Para las 16:00 horas de este martes se tiene previsto el primer debate del dictamen del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2022. Y aunque el proceso fue acordado en tres días, el Pacto Oficialista podría buscar su aprobación de urgencia nacional, es decir, en una sola lectura.
En este contexto, Ricardo Barrientos, especialista en política fiscal, en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó a través de una columna de opinión en “Plaza Pública”, algunas inconsistencias en el dictamen presupuestario y cómo estas son parte de una dinámica de retroceso para el país.
En su análisis, Barrientos plantea que, al igual que el anterior, el presupuesto para el año fiscal 2022 contempla anomalías que lejos de contribuir al desarrollo social, educativo y económico, alimentan la corrupción e intereses particulares de políticos.
Por otro lado, Barrientos enfatizó que varios rubros del presupuesto fueron planteados como proyectos sociales beneficiosos; no obstante, al observar su trasfondo puede notarse una relación de intereses para ciertas esferas del país o ideas que en su ejecución son contraproducentes.
LA ESTAFA DE LA INFRAESTRUCTURA
Cada año el proyecto presupuestario incluye mociones de inversión pública, expuestas, según Barrientos como “obras necesarias de beneficio social” o “trabajos de construcción de ciertos hospitales”. El experto describió que en la realidad estos proyectos de infraestructura son sobrevaluados, carentes del respaldo técnico y/o procesos participativos legítimos. “Los mecanismos son los mismos de siempre”, sentenció.
En su pieza refirió que varios proyectos de infraestructura planteados en presupuestos anteriores han sido sujetos a investigaciones por corrupción, como el emblemático de la “megaobra” del expresidente Jimmy Morales: el Libramiento de Chimaltenango. En este panorama la corrupción es presentada al adjudicar proyectos a empresas no idóneas y al comprar materiales de baja calidad.
“Como ha ocurrido en los últimos años, estos recursos se perderán en la adquisición pública de materiales de construcción sobrevaluados o nunca entregados, comprados a proveedores vinculados con diputados distritales, alcaldes y gobernadores”, resumió.
LA PERSISTENCIA DE UN SEGURO MÉDICO POCO FUNCIONAL
Seguidamente, Barrientos destacó que el presupuesto del próximo año contiene nuevamente el seguro médico escolar privado del Ministerio de Educación (Mineduc), el cual describió también como “una fachada de supuesto beneficio social” que en realidad es un negocio para las aseguradoras.
Además de ser un proceso anómalo, Barrientos comentó que el sistema de cobertura del seguro es deficiente, oneroso y discriminatorio. “Por culpa de los más de 300 millones de quetzales que en 2022 se le asignarán a este seguro privado, el Ministerio de Educación dejará de entregar al estudiantado 10,875,986 cuadernos de trabajo y libros de texto”, ejemplificó en su columna.
Aunado a lo anterior, expuso que el dictamen del presupuesto es uno de los más perjudiciales para la niñez y adolescencia en Guatemala.
EL DEBATE DE LAS ONG
Otro punto desarrollado por el experto fue la deficiente labor de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso en procurar la fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país. En este caso, Barrientos sostuvo que la propuesta del Ejecutivo fue incluso empeorada por la comisión legislativa.
“Por ejemplo, en vez de suprimir aportes directos a ONG anómalas y vinculadas con diputados y otros sectores ilegítimos, la CFPM –Comisión de Finanzas– agregó muchos más con asignaciones directas millonarias y difíciles de fiscalizar”, analizó.
Con base en lo anterior, el exfuncionario concluyó que la fiscalización de las ONG por parte del Gobierno no está dirigida hacia las entidades espurias, sino a
las organizaciones legítimas con una agenda anticorrupción, a favor de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.
Asimismo, indicó que las verdaderas organizaciones corruptas funcionan como “herramientas para la corrupción, el abuso, el robo y la malversación de fondos públicos”.
NO SE CONTEMPLA EL SERVICIO EFECTIVO DE LA DEUDA PÚBLICA
Por último, Ricardo Barrientos detalló que en el 2022 probablemente se mantenga una deuda pública considerable para Guatemala. Él formuló que, a pesar que el presidente supuestamente no gestionará más préstamos el próximo año, la corrupción, desfalcos y abusos se financiarán con la deuda pública.
“Lo que no dice Giammattei es que, si bien no gestionaron préstamos, el presupuesto para 2022 incluye un monto inmenso de deuda pública en la forma de Bonos del Tesoro, tanto los colocados en 2021 (recursos de caja) como los que se colocarán en 2022, que, comparados con los préstamos, resultan un endeudamiento público mucho más caro y opaco que los préstamos”, puntualizó.
SOBRE EL PRESUPUESTO
El dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República presentará un proyecto por Q105.939 millardos, de los cuales, Q15.312 millardos serán destinados al servicio de la deuda pública.
“Así, a ver si a Giammattei y a su gente les damos el gusto de que se despachen robando con este presupuesto siendo una ciudadanía callada, apática y timorata. ¿Será que ya nos da lo mismo tener a un presidente que lidera una pandilla de corruptos y ladrones?”, reflexionó el profesional al final del texto.
