Por la tarde del 23 de julio la fiscal general Consuelo Porras removió al titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval. Horas más tarde, el exfiscal brindó una conferencia de prensa revelando que la Fiscal General, Consuelo Porras, habría obstaculizado procesos judiciales e investigaciones contra funcionarios, como en el caso Comisiones Paralelas o incluso del mismo Gobierno.
En el contexto de las declaraciones del exfiscal, analistas opinaron que la credibilidad del Ministerio Público (MP) ha sido cuestionada, sin mencionar la suspicacia detrás de su nulo pronunciamiento.
Anoche Juan Francisco Sandoval indicó que Consuelo Porras bloqueó en varias ocasiones el trabajo de la FECI para aprehender o solicitar el retiro de inmunidad de funcionarios y exfuncionarios de Guatemala, empresarios, entre otros señalados por cometer actos de corrupción. Además, refirió que durante el proceso de juramentación de Néster Vásquez como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Porras no autorizó que se le solicitara el retiro de inmunidad sino hasta un día después de que este fuera juramentado en la corte y obtuviera protección. Vásquez asumió teniendo procesos legales pendientes.
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3 averiguaciones aceleraron la salida de Sandoval ? [https://t.co/GaQ2meLh78] pic.twitter.com/kbzYzWy6fu— Diario La Hora (@lahoragt) July 24, 2021
EDGAR ORTIZ: GOLPE DURO PARA LA CREDIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN
Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, opinó que las declaraciones de Sandoval atentan contra la credibilidad del Ministerio Público e incluso el desempeño de Consuelo Porras como funcionaria pública.
“En primer lugar, es un golpe duro a la credibilidad de la institución, creo yo, porque el fiscal Sandoval habla de muchas cosas, pero sobre todo que no se le permitía completar su trabajo entonces yo creo que el primer efecto complejo es la credibilidad como institución y pone en entredicho también el trabajo de la propia Fiscal General”, argumentó el abogado.
Para Ortiz este es un “juego cruzado de declaraciones” donde se contrasta la postura de Sandoval contra la de C. Porras; no obstante, hasta el momento no ha habido pronunciamiento abierto, público e institucional de la fiscal, lo cual contribuye a que la credibilidad esté del lado del exfiscal de la FECI.
“Lo mínimo que yo espero del Ministerio Público es que transparentemente desmienta si es que tiene los argumentos para destituir al fiscal Sandoval de la institución, porque si se queda en silencio la fiscal general ante las declaraciones del fiscal de la FECI pues prácticamente sería avalar tácitamente lo que se dijo y eso es grave para la institución”, dijo el profesional.
El próximo año se celebrará la elección para la jefatura del Ministerio Público, donde Consuelo Porras podría o no ser reelecta. Para el analista lo sucedido en torno a la destitución de Juan Francisco Sandoval determinará el futuro de Consuelo Porras en el MP. “El impacto más grande será en una eventual reelección. Pienso que una situación como esta afectará la elección, no tanto por la comisión de postulación, pero sí al momento de una designación presidencial; sin duda habría mucha presión de la población”, concluyó.
ÁLVARO MONTENEGRO: ACUSACIONES DE OBSTRUCCIÓN EN EL MP FUERON REAFIRMADAS
Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas argumentó que las revelaciones de Sandoval confirmaron la percepción de la ciudadanía en torno a un Ministerio Público que obstruye el cumplimiento de la justicia en vez de agilizarla.
“Juan Francisco Sandoval confirmó muchas de las ideas de cómo se manejaba el Ministerio Público, que eran cuestiones que ya se sospechaban o algunas cosas ya se sabían: básicamente que la fiscal general se dedica a obstruir la justicia en casos contra personas poderosas. Estamos viendo de la declaración de ayer, que es algo histórico que se revela el hecho que la principal opositora de persecución penal es la misma fiscal general”, formuló Montenegro.
Por otro lado, ve que aún es posible la reelección de Porras en el puesto si ella cumple con los intereses de otros actores. “Ahí depende de cuál va a ser el efecto para el cual sea electa, porque para Giammattei todo lo que está haciendo está bien; uno de los señalamientos fue que ella está relacionada al presidente”, comentó el miembro de Alianza por las Reformas.
Más allá de la destitución de Sandoval, Álvaro Montenegro se preguntó qué otras fiscalías también estarán viviendo esta presión de parte de la fiscal general para detener o atrasar los casos para favorecer intereses espurios. “Es difícil que un sistema cooptado resuelva de acuerdo al derecho, esa es la preocupación más grande. Es una pena que ya se haya tomado como norma que los fiscales, jueces que hacen bien su trabajo tengan que salir del país. Ese es un mensaje de autoritarismo y falta de democracia”, concluyó.
OSWALDO SAMAYOA: SE EVIDENCIÓ EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), indicó que anoche Juan Francisco Sandoval reveló parte del funcionamiento dentro del Ministerio Público, además el exfiscal planteó una entidad presidida bajo intereses políticos.
“Yo creo que las declaraciones de Juan Francisco Sandoval no afectan al Ministerio Público, sino que evidencia lo que está pasando adentro del Ministerio Público, en el sentido que los casos están siendo afectados por intereses distintos al de obtener justicia. Las declaraciones fueron muy aclaradoras en cuanto a las decisiones de tipo político sobre ciertos casos desde la fiscalía general”, dijo.
Lo anterior afecta en la credibilidad de la ciudadanía por las instituciones, “sobre todo en materia de justicia que sean imparciales y que sean independientes y la institución que hoy en día ha tenido más credibilidad es la FECI”. Para Samayoa la remoción ilegal de Sandoval no solo afecta los casos investigados por el MP sino la confianza que la población tiene sobre las instituciones del Estado.
En ese sentido, secundó la opinión de Montenegro refiriéndose a que es posible la reelección de C. Porras como jefa de la fiscalía general. “No le afecta desde el punto de vista que el Estado está cooptado, y por supuesto que van a reelegir a una fiscal que les sirva a los intereses que ellos tienen. Pero ante la población ya ha perdido mucha credibilidad y se esperaría un cambio para poder recuperar de forma adecuada la lucha contra la corrupción y la impunidad”, puntualizó.
