En el marco del proceso para la elaboración de una iniciativa de ley de aguas se desarrolló el XII Congreso de Estudios del Desarrollo y analistas abordaron la importancia de que Guatemala cuente con dos leyes de agua.
Yamileth Astorga Espeleta, Coordinadora de la Red de Investigación en Agua Potable, Saneamiento de Aguas Residuales y Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Red GUIAS), de la Universidad de Costa Rica, ofreció su punto de vista sobre la futura legislación de Guatemala en torno al agua.
Astorga explica que la discusión de la ley de aguas debe verse de manera participativa. Esto significa que debe haber participación de los diversos sectores de la sociedad.
No obstante, hizo una aclaración. «Es importante decir y que no se confunda que la ley de agua es de la administración del agua, o sea la gestión del agua como tal, como bien natural, y que es un bien de desarrollo que se ha aprovechado muy bueno por los diferentes sectores de la sociedad, pero la ley de agua potable, este elemento debe ser otra ley».
Indicó que la ley de agua potable es de servicios públicos, por lo cual debe tener un tratamiento diferenciado a la ley de agua. Resaltó que el agua para consumo humano debería estar prioritario sobre los demás usos.
«El agua para consumo humano, el agua para las comunidades es un derecho humano. Nadie puede vivir sin agua».
CALIDAD DEL AGUA
Otro aspecto que la profesional destacó, es la calidad de agua. Al respecto, dijo que es más barato proteger el agua que invertir en darle tratamiento.
En esto indicó que la ley de aguas debe contemplar un capítulo sobre la protección de dicho recurso hídrico.
«El tema es que el agua se nos está acabando, y es que a veces no tomamos conciencia de esto, cuando se hacen las mediciones, por ejemplo, de cuánta agua tenemos hoy, a cuánta agua tenemos…, esto está disminuyendo. No solamente disminuye la producción de agua, sino la calidad», advirtió.
«Si no se protegen estas aguas y se requieren aprovechar, por ejemplo, para consumo humano, el tratamiento que hay que hacerle debe ser tal que el costo se eleva mucho», explicó.
«Entonces, es más barato proteger hoy que luego invertir, que tener grandes inversiones en tratamiento para poder descontaminar el agua. Es más barato proteger y luego tratar», remarcando que esto debería incluir la ley.
«La ley de agua potable, que luego es otra ley, debe develar por cómo manejar esos sistemas, aquí que son los operadores de los sistemas de abastecimiento y agua y saneamiento, y también debe decir cuál es el agua que la población de Guatemala debe de recibir para su ingesta», resaltó.
Astorga continuó explicando que, «es muy importante proteger la calidad del agua que ingerimos porque de otra manera lógicamente va a afectar la salud de la población».
A su juicio, la situación de Guatemala respecto al agua es que dicho recurso está totalmente desprotegido.
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
Astorga llevó a la reflexión las siguientes interrogantes: «¿qué pasa?, si se disminuye considerablemente el agua para la producción de energía hidroeléctrica? ¿Qué pasa si se disminuye el agua para la producción agrícola?».
Dijo que hay que pensar en esto y buscar que en la ley de agua se incluya cómo utilizar el agua de manera eficiente y responsable.
Brindó algunos ejemplos, donde expuso que hay plantas que necesitan poca agua para vivir. También mencionó el agua que se utiliza para riego, para la industria, minería y que posteriormente se desecha, es agua contaminada. Eso también recomendó incluirlo en la legislación. «Eso se llama una administración del agua», puntualizó.
La experta recordó que Costa Rica tenía un modelo igual al de Guatemala, donde los servicios de abastecimiento eran dados por los municipios y por organizaciones comunitarias.
Sin embargo, ese país presentó problemas en la calidad del agua con indicadores de salud marcados por casos de incidencia de diarrea, mortalidad infantil, etc. Por lo cual, las autoridades de Costa rica decidieron crear el Instituto de Construcción de Acueductos y Alcantarillados.
Esa entidad es la que tiene que llevar el agua todo al territorio nacional. «Los indicadores hoy día demuestran que ese modelo ha sido exitoso. Creo que es importante aprender de elecciones, de otros países, de otras comunidades donde los resultados son positivos.», señaló.
EL MODELO DE GESTIÓN DEBE SER RENOVADO
Por otro lado, Elisa Colom, abogada especializada en Derecho de Aguas y capacitadora de la Asociación Mundial del Agua (GWP) estima que los altos niveles de contaminación, el deterioro de las cuencas, de los ríos, etcétera, es una señal de que algo anda mal, que el modelo a gestionar debe ser renovado.
Por ello, ve la ley de aguas como una oportunidad para enderezar el curso de las cosas.
En tres puntos, Colom resalta lo que debería ser renovado en la gestión del agua:
Seguridad jurídica: Al ordenar las personas que están usando el agua obtendrían seguridad jurídica. Eso sería de beneficio para todos, aseveró.
Aprovechamiento del agua. Indicó que el contar con un instrumento legal que contenga el aprovechamiento del agua, se minimizan los conflictos porque ya no hay que estar compitiendo sin reglas con otros para utilizar el agua.
Protección y recuperación: Una ley de aguas pondría en común las medidas de protección y recuperación de la fuente de agua que la población necesita considerar para tener disponible el recurso.
Colom indica que no si no hay una visión nacional del manejo del agua, hay división, cada quien velará por su lado.
«Si el estado no es capaz de organizarse a través de leyes e instituciones, lo que va a suceder es que los conflictos van a seguir creciendo de intensidad y ya tenemos situaciones críticas, el Valle de Guatemala tiene situación crítica con la prestación del servicio, no es un servicio universal, no es un servicio continuo, no es un servicio que garantice calidad del agua, entonces bueno el caos se iría acentuando y el caos es ese conflicto», advirtió.
La abogada concordó en el planteamiento de Astorga sobre las dos leyes de agua. «Definitivamente, hay que distinguir entre la ley de aguas que distribuye el recurso en general de la ley de servicios públicos de agua potable y saneamiento»
«Nosotros lo que tenemos son normas en el Código Municipal y en el Código de Salud para que los municipios presten los servicios públicos de agua potable y saneamiento, pero no tenemos la ley que les garantice el acceso al agua y que los obligue a devolver esa agua en buenas condiciones a nosotros», externó.
Además, considera que «el modelo que tenemos en mi opinión, el modelo municipal, es un modelo que no da».
INICIATIVA DE LEY DE AGUAS
En abril, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) lanzó el Proceso Nacional del Agua, un proyecto para llevar al diálogo nacional sobre la construcción de una iniciativa de ley de aguas.
Delegados del MARN realizaron una visita abarcando varios puntos del país para intercambiar ideas, conocer propuestas de la población y discutir la manera en como debería ser el sistema nacional de gestión del agua y profundizar en el contenido de la Ley de aguas.
Luego de esto, el Organismo Ejecutivo preparará la iniciativa de ley para presentarla ante el Congreso de la República y siga el proceso para convertirse en ley.
MARN arranca ruta por el país para construir proyecto de Ley de Aguas
