Los dos años de gobierno del presidente Alejandro Giammattei han trascendido de una promesa de mejoramiento del país hasta comportamientos que asemejan cada vez más a una Guatemala en anarquía. Factores tanto coyunturales como sistemáticos han contribuido a la consolidación de una crisis política y social durante los últimos dos años. Sumado a lo anterior, la población se encuentra vulnerable ante el aumento de violencia y crímenes de los últimos meses.
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La anarquía poco a poco se apodera de la sociedad en Guatemala ?? [https://t.co/2e7KVGcQP5] pic.twitter.com/LtXDXUPss0— Diario La Hora (@lahoragt) October 21, 2021
VIOLENCIA ACRECIENTA EN MEDIO DE LA CRISIS POLÍTICA
Además de la crisis política del país, recientemente ha resaltado un aumento de hechos delictivos contra la vida de la población. Solo en septiembre el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó 856 necropsias, de las cuales el 43% corresponden a causas de muertes asociadas con hechos criminales.
Según los datos oficiales, 368 necropsias fueron realizadas como parte de investigaciones por hechos criminales. El patrón refleja que la mayoría de las causas de muerte en ese mes fueron por heridas de arma blanca, proyectil de arma de fuego y asfixia por suspensión. Los datos consignan que en septiembre 219 personas fallecieron por heridas de proyectil de arma de fuego; 37 fallecieron por alguna herida de arma blanca; y 50 murieron asfixiadas por suspensión.
Pese a que el 18 de octubre el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, indicó que ante la violencia denunciada en redes sociales por ciudadanos se realizarían acciones pertinentes, estos últimos días continúan los reportes de delitos y violencia en el país.
Entre las acciones de apoyo a la Policía, Reyes destacó el despliegue de motocicletas en las zonas con más frecuencia criminal y la destitución de 45 agentes vinculados a 18 expedientes relacionados a violencia sexual, allanamientos ilegales, soborno a civiles y robo de bienes.
Este 21 de octubre la PNC ha reportado la captura de cinco presuntos extorsionistas, dos agentes presuntamente responsables de conspirar para cometer robo agravado. Preliminarmente también se comunicó tres capturas relacionadas a los delitos de asesinato, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, asociación ilícita y hurto agravado.
Es decir, que al punto de las 9:30 horas de este jueves se capturó a 10 personas implicadas en distintos delitos. Además, durante las últimas 24 horas la Policía capturó 47 personas a nivel nacional y 8 armas fueron incautadas.
LA TOMA VIOLENTA DEL CONGRESO
Este martes 19 de octubre veteranos militares protestaron desde tempranas horas a las afueras del Congreso de la República como petición un resarcimiento de Q120,000 por sus servicios durante el Conflicto Armado Interno (1960-1996). La protesta se desarrolló pacíficamente hasta que, al caer la tarde, los manifestantes ingresaron a la sede del Congreso por medio de violencia a personas y daños al inmueble.
Los manifestantes destrozaron las instalaciones del Congreso durante 40 minutos mientras más de cien trabajadores permanecían dentro; en tanto la Policía Nacional Civil (PNC), y el Ministerio de Gobernación (Mingob) aún no habían accionado para cesar el conflicto.
Incluso se pudo observar a un veterano militar, como lo captó el reportero gráfico de La Hora José Orozco, con un escudo antimotines de la PNC, desafiando a las autoridades.
Por otro lado, en un comunicado el Gobierno distinguió que algunos de los manifestantes eran jóvenes, perfil que aseguraron no corresponde al de un veterano militar durante el Conflicto Armado Interno. “Podría dar indicios de la presencia de actores e intereses externos”, sugirió.
EL DECLIVE DE LA CREDIBILIDAD EN EL MP
Además de la violencia coyuntural, Guatemala atraviesa un periodo de poca credibilidad en sus órganos más importantes, uno de ellos es el Ministerio Público (MP). La jefatura del Ministerio Público fue puesta a disposición de María Consuelo Porras Argueta, quien a su vez ha sido sujeta a críticas por parte de la ciudadanía, organizaciones nacionales e internacionales.
Entre los mayores escándalos que envuelven la administración de Porras están las continuas destituciones o movimientos de los fiscales en el MP. El 23 de julio fue conocida la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); pero, además de este se han efectuado otros cambios en la estructura de la fiscalía general, uno de los más recientes es el traslado de la fiscal Hilda Pineda de la Fiscalía de Derechos Humanos hacia la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros.
Sumado a lo anterior, Porras Argueta enfrenta señalamientos de la población que destacan una supuesta complacencia a actores específicos, incluyendo al propio Presidente de la República.
Como consecuencia de estos eventos el gobierno de Estados Unidos anunció la paralización temporal de su cooperación con el MP. El Departamento de Estado de EE. UU. había reconocido a Sandoval como “campeón anticorrupción” y enmarcó su remoción como un factor que “indica la ausencia de compromiso con el imperio de la ley y la independencia judicial en Guatemala”.
