Integrity Initiatives International (III) es una organización no gubernamental que lucha contra la corrupción institucionalizada globalmente. Desde el año pasado ha propuesto la creación de una Corte Internacional Anti Corrupción (CIAC) y ayer se anunció que más de cien representantes de al menos cuarenta países firmaron una declaración llamando a la creación del tribunal internacional.
La Declaración aboga por la atención al abuso de cargos públicos para beneficio privado por los líderes de las naciones -a lo que International Initiatives identifica como “cleptócratas”- que prospera en muchos países y tiene consecuencias devastadoras para los derechos humanos, la salud humana y la paz, y la seguridad internacional.
EXJUEZA CLAUDIA ESCOBAR FIGURA ENTRE LOS FIRMANTES
Entre la centena de firmantes de la petición está la exjueza guatemalteca Claudia Escobar Mejía, el expresidente de Colombia y premio Nobel Juan Manuel Santos, el expresidente de Túnez Moncef Marzouki, el exprimer ministro de Suecia Carl Bildt, el premio Nobel y exjuez Shirin Ebadi de Irán, el exministro de Relaciones Exteriores de Canadá Lloyd Axworthy y el Presidente de la Asociación Internacional de Abogados Sternford Moyo.
“Cuando las mafias controlan la Justicia y no existen formas de combatir la corrupción, es indispensable una Corte Internacional Anticorrupción capaz de juzgar a los cleptócratas y a sus aliados. Me uno al llamado de @Integrity_IACC junto otras voces al rededor del mundo”, señaló Escobar a través de la red social Twitter.
“CLEPTÓCRATAS CONTROLAN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LOS PAÍSES QUE GOBIERNAN”
En la declaración se menciona que los 187 países asociados a la Convención de las Naciones Unidas Anticorrupción tienen en sus legislaciones nacionales normativas contra esta flagrancia, aun así, los corruptos gozan en algunos casos de libertad, o bien de la continuidad de la comisión del delito, para la organización esto se debe a que “los cleptócratas controlan la administración de justicia en los países que gobiernan”.
“La cleptocracia y la impunidad por los crímenes de Corrupción son un mal perdurable y en aumento en muchos países. Las víctimas son invariablemente los pobres e indefensos de quienes, en efecto, se roban grandes sumas. Se necesita urgentemente una Corte Internacional Anticorrupción para procesar, castigar y disuadir a los cleptócratas, y para recuperar, reutilizar y repatriar fondos ilícitos de vital necesidad», dijo el juez Richard Goldstone de Sudáfrica, el primer Fiscal de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y un miembro de la junta de Integrity Initiatives International.
Ante la cooptación de justicia surge la idea de crear una nueva corte internacional, la Corte Internacional Anticorrupción (CIAC), pues en virtud de su mandato convenido, el tribunal tendrá la jurisdicción para enjuiciar las violaciones de las leyes nacionales vigentes de lucha contra la corrupción, o una nueva contraparte internacional de ellas, cometidas por cleptócratas y sus colaboradores en todo caso el país donde se comete la falta no puede -o quiere- procesar el caso por sí mismo.
LAS FACULTADES DE LA CORTE
LA CIAC debe estar facultada para enjuiciar los delitos cometidos por nacionales de los estados miembros y por nacionales de otros Estados que cometan delitos en el territorio de un estado asociado al convenio. A pesar de lo anterior, este debería ser un tribunal de última instancia con la capacidad de procesar y encarcelar cleptócratas, y así crear oportunidades para que el proceso democrático los reemplace por líderes honestos; del mismo modo, debe tener la competencia en casos civiles y penales para recuperar, repatriar y reutilizar activos ilícitos para las víctimas de Corrupción.
El 1 y 8 de mayo del año pasado, Claudia Escobar y el presidente de Integrity Initiatives International expusieron su postura frente a los crímenes de corrupción ante el panel de Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad para lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI en inglés). En ella, la jueza Escobar describió que el abuso del cargo público es perpetuado como consecuencia de leyes firmes en los países o porque los cleptócratas controlan la administración de justicia, incluyendo la justicia débil y corrupta de Guatemala que describió Escobar.
Para ambos, la Comisión de las Naciones Unidas Anticorrupción (CNUCC) ha sido una vía útil para combatir el delito, sin embargo, como mencionó el gobierno de Colombia, “La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es tan buena como su aplicación” y desafortunadamente exponen que demasiados países miembros de la convención están dirigidos por corruptos que gobiernan con impunidad y se enriquecen a expensas de los derechos humanos y la salud de sus ciudadanos.
Pues bien, “la Corte Internacional Anticorrupción proporcionará el foro necesario para la aplicación de las leyes penales nacionales exigidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, o un nuevo uniforme internacional contraparte de ellos contra cleptócratas y sus colaboradores criminales”. Las autoridades aclararon que la CIAC solo procesaría si un país no estuviera dispuesto o no pudiera hacerlo y “los investigadores, fiscales y jueces de la CIAC servirán como fuentes de asesoramiento y asistencia de expertos para los países que se esfuerzan por mejorar su capacidad interna, como la CICIG fue para Guatemala”.
¿POR QUÉ UNA NUEVA CORTE SI EXISTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL?
En el panel FACTI se discutió la posible duda sobre por qué instalar una nueva corte internacional cuando la está vigente la Corte Penal Internacional (CPI). En una minuta del 24 de mayo del 2020 explicaron que la amenaza de enjuiciamiento en la CPI está afectando las acciones de los sujetos de investigación
#PORTADADEHOY
Descontrol Covid-19: casos y vacunas lo evidencian ? [https://t.co/RwXXJpMCs9] pic.twitter.com/TIz3t9XBik— Diario La Hora (@lahoragt) June 11, 2021
Por ejemplo, “el hecho de que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte se opusiera a la CPI después de una advertencia de que podría ser investigado es evidencia del hecho fundamental de que los criminales temen la perspectiva de castigo y, por tanto, la amenaza de persecución tiene el poder de disuadir”.
Estados Unidos es un país que aún no se ha unido a los esfuerzos por la creación de la Corte; sin embargo, se mencionó que un tribunal internacional sin una composición universal tiene de todos modos un impacto. Ello lo ejemplifican con el caso del enjuiciamiento de la Corte Penal contra Estados Unidos por posibles crímenes contra Afganistán, que, si es suscrito al órgano penal, esto significa que los tribunales internacionales podrán incidir aún en países donde no se ha firmado su participación. Lo anterior lo consideran oportuno pues es “poco probable” que países con cleptócratas accedan a formar parte de una corte que los persiga.
Por último, agregaron que la CIAC tendrá ventajas inherentes en comparación con la CPI, como evidencia de genocidio, crímenes de guerra y otros crímenes de lesa humanidad típicamente permanecen dentro del país controlado por los perpetradores, por lo tanto, información difícil de obtener.
“Por lo general hay pocas pruebas documentales de estos crímenes al igual que testigos con pruebas contra funcionarios de alto nivel que rara vez están dispuestos a testificar. En contraste, los cleptócratas no mantienen sus activos ilícitos en sus propios países. Más bien, blanquean regularmente el producto de sus centros”, formularon y anunciaron que, para garantizar la correcta ejecución de procesos, los jueces miembros de la CIAC, a diferencia de los de CPI, deberán contar con experiencia judicial previa y la capacidad demostrada de presidir en casos complejos.
