Una reciente condena suma más dudas que respuestas a un polémico caso que inició hace 18 años, que vincula a dos países y que ha incluido sospechas de involucramiento de funcionarios, policías, fiscales, narcotraficantes e incluso pandilleros.
El pasado 9 de octubre el reo Edgar Eduardo Coz Chonay, quien ya cumplía condena por otro delito, fue sentenciado a 25 años por la muerte del exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Manuel de Jesús Castillo Medrano, conocido como Manolito.
Sin embargo, durante el juicio no se aclaró la razón para haber asesinado a Manolito. La duda quedará, así como otras interrogantes en torno al caso por el que el político jutiapaneco había sido condenado.
El excongresista fue atacado con arma de fuego el 15 de diciembre de 2019 en la Granja Penal Pavón, por Coz Chonay. Las cámaras de seguridad del penal evidenciaron la culpabilidad del acusado, quien, según la investigación, es el autor intelectual y material de dicho crimen.
Asesinato de «Manolito»: condena de 25 años y un motivo que permanece oculto
LA CONDENA DE MANOLITO
Manolito se encontraba privado de libertad en Pavón en cumplimiento de una sentencia a 203 años por la supuesta autoría intelectual en el asesinato de tres diputados salvadoreños y su piloto.
El caso por el que fue procesado Manolito se denominó “Parlacen” y habría finalizado con su sentencia en diciembre de 2010 (aunque está pendiente de proceso otro exdiputado). Sin embargo, al no quedar clara la causa del asesinato de Castillo Medrano, se mantiene la duda si tiene alguna relación con este caso, o no.
Manolito no fue el único condenado a prisión. Por ejemplo, Carlos Gutiérrez Arévalo, alias “Montaña 3” recibió 99 años de cárcel. En total fueron 8 enviados a juicio, aunque dos fueron absueltos.
POLÉMICO CASO
El 19 de febrero de 2007, en una finca de la aldea El Jocotillo, Villa Canales, se reportó el hallazgo de un vehículo y cuatro cuerpos calcinados. Las víctimas fueron identificadas como: Eduardo D’aubuisson, William Rizziery Pichinte, Ramón González y el piloto Gerardo Ramírez. Los tres primeros eran diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) del partido ARENA de El Salvador.
Tres días después, fueron capturados cuatro agentes de la División de Investigación Criminal (DINC) de la Policía Nacional Civil (PNC) como sospechosos materiales del crimen. Era el último año de Óscar Berger como presidente y el Ministro de Gobernación era Carlos Vielmann. En El Salvador, gobernaba Elías Antonio Saca.
Los agentes de la PNC capturados fueron enviados a la prisión El Boquerón en Santa Rosa. Pero poco tiempo permanecieron tras las rejas. Cuatro días después, los policías fueron asesinados en dicho lugar.
En una nota de La Hora de esa época se consignó información del Ministerio Público (MP), el cual señaló que los agentes habían sido asesinados por pandilleros recluidos dentro de la cárcel en complicidad con guardias del penal.
Fue un giro en la investigación y la atención se inclinó en el asesinato de los agentes policiales. El MP apuntó hacia 13 pandilleros de la Mara Salvatrucha, que incluía a Jorge Jair de León Hernández alias “El Diabólico” máximo líder de la pandilla.
Álvaro Vinicio Matus Flores era Jefe de Sección de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas del MP en 2008 y sostuvo la hipótesis de la culpabilidad de los pandilleros, se lee en una nota de El Faro.
De acuerdo con un video de archivo de El Periódico, el 2 de junio de 2008 inició el juicio en contra los pandilleros de la MS-13, pero el 11 de julio el tribunal los dejó fuera del caso por falta de pruebas.
No obstante, 4 de estos mareros fueron transferidos de El Boquerón a Pavoncito. El 22 de noviembre de 2008 se realizó el traslado.
Horas después se desarrolla un sangriento motín que La Hora documentó en la nota Cinco cadáveres calcinados en centro carcelario Pavoncito y se informa que los cuatro reos ingresados al penal figuraban entre los cadáveres. De esto tampoco se estableció la razón concreta, dejando varias hipótesis.
LOS JALPATAGUA Y EL NARCO
Tras la muerte de los policías, la investigación principal continuó. Se encontró un posible nexo con una banda de narcotraficantes.
Se trata de integrantes de Los Jalpatagua. Varios miembros de esta agrupación fueron detenidos como sospechosos del caso Parlacen.
A estos se les relaciona por un vehículo en el que fueron vistos cerca del lugar del crimen. Además, se encontraron armas de fuego, presuntamente utilizadas para dar muerte a los diputados salvadoreños y al piloto, que después habrían sido rociados de gasolina e incendiados.