Por último, incluyó a Consuelo Porras y su secretario general, Ángel Pineda en la Lista Engel de actores corruptos.
DOS AÑOS SIN RENOVAR CORTES
Más allá de los hechos acaecidos durante el gobierno de Alejandro Giammattei, Guatemala mantiene un panorama incierto en su sistema judicial. El 13 de octubre de 2021 se cumplió dos años sin renovar 251 magistraturas en el Organismo Judicial (OJ), incluyendo 26 magistraturas titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 225 de salas de la Corte de Apelaciones.
Un día después -14 de octubre de 2021- se informó, a través de un comunicado, la continuidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en sus cargos. Los magistrados actuales de la CSJ y Apelaciones debieron terminar sus funciones en 2019 y los nuevos magistrados tomar los puestos el 13 de octubre de ese mismo año para ejercer un periodo de cinco años.
Debido a una serie de ilegalidades, amparos, resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), y retrasos en la elección desde el Congreso de la República, los 251 magistrados y magistradas han prolongado sus funciones desde el 2014.
El más notable es el caso Comisiones Paralelas 2020, en el cual la FECI señala a Gustavo Alejos, comisionados, diputados y magistrados, entre otros de intentar manipular la elección de los magistrados.
MONUMENTOS
El pasado 12 de octubre, durante una protesta realizada por el Día de la Hispanidad, un grupo de manifestantes intentó derribar el monumento a Cristóbal Colón, así como el del presidente, José María Reina Barrios, a este último le arrancaron la cabeza, la cual pintaron con rayas rojas.
Por este suceso, la Policía Nacional Civil capturó a Rudy Amílcar López Pablo y el pasado viernes un Juzgado de Turno decretó falta de mérito a su favor, sin embargo, fue capturado al salir de Torre de Tribunales por una orden emitida por otro Juzgado.
El lunes fue ligado a proceso por el delito de depredación de bienes culturales y el juzgado le otorgó arresto domiciliar en la sede del Comité de Unidad Campesina (CUC), así como la obligación de acudir al MP cada viernes a registrar su huella dactilar y una caución económica de Q2,500.
ENFRENTAMIENTOS CIUDADANOS-AUTORIDAD
Dos días después, se viralizó un video en el que un vendedor de huevos golpea a un agente de la Policía Municipal de Tránsito en zona 13, después que este intentará colocarle un cepo por estacionarse en línea roja. El conductor identificado como Víctor Manuel Salas Pérez fue detenido y el PMT Alan Estefan Alfaro tuvo que ser internado en un hospital.
Salas fue procesado por el delito de atentado. El juez de Turno le otorgó medidas sustitutivas, las cuales consisten en una caución económica de Q500 y arresto domiciliario. Ayer en una entrevista al medio Soy502, expresó que si tuviera la oportunidad le pediría disculpas al agente de tránsito.
Durante los últimos días, han circulado otros videos en los que se observan situaciones similares a las ocurridas en zona 13.
PROTESTAS SE HAN DESARROLLADO DESDE EL AÑO PASADO
Los dos años de gobierno del presidente Giammattei se han contextualizado en protestas por varios grupos de la sociedad. La mayor ola de protestas ocurrió en noviembre de 2020, cuando la ciudadanía tomó varios puntos de la zona 1 capitalina para exigir reformas al presupuesto 2021 y expresar su descontento con la administración del gobierno durante la pandemia del COVID-19.
El 21 de noviembre un grupo numeroso de manifestantes se dirigió al Congreso de la República e ingresó al hemiciclo, quemando parte del inmueble y otros bienes dentro del edificio. A los pocos minutos fueron desplegados agentes antimotines en el lugar y la jornada de protestas de ese día culminó con la detención de 48 jóvenes y dos personas con traumas oculares provocados por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por la Policía hacia sus rostros.
A partir de esa fecha la población retomó las acciones de protesta bajo dos peticiones principales: la renuncia del Presidente y de la fiscal general María Consuelo Porras. El 29 de julio de este año fue convocado el primer paro plurinacional (#29J) por los 48 cantones de Totonicapán y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU-USAC), esto luego de conocerse la destitución de Juan Francisco Sandoval.
Además de la renuncia de Giammattei y Porras, los manifestantes reclamaron justicia independiente y el cese de la corrupción en el país.
A lo largo del gobierno de Vamos se han desarrollado más movilizaciones de distintos sectores, incluyendo niñas, el sector estudiantil, agrupaciones feministas, trabajadores del sector privado y organizaciones indígenas; estas expresiones de desacuerdo han girado en torno de la violencia contra la población, los feminicidios y el mal manejo de la crisis sanitaria, principalmente.
