El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, le recuerda al Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras que el excomisionado Iván Velásquez, así como otros 25 exfuncionarios de la CICIG gozan de inmunidad, luego del anuncio de las órdenes de captura.
En el portal oficial de la ONU, el Secretario General, Antonio Guterres, emitió un comunicado en el cual expresa su preocupación por el anuncio del Ministerio Público de Guatemala, liderado por Consuelo Porras, sobre la emisión de órdenes de captura contra del excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, la exjefa de Investigaciones de la CICIG, Luz Adriana Camargo, actual Fiscal General de Colombia, junto con otros 24 exfuncionarios nacionales de la CICIG y funcionarios de justicia independientes que colaboraron con la CICIG.
«El Secretario General reitera que el personal internacional de la Comisión, en virtud del acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión, goza de inmunidad procesal respecto de los actos realizados en el desempeño de su misión, la cual continúa incluso después de finalizar su empleo en la CICIG», se puntualiza en el boletín.
Asimismo, recuerda que, «en virtud de este acuerdo, el Gobierno de Guatemala se comprometió a proteger al personal de la CICIG, tanto internacional como nacional, contra abusos, amenazas, represalias o actos de intimidación en virtud de su labor para la CICIG».
Guterres remarca su «preocupación por los numerosos informes que indican que se están llevando a cabo procesos penales contra quienes intentaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el Estado de derecho y el sistema de justicia en Guatemala».
ÓRDENES DE CAPTURA
El pasado 2 de junio, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, informó que a solicitud del MP la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones ordena la captura del excomisionado Iván Velásquez y otras 25 personas.
Incluso, aseguró que se dio el aviso a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), aunque dichas alertas no han sido activadas.
Según el fiscal Curruchiche, a Velásquez y 25 exfuncionarios de la CICIG se les acusa de la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencia y colusión.
La acusación del MP de Consuelo Porras sostiene que Velásquez habría favorecido a los empresarios de la constructora Odebrecht, lo cual provocó que el Estado de Guatemala perdiera Q3 mil millones.
El anuncio de las órdenes de captura provocó la reacción del mismo Velásquez, quien recordó que Porras, así como Currichiche se encuentran sancionados por el gobierno de los Estados Unidos y por la Unión Europea, por actos de corrupción.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se manifestó en las redes sociales condenando las acciones del MP de Porras indicando que esto obedece al crimen y no a las ciudadanías.
En tanto, el gobierno de Bernardo Arévalo, se sumó a las muestras de rechazo indicando que las órdenes de captura son políticas y sin respaldo.
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