CIDH califica como «ejercicio abusivo del poder» el trabajo del MP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe anual en el cual incluye a Guatemala, destacando que observa deterioro continuo en los derechos humanos y el Estado de derecho. Señala el actuar del Ministerio Público (MP) así como el atraso en la elección de las Cortes.

La entidad dedicó un capítulo al país, en el cual resalta la intensificación de la persecución judicial y la criminalización de personas en el ámbito judicial ante el deterioro continuo en los derechos humanos y el Estado de derecho.

La CIDH asegura que ha venido documentando en los últimos años el debilitamiento del Estado de derecho en Guatemala.

Refiere que esto ha sucedido «mediante una serie de injerencias del Ministerio Público (MP), principalmente en el sistema de administración de justicia, principalmente mediante la criminalización de personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con el objeto de favorecer la impunidad, en un contexto de señalamientos para favorecer a estructuras y grupos de poder en casos relacionados con corrupción a gran escala y con el conflicto armado interno».

Además, sostiene que la situación en 2023 «se agudizó debido al ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público en el marco de las elecciones generales y mediante la continua criminalización y privación de la libertad de personas operadoras de justicia, defensoras de derechos y periodistas, extendiéndose ésta hacia funcionarios y funcionarias electorales, y otras personas que cumplen un rol relevante en la vida pública y contribuyen al pluralismo político en Guatemala».

Según la Comisión, «estas acciones no solo han colocado al país en una crisis política, social y de derechos humanos, sino que han puesto en riesgo la estabilidad democrática y han socavado el principio de separación de poderes en el país».

Por ello, en su informe hace un repaso del proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de las Cortes de Apelaciones (CA) y Tribunales Colegiados, debido al retraso injustificado por parte del Congreso de la República para continuar con el proceso de selección y nombramiento de magistrados y magistradas correspondiente al período 2019-2024.

INDEPENDENCIA DE PODERES

Asimismo, la entidad hace hincapié en la independencia judicial, la cual refiere que se ha visto seriamente deteriorada en los últimos años por la paulatina cooptación de los órganos encargados de administrar e impartir justicia.

Enumera situaciones como las «injerencias indebidas en el proceso electoral y el ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales, lejos de ser hechos aislados, han sido posibles por la erosión del sistema de controles y pesos del Estado democrático, y la ausencia de garantías del Poder Judicial para cumplir su rol de ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad frente a los otros poderes públicos».

«Comisión Interamericana constató una serie de injerencias indebidas en el proceso electoral, principalmente, como consecuencia del ejercicio  abusivo del Ministerio Público, lo que, a su vez, ha puesto en entredicho en riesgo el orden constitucional y el principio de separación de los poderes públicos», se lee en el informe.

«Estas injerencias consistieron en restricciones para la participación efectiva de personas y partidos políticos, la suspensión del anuncio de los resultados de la primera vuelta por más de dos semanas, la suspensión de la inscripción como persona jurídica del Movimiento Semilla, el allanamiento a su sede y los intentos para impedir a sus integrantes la adjudicación de cargos públicos; allanamientos al Tribunal Supremo
Electoral, así como solicitudes de antejuicio tramitadas en contra de sus integrantes, confiscación de las urnas de la primera vuelta de la elección por el MP, entre otras, como se analiza en esta sección», agrega.

COOPTACIÓN DE LA CC

También recordó que en su Informe Anual 2021, la CIDH dio cuenta de un conjunto de acciones que habrían resultado en la alegada cooptación de la Corte de Constitucionalidad (CC), entre ellas, las irregularidades en el proceso de selección y nombramiento de los magistrados y magistradas para el periodo 2021-2026119.

Derivado de ello, la Comisión advirtió el agravamiento de un contexto de señalamientos sobre la independencia de la CC debido a decisiones cuestionadas por favorecer a personas y grupos políticos.

Esto, según explica, se vio en el marco de las elecciones generales de 2023, la CSJ y la CC habrían asegurado la participación política de candidatos que no cumplirían los requisitos establecidos en la legislación nacional.

Además, se observó que la CC habría ratificado exclusiones de las personas candidatas no afines al actual Gobierno y mantuvo en suspenso la oficialización de los resultados de la primera vuelta electoral.

También señala que la CC tampoco habría cumplido con su mandato constitucional de contrapeso en la resolución de diferentes amparos que intentaron cuestionar el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público y las injerencias en el proceso electoral, profundizando con ello la inestabilidad política y democrática en Guatemala.

El #InformeAnual2023 documenta las injerencias indebidas en el proceso electoral y ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público en #Guatemala.

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— CIDH – IACHR (@CIDH) October 6, 2024