Este sábado 6 de agosto se cumplieron 163 días desde que la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), con sede en Quetzaltenango, Virginia Laparra, fue enviada a prisión preventiva. La exfiscal fue detenida el 23 de febrero y permanece en la cárcel Mariscal Zavala junto con más de 200 detenidos de alto perfil.
Laparra fue señalada por el Ministerio Público (MP) de interponer múltiples denuncias atribuyéndose carácter oficial ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales en contra del entonces juez Lesther Castellanos, quien en marzo fue nombrado por el oficialismo relator titular de la Oficina de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes. Estas denuncias contra Lesther Castellanos datan de 2019.
Baldizón, de culpable de lavado en EE. UU., a ser querellante en caso Odebrecht👉 [https://t.co/tA4xWLxhGQ] pic.twitter.com/yCGTUbAxSq
— Diario La Hora (@lahoragt) August 6, 2022
CONFIRMA A FCT COMO QUERELLANTE
En una audiencia el viernes 5 de agosto, el juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Sergio Mena decidió que Omar Barrios y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) continúen como querellantes adhesivos en el caso Laparra.
La decisión la tomó el juzgador luego que la Sala Tercera de Apelaciones le ordenara fundamentar su resolución en la cual los aceptó. Argumentó que fue con base al artículo 17 del Código Procesal Penal que afirma que cualquier persona o ciudadano puede querellarse en casos de violaciones de derechos humanos y administración de la justicia.
Las abogadas de la exfiscal afirman que ambos no deberían ser querellantes porque no hay agravio alguno. Además, que no se analizó la escritura constitutiva de la FCT donde se establece que ellos no tienen esa capacidad. Al remitir lo solicitado, corresponde a la Sala resolver sobre la petición de la defensa de Laparra en cuanto a retirar a los querellantes.
Asimismo, las abogadas de Laparra indicaron que su defendida lleva seis meses esperando el juicio.
La abogada de Laparra resaltó que su defendida lleva seis meses en espera para llegar a juicio, lo que le limita su libertad. Detalles aquí
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