POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt
El Frente Campesino e indígena de Iximulew, conformado por organizaciones campesinas rechazó el estado de Sitio que decretó el presidente Alejandro Giammattei en los municipios de Morales, El Estor y Livingston en Izabal y Santa Catalina la Tinta y Panzós en Alta Verapaz por actos violentos de grupos armados.
Por medio de un comunicado, las organizaciones campesinas manifestaron que los estados de excepción son regla de actuación de gobiernos autoritarios, antidemocráticos, incapaces de gobernar sobre bases de entendimiento social y político, es decir, gobiernos incapaces de generar vías hacia el bien común. “Se trata de formas de gobierno, opacas, que buscan crear muros de impunidad y protección, a sectores empresariales nacionales e internacionales”, señalaron.
En ese sentido el Decreto Gubernativo 13-2020 emitido por la Presidencia de la República y que establece estado de Sitio en los municipios de Morales, el Estor y Livingston en el departamento de Izabal y Santa Catalina la Tinta y Panzos en Alta Verapaz, es un grave atentado a los derechos humanos de los pueblos que habitan aquellos territorios y tiene dos objetivos claros, explicaron.
LEA: Gobierno decreta Estado de Sitio en municipios de Izabal y Alta Verapaz
“El primero es crear una cortina de humo sobre la grave situación que vive el país ante la incapacidad manifiesta del Gobierno de la República en la administración de la pandemia COVID-19 y sus secuelas, políticas, sociales y económicas. Particularmente la difícil situación de hambre y pobreza, que se vive en el campo, y que agudizara la permanente exclusión que se vive en nuestros territorios”, indicaron.
“La segunda, es militarizar los municipios señalados, para favorecer la apropiación de tierra, agua, bosque y territorio que han venido realizando las empresas Naturaceites de la familia Maegli-Novella, REPSA de la familia Molina Botrán (en Sayaxché Petén) e industrias Chiquibul de Unisource Holding, propiedad de Suhel Abel Turman Miguel, que han usurpado tierra en Alta Verapaz, Izabal y Petén. A la apropiación de la tierra, se agrega la contaminación de las aguas y el deterioro de la infraestructura pública”, añadieron.
Además, las organizaciones manifestaron: “No podemos obviar que estas familias y empresas son responsables de agravar la crisis de inseguridad alimentaria nacional, a ellas se debe la pérdida de uno de los más importantes graneros (Chisec) de donde provenía buena parte de la producción maicera, que, al ser sustituida por palma aceitera para la exportación, destruyó una de las fuentes alimentarias del país”.
La tierra le pertenece a los pueblos originarios y el gobierno tiene la obligación de defender los derechos de la población al trabajo y la alimentación, enfatizaron.
LEA: CAMAGRO dice que apoya el Estado de Sitio en 5 municipios
“Demandamos de la Presidencia de la República derogar el Decreto Gubernativo 13-2020 y actuar en respeto debido a los derechos de los pueblos Q´eqchi, Achi y Pocomchi que ahora ven agravada la amenaza a sus medios de sustento”, concluyeron.
Por aparte, este domingo, Cámara del Agro y la Cámara de Industria de Guatemala también emitieron comunicados separados, en los que manifestaron respaldar la medida que emitió el Ejecutivo.
