Aumento salarial diputados
El aumento salarial para los diputados fue aprobado junto con el Presupuesto del Congreso para 2025. Foto La Hora: Daniel Ramírez

En noviembre de 2024, los diputados del Congreso de la República votaron a favor del presupuesto del Organismo Legislativo para 2025 y aprobaron incluir un incremento de su salario.

Los diputados, con este aumento, dispusieron mejoras salariales que «deberán ser no menor a los salarios y retribuciones de los magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría».

Ante el gasto adicional que implica el aumento de las remuneraciones de los diputados, que se estima en Q43.75 millones al año, la Alianza por un Congreso Eficiente mostró su rechazo y cuestionó esta decisión.

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De acuerdo con esta organización de la sociedad civil, «las calidades requeridas para ser diputado no son equiparables a las de un magistrado», por lo que este aumento salarial no tiene justificación.

La Alianza por un Congreso Eficiente también recalca en que existe una clara diferencia entre las exigencias académicas que debe cumplir un magistrado y las de un diputado, al igual que sus jornadas laborales.

«Un magistrado debe cumplir con exigencias académicas, experiencia profesional, contar con evaluación del desempeño y está sujeto a una jornada completa de trabajo. Por el contrario, los diputados gozan de un esquema altamente flexible y ajeno a evaluación, pues son representantes del pueblo y dignatarios de la nación, por lo que resulta cuestionable homologar sus remuneraciones», indicó la Alianza por un Congreso Eficiente.

Además, aseguró que, «al aprobar un incremento salarial por medio de un Acuerdo Legislativo que contiene una disposición presupuestaria anual, de temporalidad definida, se pone en duda su sostenibilidad y coherencia con el marco normativo vigente».

Finalmente, la Alianza por un Congreso Eficiente instó a los diputados a «reconsiderar dicho aumento» debido a que, según su consideración, esta remuneración «debe basarse en un análisis técnico y financiero que no comprometa las finanzas del Organismo Legislativo ni del Estado».

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