En seguimiento a la solicitud del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas, hoy se celebró una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para atender las diferencias entre actores de justicia independientes y el Estado de Guatemala. En la sesión los solicitantes de medidas cautelares expusieron la criminalización del Estado hacia ellos, mientras que la delegación estatal opinó lo contrario.
CIDH RESALTA LA NOTORIA DISCREPANCIA
La audiencia titulada “GU: Situación de derechos humanos de operadores de justicia e independencia judicial en Guatemala” fue realizada con el fin de crear un diálogo entre ambas partes y conocer el contexto actual del otorgamiento de medidas cautelares a jueces independientes.
Por un lado, el PDH Jordán Rodas, el defensor de derechos humanos, Jorge Santos, el exfiscal Juan Francisco Sandoval, la jueza Erika Aifán y la exfiscal general Claudia Paz y Paz abogaron por los actores de justicia independientes; por el otro, representantes del Ejecutivo y la Procuraduría General de la Nación (PGN) conformaron la delegación en defensa del Estado de Guatemala.
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Porras: sanción es del DoS no del Gobierno de EE. UU. ?? [https://t.co/vyS5UWBMGC] pic.twitter.com/DEFJWIz4sG— Diario La Hora (@lahoragt) October 28, 2021
Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada de la CIDH comentó que es demasiado evidente el conflicto entre ambas partes. “El Estado ha señalado que hay una efectividad en las medidas cautelares; las partes peticionarias de esta audiencia nos han dicho exactamente lo contrario”, expuso.
Tritiño puntualizó que ha evaluado la situación de Guatemala tomando en cuenta las 51 solicitudes de antejuicio para retirar la inmunidad a actores de justicia. “El solo hecho de presentar tal cantidad de peticiones nos indica una situación de conflicto”, dictó.
Para el comisionado Joel Hernández también es preocupante la existencia de una solicitud de antejuicio por el trabajo del procurador Jordán Rodas. “Esas son algunas de las claves que preocupan a la comisión”, describió. Del mismo modo, Hernández consideró poco usual que existan tantos recursos contra actores de este tipo, al igual que el reporte de diez de ellos en el exilio, entre estos jueces y magistrados.
“Es inusitado que exista un alto número de antejuicios; también resulta inusitado que un funcionario judicial, un operador de justicia tenga que estar litigando en su defensa, en contra de acusaciones que son hechas en función de sus opiniones que realizan en su trabajo”, declaró el comisionado Hernández.
ESTADO DE GT ASEGURA CUMPLIR CON LA PROTECCIÓN
Durante su ponencia, la delegación del Estado de Guatemala sostuvo que se han respetado las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a los cuatro jueces de Mayor Riesgo Pablo Xitumul, Yassmin Barrios, Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez.
Los representantes ante la comisión fueron funcionarios del Ministerio de Gobernación (Mingob), Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Procurador General de la Nación (PGN) y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH).
Según la delegación, algunas formas en las que se ha gestionado la protección a los jueces han sido los análisis de riesgo de la División de Protección a Personas de la Policía Nacional Civil (PNC) y sus recomendaciones de seguridad personalizada, designando agentes específicos para su protección.
En esta línea aseguraron la asignación de 175 elementos policiales para la protección de operadores de justicia, 103 de estos a magistrados y jueces del Organismo judicial (OJ) y 63 a fiscales del Ministerio Público (MP).
Por otro lado, la jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, expresa su preocupación por los jueces Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios, quienes cuentan con medidas cautelares de la CIDH. pic.twitter.com/LC8Ha57iog
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SOLICITANTES NIEGAN LA GARANTÍA DE MEDIDAS CAUTELARES
Mientras el Estado aseguraba la protección a actores de justicia independientes, la jueza Erika Aifán señaló que en los últimos años ella y los otros jueces de Mayor Riesgo han sido víctimas de ataques en contra de su labor e individualidad.
