POR HEDY QUINO
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Tras los últimos casos de violencia contra la mujer que se han registrado en las últimas semanas, la organización Mujeres Transformando el Mundo y la Comisión de la Mujer del Congreso de la República le hacen un llamado a las autoridades del Estado para que implementen políticas públicas y mecanismos para proteger a las mujeres y evitar que sufran violencia.
Paula Barrios de Mujeres Transformando el Mundo, explica que, para evitar la violencia contra la mujer y el femicidio se debe trabajar en la prevención, la cual se debe hacer desde las comunidades, en este sentido, los responsables son las autoridades municipales. Sin embargo, no se ven acciones efectivas ni mecanismos por parte de los alcaldes, indica.
Barrios detalla, que la atención a los casos de violencia contra la mujer tampoco es eficiente. “No contamos con un Ministerio Público que dé respuesta inmediata a las denuncias de las mujeres; actualmente están trabajando por turnos, no están trabajando en horario regular, y por la emergencia sanitaria, no hay transporte para que las mujeres acudan a una de las sedes del MP”, declara.
“Desde los siete meses de la pandemia, el Estado no ha logrado organizarse de tal manera que pueda responder inmediatamente a los casos de violencia sexual, violencia contra la mujer y femicidio. Además, vemos con suma preocupación los niveles de impunidad en los que se quedan estos hechos”, enfatiza la entrevistada.
Respecto a las manifestaciones de las mujeres que exigen justicia por los hechos de violencia en contra de las mujeres, Barrios lo celebra, pero, sobre todo, dice, que las autoridades municipales deben tomarlo como una alerta de que esto no puede seguir pasando. “El gobierno central tiene que fortalecer la institucionalidad de las mujeres y sobre todo las instituciones que responden a los hechos de violencia, el delito más denunciado en el país, a eso se le debe poner más atención”, concluye.
SE PRONUNCIA EN FAVOR DE LAS NIÑAS Y LAS ADOLESCENTES
En tanto, la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Merena Oliva, expresa en un comunicado de prensa, su preocupación por el incremento de casos de violencia sexual, principalmente en el contexto del COVID-19, hechos ocurridos en ámbitos en donde las víctimas de violencia sexual además de la victimización sufrida, no poseen capacidad económica y emocional para afrontar las secuelas colaterales, detalla.
La diputada también se refiere a la violencia contra las niñas y las adolescentes.
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“El Estado debe orientar sus esfuerzos a aplicar estándares internacionales y complementar sus obligaciones institucionales, incluyendo reformas, convenios interinstitucionales, acciones y programas intersectoriales que permitan a la víctima, ser restituida en sus derechos de manera integral por tratarse de niñas y adolescentes a quienes el Estado debe garantizarles la indemnidad sexual y la protección de todos sus derechos humanos, además de la obligación de transformar las condiciones de desigualdad y exclusión que ha propiciado la victimización sufrida”, apunta.
La congresista indica en la comunicación, que como Comisión de la Mujer hacen un llamado a todas las instituciones Públicas a tomar conciencia de la situación de las niñas y promover acciones afirmativas en favor de su bienestar y apoyar todas aquellas políticas públicas sobre reparación digna y transformadora.
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RECIENTES CASOS
El martes último fue encontrado el cuerpo de Litzy Amelia Cordón Guardado, de 20 años, en un terreno baldío de la aldea Los Puentes, Teculután, Zacapa.
El 28 de septiembre, también en Teculután, Zacapa, en un comercio fue asesinada Laura Daniela Hernández Guevara, 22 años.
El 30 de septiembre se reportó la desaparición de Karen Elizabeth Barrera Turcios, 20 años, quien es seleccionada nacional de fútbol; actualmente tiene activa una alerta Isabel-Claudina para su búsqueda.
Este sábado se realizaron cuatro allanamientos en Villa Nueva para ubicar a la joven, sin embargo, no se localizó, y las investigaciones continúan.
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El caso más emblemático en el país es la desaparición de Cristina Siekavizza, el cual llegó a su fin sin el hallazgo del cuerpo de ella o sin la condena a algún responsable. El pasado 6 de agosto, Roberto Estuardo Barreda de León de 44 años, principal sospechoso de la desaparición y muerte de Cristina Siekavizza, falleció debido a una falla ventilatoria secundaria a neumonía severa e hipoxia por COVID-19. El 11 de septiembre, el Tribunal de Mayor Riesgo “D” cerró el proceso penal contra este.
Además, a petición del MP, esa judicatura otorgó un criterio de oportunidad a favor de Ofelia de León y Oscar Celada Cuevas, ordenando que ambos resarcieran a los afectados.
