El presidente Bernardo Arévalo, por medio de una cadena nacional transmitida el pasado domingo 26 de octubre, denunció un intento de golpe de Estado en Guatemala.
Los impulsores de este golpe de Estado, según el mandatario, son la fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, y el juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal.
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«Porras, Orellana y sus demás patéticos conspiradores han creado un contexto de terror para abrirse camino y hundir a nuestro país. Y lo han hecho usando procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos, intentando desmotivar la defensa de la democracia y procurando obtener falsas confesiones y denuncias, como instrumento para el golpe de Estado», aseguró el presidente.
Arévalo, a raíz de las presuntas acciones inconstitucionales para intentar nuevamente anular el partido político Movimiento Semilla y a sus funcionarios electos, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la destitución inmediata del juez Orellana.
«Su conducta constituye una violación al orden constitucional y una amenaza directa a la democracia. Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que, conforme a la ley, proceda a su inmediata destitución».
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A pesar de haber denunciado un intento de golpe de Estado, el presidente Bernardo Arévalo no tiene la facultad de remover al juez Fredy Orellana de su cargo.
De acuerdo a la Ley de la Carrera Judicial, en su artículo 47, la destitución de un juez no puede ser ejecutada ni por el presidente de la República ni por el Ejecutivo, sino solamente por la CSJ; sin embargo, esta decisión solo se puede tomar después de una recomendación formal de la Junta Disciplinaria Judicial.
Además, la Ley de la Carrera Judicial indica que existen tres faltas (leves, graves y gravísimas) y entre las más serias se incluyen conductas como influir en decisiones de jueces de grado inferior, aceptar favores a cambio de resoluciones judiciales e interferir en el ejercicio de funciones de otros organismos del Estado.
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La sanción por faltas graves, por lo que Bernardo Arévalo está pidiendo la destitución de Fredy Orellana, es la suspensión prolongada o destitución inmediata, según el artículo 42 de esta ley.
No obstante, para que la CSJ pueda aplicar la destitución de un juez de su cargo y su exclusión de la carrera judicial, regulada en el artículo 45, la Junta de Disciplina Judicial debe emitir una recomendación previa derivada de una investigación.