Resultó que el vehículo era propiedad de Jorge Mario Paredes Córdoba, alias «el Gordo», señalado de narcotráfico y de dirigir la banda en mención. Alias “El Gordo” era requerido por la justicia de EE. UU. y fue detenido en Honduras en 2008, luego extraditado a Estados Unidos, refiere InSight Crime.
El 20 de marzo de 2007 fueron capturados en Guatemala cuatro integrantes de Los Jalpatagua: Carlos Amílcar Orellana Donis alias “Chejazo”, Linda Castillo Orellana y los primos Mario Javier Lemus Escobar y Obdulio Estuardo Waldemar de León Lemus, se detalla en la nota de La Hora Retrasos en Caso Parlacen.
Linda Castillo era a quien encontraron con el citado vehículo que habría sido usado en el crimen. Ella es hermanastra de alias “Chejazo» y estos dos fueron liberados de los cargos posteriormente.
«Chejazo» fue beneficiado con medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 19 de enero de 2010 por haber sido trasladado sorpresivamente a una cárcel de cumplimiento de condena de máxima seguridad, antes del juicio, se lee en un comunicado de la CIDH.
Aunque alias “Chejazo quedó absuelto, fue capturado en 2021 por otro caso señalado del delito de facilitación de medios. El proceso judicial no ha concluido. Al solventar su situación legal en Guatemala será extraditado a Estados Unidos por posible narcotráfico.
En tanto, los primos Lemus sí recibieron condenas de más de 100 años, detalla una nota de La Prensa de Honduras.
«Chejazo», supuesto líder de «los Jalpatagua», seguirá siendo procesado por tres delitos
RENUNCIAS, UN CRIMEN Y LA CAPTURA DE MANOLITO
En la compleja trama del Caso Parlacen se suman más personajes con finales diversos.
De acuerdo con un informe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Javier Figueroa, quien era el subdirector de la PNC, en los años del atentado contra los salvadoreños y su investigación, renunció del puesto.
Mientras que el Jefe de la DINC, Víctor Soto, fue separado de su cargo “por el involucramiento de agentes de esa unidad en los asesinatos”.
El caso Parlacen habría sido la causa de las renuncias de Vielmann al frente del Ministerio de Gobernación y de Erwin Sperisen como jefe de la PNC, se explica en una nota de La Hora.
El 7 de abril de 2008 fue asesinado Víctor Josué Rivera Azuaje, quien era en ese entonces, asesor del Ministerio de Gobernación. Rivera falleció en el atentado y su secretaria María del Rosario Melgar resultó herida.
Por esto, el entonces fiscal Matus fue señalado de manipular evidencias y fue detenido con arresto domiciliar, se lee en un informe de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En febrero del 2009, en la nota de La Hora Acusación a ex fiscal desata descontento por impunidad se informó que Matus quedó liberado de los cargos con una fianza de USD2 mil.
El 29 de agosto de 2008 La Hora reportaba la captura de Manolito, quien se encontraba prófugo tras haber perdido inmunidad, y las investigaciones lo señalaron como un autor intelectual en el caso Parlacen.
La detención se logró en la residencia del exlegislador en un lujoso inmueble ubicado en La Sequía, en el municipio de Quesada, Jutiapa. Se informó que Manolito no opuso resistencia, pero señaló que era objeto de un móvil político.
UN PROCESO PENDIENTE
El 8 de enero de 2020 Estados Unidos deportó a su tierra natal al exdiputado salvadoreño, Roberto Carlos Silva Pereira y fue enviado a prisión preventiva.
Dos años después, la Fiscalía General de El Salvador informó que logró condenarlo a 22 años de prisión por el delito de Lavado de Dinero y Activos y Cohecho Activo.
Sin embargo, al conocerse de su deportación, según se lee en una nota de El Mundo de El Salvador, el MP de Guatemala confirmó a ese medio que el exparlamentario salvadoreño tiene una orden de captura vigente en Guatemala por el Caso Parlacen como posible autor intelectual.
El medio en mención refiere que Silva Pereira presentó acciones legales para impedir ser extraditado desde Estados Unidos a Guatemala. No obstante, la Fiscalía de El Salvador detalló que Silva Pereira debe cumplir su condena en su país para luego enfrentar a la justicia guatemalteca.
Esta tarde en el Aeropuerto Internacional a través de INTERPOL, capturamos al ex diputado Roberto Silva Pereira, acusado de lavado de dinero. pic.twitter.com/L6nBpDg3E6
— PNC El Salvador (@PNCSV) January 8, 2020