“Recibimos constantes amenazas contra nuestra vida e integridad física y de nuestras familias; mensajes de odio y hostigamiento; somos sujetos de vigilancia y seguimiento por vehículos sin placas; atacan nuestra condición de juezas y de mujeres, además nos vemos sometidos a procesos de criminalización”, detalló la jueza Erika Aifán.
Sumado a lo anterior, describió que entre las formas de hostigamiento está la infiltración de personas en sus juzgados, quienes “vigilan, espían y sustraen actuaciones y expedientes”; además del acoso en redes sociales por parte de netcenters.
Por último, puntualizó que una de las estrategias más comunes han sido las denuncias y antejuicios en contra de los jueces. Los cuatro jueces de Mayor Riesgo han solicitado al Ministerio Público la desestimación de las denuncias infundadas en su contra, pero, a más de tres meses de la solicitud, indica que continúan sin recibir una respuesta.
Las denuncias, según Aifán, superan las 40, y algunas datan del 2012. La jueza describió esta dinámica como un ciclo sin fin, “en el que, finalizada una denuncia, se inician otras más con apariencia de legalidad”.
ACTORES SE VEN OBLIGADOS A EXILIAR DE GUATEMALA
Otro de los hechos distinguidos por la CIDH fue el exilio de al menos diez actores de justicia de Guatemala, entre estos 8 (ex)fiscales y 2 (ex)magistradas. Este tema fue abordado por el extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval quien, desde su experiencia personal relató las razones por las cuales han decidido retirarse del país.
Además, Juan Francisco Sandoval describe que los casos de investigación al Presidente y/o allegados a la FG muchas veces eran trasladados de la FECI hacia otras fiscalías. pic.twitter.com/XNIzN6Oukt
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Personalmente, Juan Francisco Sandoval indicó que fue destituido del MP como una represalia, forzándolo al exilio en virtud de no tener ninguna garantía para ejercer su derecho de defensa. “En el caso de mis denuncias, la mayoría de los casos no figuran en el sistema de control de casos del Ministerio Público y en reiteradas ocasiones se me impide el acceso a los mismos”, agregó.
Sujeto a lo anterior, existe la contribución del Ministerio Público al supuestamente manipular los casos llevados en la institución. El exfiscal aseguró documentar al menos 24 ocasiones en las que la Fiscal General, María Consuelo Porras, buscaba agilizar alguna investigación para procesar a sus “adversarios” y, por el contrario, detener investigaciones que se vincularan con los organismos del Estado.
Agrega que además de las denuncias, los procesos de detención se agilizan para actores de justicia independientes, como la orden de captura casi inmediata a su salida de la FECI. “En el caso de mis denuncias, la mayoría de los casos no figuran en el sistema de control de casos del Ministerio Público y en reiteradas ocasiones se me impide el acceso a los mismos”, remarcó el exfiscal Sandoval.
SOLICITAN A LA CIDH REALIZAR UN LLAMADO AL ESTADO
Entre otras situaciones expuestas, el magistrado de conciencia Jordán Rodas recordó que Guatemala atraviesa un periodo de incertidumbre judicial, sin la renovación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Apelaciones desde 2019, “por lo cual se debilita el sistema de justicia en general”.
Además, Jorge Santos, coordinador general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua) puntualizó que las violaciones a defensoras y defensores de derechos humanos es cada vez más visible. En lo que va del 2021 reporta 755 casos de agresiones, de las cuales, 189 fueron hacia actores de justicia.
En seguimiento a estas descripciones, la exfiscal general Claudia Paz y Paz solicitó a la CIDH la inclusión de Guatemala en el capítulo cuarto de su informe anual y requerir al Estado la garantía de la seguridad e integridad de todas las personas participantes en esta audiencia.
Pidió además realizar un llamado individual al MP a cesar la criminalización, incluyendo a quienes están en el exilio, asegurando una revisión imparcial y desestimando todos los procesos infundados, así como dejar de instrumentalizar la justicia; al Congreso de la República solicitan agilizar la elección de cortes y otorgar el presupuesto adecuado a la PDH.
