534 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2021, según los datos del Observatorio de Mujeres del Ministerio Público (MP). Pese a que las cifras aumentan año con año, la garantía de justicia para las mujeres es cada vez más lejana, con casos que se estancan y la manipulación espuria de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer.
CASOS EN LA IMPUNIDAD
Según el portal estadístico, diariamente se emiten dos denuncias por femicidio y muerte violenta ante el MP. El año pasado 534 mujeres denunciaron fueron víctimas de este delito; por lo cual en 2021 fueron condenados 328 agresores, aunque la mayoría corresponde a casos de años anteriores.
Ese mismo año 289 agresores de los 534 denunciados fueron enviados a prisión preventiva, lo cual para distintas organizaciones de mujeres se traduce en que un 46% de los responsables “continúa libre”. En total, desde el año 2000, el Grupo Guatemalteco de Mujeres ha contabilizado más de 12 mil 889 muertes violentas de mujeres y estima la impunidad en un 97% de los casos.
Sumado a lo anterior, Mujeres Transformando el Mundo, Fundación Sobrevivientes, Alas Mariposa, entre otras organizaciones refirieron que existe una sobrecarga de trabajo para las fiscalías y los órganos de justicia que atienden estos casos.
A lo anterior agregan un “uso de estrategias maliciosas por parte de la defensa”, situación que se traduce en la demora por más de cinco años de los casos, al igual que “una carencia de la supervisión del rendimiento de los órganos de justicia especializada”.
VIOLENCIA TRADUCIDA EN OTRAS FORMAS
La violencia contra la mujer presenta distintas manifestaciones y es ejercida, del mismo modo, contra mujeres de distintos perfiles.
En 2021 los casos de violencia contra la mujer sumaron 66,908, siendo en la mayoría de los casos violencia psicológica con 30,294 víctimas, seguido de violencia física con 19,353 víctimas y violencia económica con 1,203 víctimas.
Para estos delitos, las estadísticas diarias son alarmantes: 157 denuncias diarias. Solo en 2021 fueron condenados 1,631 agresores, aunque la condena promedio es de tan solo cinco años.
Por otro lado, es inevitable mencionar que la violencia contra las mujeres y la violencia femicida es ejercida contra distintos perfiles. Por ejemplo, en 2021 la Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS-RN) sistematizó a través del Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe ocho transfemicidios: 4 con arma de fuego y 4 con arma blanca.
UN LLAMADO PERMANENTE A LA JUSTICIA
En criterio de organizaciones de mujeres, la pandemia del COVID-19 ha agravado la situación de las mujeres; sin embargo, la cifra de femicidios y muertes violentas supera las centenas desde 2019. Incluso hasta hoy en día existen casos emblemáticos que mujeres recuerdan para reivindicar la memoria de las mujeres y niñas cuya muerte continúa impune.
“El retardo en el acceso de la justicia no solo viola este derecho para las familias de las víctimas, sino que también prolonga el duelo y el riesgo que deben enfrentar por amenazas durante la búsqueda de justicia”, destacaron las organizaciones de mujeres.
LA MANIPULACIÓN DE LA LEY CONTRA EL FEMICIDIO
Por encima de las dificultades que las mujeres enfrentan para obtener justicia, existen casos donde la ley es desvirtuada con fines políticos. Entre los casos referenciales destacan los intentos de Roxana Baldetti, Sandra Jovel, Sandra Torres y Alejandra Carrillo por ampararse bajo esta ley para protegerse de la justicia y críticas.
En el caso más reciente, Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Víctima, recurrió a la Ley Contra el Femicidio en respuesta a investigaciones de La Hora sobre su gestión. La institución donde labora es señalada de otorgar plazas fantasmas bajo la dirección de Carrillo, pese a ello, en diciembre del 2021 los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de la Rama de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer ordenaron Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio decretar medidas de seguridad a favor de Alejandra Carrillo.
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— Diario La Hora (@lahoragt) February 4, 2022
LO QUE SE SOLICITA AL ESTADO
En este contexto, las organizaciones de mujeres demandaron al Estado de Guatemala en principio la protección de la vida e integridad de las mujeres y mujeres trans guatemaltecas, mediante una visibilizarían y creación de una agenda.
Urgieron, además, al sistema de justicia velar por los principios de celeridad y respeto al debido proceso en los casos de Femicidio, además de implementar la Política de Reparación Digna y Transformadora del Organismo Judicial.
Por último, solicitaron la elección de un o una Fiscal General “eficiente, coherente, que actúe conforme el Estado de Derecho y que muestre un compromiso con el acceso a la justicia para las mujeres”.
