POR HEDY QUINO
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En una entrevista que realizó la organización Alianza por las Reformas, las exfiscales generales Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz se pronunciaron respecto a la crisis institucional que enfrenta el país y solicitaron a la fiscal general, María Consuelo Porras a asumir su responsabilidad ante esta situación, la cual se generó por la desobediencia del Congreso a la sentencia que emitió la Corte de Constitucionalidad, sobre la elección de Cortes.
Aldana indicó, que a su juicio, el país está viviendo una crisis institucional sin precedentes. “Es cierto que Guatemala desafortunadamente ha tenido procesos difíciles, desde el Conflicto Armando Interno, siempre hay un conflicto permanente, pero este de ahora es sumamente grave porque pone en riesgo la incipiente democracia. Este conflicto institucional, que no es casual que es manipulado, pone en riesgo a la población en general”, afirmó.
Paz y Paz enfatizó que la situación actual del país es inédito, ya que las máximas autoridades judiciales están siendo perseguidas simple y sencillamente por hacer su trabajo y por proteger los derechos de los guatemaltecos. “Yo no recuerdo, en la historia, que se haya desobedecido las ordenes de la más alta Corte de un tribunal constitucional, y eso, es una afrenta, una grave grieta en el Estado de Derecho, porque no es cualquier ciudadano el que está desobedeciendo, es el Congreso”, dijo.
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Además, explicó, que el Congreso está desobedeciendo con el fin de no cumplir con parámetros y estándares internacionales, con los cuales se hace una adecuada elección de jueces y magistrados de las más altas cortes del país. “De darse y completarse lo que para mí es un golpe de Estado blando, lo que vamos a perder es el Estado de Derecho, la república y la independencia de poderes en Guatemala”, añadió Paz y Paz.
EL PAPEL DE CONSUELO PORRAS AL FRENTE DEL MP
Respecto al papel que debe asumir la fiscal general, María Consuelo Porras, ante esta situación, Aldana refirió: “A mi juicio, buena parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo en este momento, es responsabilidad del Ministerio Público, porque necesitamos una institución independiente, que guíe las investigaciones y la persecución penal objetiva y transparente, pero no está sucediendo eso”.
Asimismo, Aldana declaró, que se han implementado pruebas para criminalizar a defensores de derechos humanos, como con lo que sucedió en su caso, según dijo. Además, subrayó que hay denuncias interpuestas por organizaciones de la sociedad civil que no avanzan. “Es evidente que hay un Ministerio Público sesgado, que no está respondiendo a los intereses de la ley y que no está cumpliendo con su función a cabalidad”, apuntó.
Aldana detalló, que desde la época del gobierno del expresidente Jimmy Morales, se dejó de acatar las resoluciones de la CC y el Ministerio Público estuvo pasivo. “Estuvo pasivo para esos casos en los que se requería el imperio de la ley y activo para criminalizar a las personas que luchan por los derechos humanos y en contra de la corrupción. La crisis de este momento esta generada por el Ministerio Público al tratar de perseguir a la Corte de Constitucionalidad”, concluyó.
En tanto, Paz y Paz recordó que la fiscal general fue quien solicitó el amparo a la CC, la cual originó dicha situación.
“La resolución de la Corte de Constitucionalidad es amparando a la fiscal general para que se corrigiera el rumbo que llevaba el proceso de elección de Cortes. El papel de la fiscal general en este momento es justamente, hacer que se cumplan con las decisiones del más alto tribunal y a quienes hayan desobedecido estas resoluciones, en este caso el Congreso, deben afrontar las consecuencias de desobedecer. No es posible que el Congreso y la Comisión Permanente desobedezcan las resoluciones de la CC y esto no tenga ninguna consecuencias”, sentenció Paz y Paz.
Por último, Paz y Paz dijo que Porras se tardó en presentar la solicitud de retiro de antejuicio en contra de las autoridades del Congreso. “Lo que procede es que se investigue esa desobediencia y se sancione”, agregó.
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MP SE PRONUNCIA
Por esta situación el MP se pronunció en sus redes sociales oficiales. “El Ministerio Público es una institución autónoma, objetiva, imparcial y sin ningún sesgo que incida en su labor analítica, técnica e investigadora, la cual siempre será apegada al principio de legalidad, y alejada cualquier presión externa”, se lee la comunicación.
“Es importante tener en cuenta que conforme al debido proceso, el propio sistema legal establece los medios de impugnación para las partes que no estuvieren de acuerdo, como base fundamental de un Estado democrático y republicano de Derecho”, dice.
El Ministerio Público es una institución autónoma, objetiva, imparcial y sin ningún sesgo que incida en su labor analítica, técnica e investigadora, la cual siempre será apegada al principio de legalidad, y alejada cualquier presión externa. https://t.co/z7yRqtJFKh
— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 14, 2020
El 6 de mayo, la Corte de Constitucionalidad emitió sentencia y otorgó amparo definitivo a la Fiscal General, María Consuelo Porras, en contra del Congreso por la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tras el caso de Comisiones Paralelas 2020.
Por esta resolución surgió una denuncia en contra de los magistrados de la CC solicitando que se les retire el derecho de antejuicio, la cual prosperó en la CSJ y fue enviada al Congreso, aunque posteriormente un amparo suspendió este caso, el Legislativo siguió conociéndolo.
La semana pasada, Porras aceptó otra denuncia en contra de los magistrados de la CC y solicitó a la CSJ que se inicie con el proceso para quitarles la inmunidad.
