Por Jeanelly Vásquez
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El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, expresó mediante un comunicado su preocupación respecto a la demora en la transferencia del presupuesto que le corresponde a la entidad durante el 2020 y 2021. El manejo del presupuesto anual está a cargo del Congreso de la República, órgano que considera ha obstaculizado la accesibilidad oportuna de estos recursos.
“La asignación anual del presupuesto de la Institución depende de ese organismo (el Congreso), el cual desde 2019 ha obstaculizado sistemáticamente la transferencia oportuna de recursos aprobados, incluso desobedeciendo resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, incluyendo una debida ejecutoría que deberá certificar el Ministerio Público”, manifestó Rodas.
El procurador aseguró que el retardo acumuló un déficit de Q40 millones, capital sin el cual la PDH colapsará en el próximo trimestre, pues explica que la liquidez cubrirá los salarios del personal y el pago de servicios e insumos hasta el próximo agosto. Señala que este retraso además de ilegal ha sido malicioso.
El PDH, Jordán Rodas, advierte que el incumplimiento del Congreso de la República en el traslado de los recursos aprobados en el Presupuesto General de la Nación hará colapsar a la institución en los próximos tres meses. pic.twitter.com/ihCsAjGEQi
— Diario La Hora (@lahoragt) May 6, 2021
“La asfixia financiera le impedirá a la institución el cumplimiento de su mandato constitucional. Por tanto, es imperativo y urgente que el Congreso de la República cumpla con su obligación de trasladarle a la Procuraduría de los Derechos Humanos la asignación aprobada en el Presupuesto General Anual de Ingresos y Egresos del Estado”, recalcó.
De esta forma, Jordán Rodas insta a los parlamentarios a transferir el dinero correspondiente a los periodos de 2020 y 2021 lo antes posible.
CONGRESO NO APROBÓ TRASLADAR FONDOS
En marzo, con 75 votos a favor y 16 en contra, los diputados no avalaron el traslado de Q20 millones a la PDH, correspondiente al presupuesto 2020, a pesar de que Rodas solicitó el 15 de marzo a la Corte de Constitucionalidad, que certificara lo conducente contra la Junta Directiva del Congreso, ya que no había continuado con el proceso de desembolso del financiamiento, a pesar de dos órdenes de la Corte para que efectúe el traslado de los fondos.
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