Esta mañana el diputado Aldo Dávila junto con otros actores de la sociedad civil informaron que solicitarán ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) el otorgamiento de medidas cautelares a favor de las comunidades en El Estor, periodistas y defensores en el área.
Según lo expresado por los activistas en la conferencia, al no contar con órganos efectivos en Guatemala se han visto obligados a solicitar el auxilio internacional. Una de las representantes describió que en Guatemala no existe un sistema de justicia y seguridad que abogue por la población y actúe con agilidad.
Del mismo modo, expresaron particular preocupación por la represión vivida en El Estor como consecuencia de los conflictos entre los pobladores y la ejecución del proyecto Fénix. Según una de las representantes, la dinámica ejercida por las fuerzas de seguridad se asemeja a acciones durante el Conflicto Armado Interno.
"La minera está operando de manera ilegal, fue cerrada por una sentencia de la CC; a pesar de ello vemos como los camiones son custodiados por la Policía Nacional Civil. La gente en El Estor está en peligro de perder su vida", señala el diputado Aldo Dávila. pic.twitter.com/v4L7ejj6IV
— Diario La Hora (@lahoragt) October 29, 2021
“Estamos en la fase más fuerte de retraer un Estado donde el autoritarismo puede venir a definir muchas situaciones; nos preocupa sumamente que podamos regresar a la época del Conflicto Armado en donde desaparecían a la gente y no vemos otra medida”, agregaron.
REITERAN ANOMALÍAS EN EL PROYECTO FÉNIX
Por otro lado, los solicitantes remarcaron que parte de las disputas provienen de la mala ejecución del proceso de preconsulta con las comunidades q’eqchi’ en El Estor. El grupo destacó que Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha segregado los grupos de influencia aledaños al proyecto, pero, realmente no conocen cómo se determinaron estas áreas; además, puntualizaron que la influencia de este tipo de proyectos va más allá de un área física, pues abarca aspectos culturales y sociales.
Paralelamente señalan que la minera ha operado ilegalmente en el área.
“La minera está operando de manera ilegal, fue cerrada por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad; a pesar de ello vemos como los camiones son custodiados por la Policía Nacional Civil. La gente en El Estor está en peligro de perder su vida”, sostuvo Dávila.
