Alejandra Carrillo solicitó una indemnización por el tiempo que estuvo a cargo del Instituto de la Víctima. A la petición se suman ocho personas más, entre directores y jefes, que fueron nombrados por ella.
Sin embargo, Carrillo no podrá recibir dicha compensación debido a que no presentó el acta correspondiente a la entrega del cargo.
«Para 8 de las 9 personas y con base en la legislación nacional, les aplica el pago de la indemnización, pero, para el caso de la exdirectora, no procede la solicitud por carecer del acta de entrega del cargo», explicó el Instituto de la Víctima.
Carrillo aspiraba a recibir Q272 mil 517, pero según lo explicado por la entidad, en el caso de ella no aplica. En cambio, para las ocho personas restantes, sí se les hará efectivo el pago.
Esto piden los exdirectivos del Instituto de la Víctima:
Mayra Alejandra Carrillo de León, exdirectora general Q272 mil 507.
Manuel Ismael García Montúfar, exdirector de Derechos Humanos Q256 mil 459.
Juan Carlos Quan Téllez, exdirector financiero, Q251 mil 085.
Rodolfo Fidel Díaz Tello, exdirector de Asistencia Legal Q240 mil 575.
Ana Lucía González Solís de Palomo, exsecretaria general Q201 mil 685.
David Antonio Monterroso Fuentes, exdirector de Servicios Victimológicos Q158 mil 531.
Allan Josué Maas Jácome, exjefe especializado Q126 mil 454.
Juan Carlos Tobar Lucero, exjefe de Compras Q111 mil 344.
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El pasado 2 de febrero, el presidente Bernardo Arévalo destituyó a Carrillo luego de conocerse la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), con la que revocó un amparo provisional que le permite nombrar a un sustituto.
Carrillo había sido nombrada por el entonces presidente Jimmy Morales en 2019. El Instituto de la Víctima fue creado por Morales con el decreto 21-2016.
Cabe recordar que Carrillo fue diputada de la Octava Legislatura, durante el gobierno de Morales y renunció a su curul para asumir como directora del Instituto de la Víctima.
Así mismo, Carrillo y su esposo, Felipe Alejos del partido TODOS, se encuentran sancionados por el gobierno de Estados Unidos, Carrillo con la Lista Engel y Alejos con la Ley Magnistky.
Según el gobierno de Estados Unidos, «Carrillo socavó el proceso o las instituciones democráticas al utilizar su posición oficial para facilitar el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” y beneficiar una Corte Suprema de Justicia, y Cortes de Apelaciones con jueces corruptos».
