajo, comentarios irrespetuosos a la labor de los fiscales, pareciendo réplica de los call center y bots adversarios del trabajo de la CICIG”, puntualiza González.
De acuerdo con González, se han girado instrucciones “irracionales”, como el hecho de que incluso para requerir unidades policiales, debe existir firma de Porras, acción que a decir de González es contraproducente para quienes conocen lo que implican las operaciones que requieren intervención inmediata.
“El freno al impulso anticorrupción, ha derivado de motivaciones complacientes con los sectores de poder, sobreponiendo la cómoda posición de navegar a donde lleve el viento, por sobre lo que debió ser la mejoría en el horizonte institucional”, enfatiza el comunicado.
González también afirma que la institución se convirtió en parte de la ola de tiempos regresivos, de plegamiento a intereses sectarios, de protección a grupos tradicionales que han impuesto las reglas de la República, a costa del sacrificio de los más elementales principios de la democracia.
“Me veo obligado a denunciar la protección ilegal de la actual fiscal a la excandidata presidencial Sandra Torres y al diputado al Congreso de la República Orlando Joaquín Blanco, situación que documenté ampliamente, así como la intención de responsabilizar a la administración anterior del MP por la lentitud en la judicialización de la causa iniciada en contra de estas personas”, manifiesta González.
Asimismo, asegura que por su propia seguridad y la de su familia, tuvo que imponerse un “inmerecido exilio”.
El exfiscal finaliza el pronunciamiento, agradeciendo el trabajo de la Comisión y al grupo de fiscales de la FECI, quienes según González, aún en la adversidad, desarrollan un ejemplar trabajo.
“Pueblo de Guatemala, es momento de despertar, no podemos permitir que un pequeño grupo condicione nuestros sueños de un gran país”, se lee al pie del comunicado.
