Las mujeres se abren campo en el país y también con sus estudios universitarios. Foto: La Hora/José Orozco

Diversas organizaciones demandan la erradicación de este flagelo y la aprobación de Q9.5 millones para el funcionamiento de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia.

La Coordinadora 25 noviembre, con una conferencia de prensa, conmemoró los 40 años de la Declaración en favor de la No violencia contra las mujeres, al mismo tiempo que expresan su indignación ante el incremento de las diversas expresiones de violencia psicológica, física, sexual, verbal y simbólica, que viven las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres trans; mayas, xincas, garífunas, mestizas y/o ladinas en los diferentes ámbitos la vida.

“Tenemos conocimiento que desde el año 2000 hasta 2021 ha habido más de 13 mil casos de muertes violentas y 51 mil denuncias de violencia contra las mujeres que se reciben en el Ministerio Público. En tiempos de confinamiento, estos casos se incrementaron, incluso el tema de la violencia económica. Tan solo en 2021 se han registrado 1,453 embarazos en menores de 14 años, es un problema que se debe atender”, explica Marta Godínez, de la Alianza Política Sector de Mujeres.

CIFRAS PRESENTADAS

De acuerdo con el Observatorio de la Mujer del Ministerio Público, de enero a agosto del presente año, se han registrado 41 mil 726 víctimas de violencia contra la mujer, 5 mil 717 víctimas de violación sexual, 13 mil 753 casos de violencia física y 21 mil 317 por casos de violencia psicológica.

Esto muestra el aumento del 70.45% según el análisis del Grupo de Apoyo Mutuo GAM. “Queremos que la sociedad tome conciencia de que la violencia es un problema estructural y nos compete a todos a todas”, agrega Godínez. La población infantil no escapa de esta violencia según datos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductivo los embarazos en niñas y adolescentes con 54 mil 043 registro de nacimientos, 52 mil 590 madres entre 15 a 19 años, y 1,453 niñas entre 10 a 14 años.

Los datos presentados evidencian que, a partir del confinamiento, en ausencia del Estado y producto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, es un problema estructural que requiere del compromiso del Estado y Gobierno. “En 2020 se incrementaron los casos de violencia doméstica, económica. Incluso el aumento de la canasta básica, el gas, los niveles de desempleo han afectado a las mujeres”, enfatiza Godínez.

 

“Hay que tomar conciencia y expresar nuestra indignación, para que seamos sensibles a cualquier acto de violencia, y protejamos a las niñas, adolescentes y mujeres adultas”, agrega. Las mujeres trans también se han organizado para acceder al derecho de identidad, el cual ha sido negado por Estado de Guatemala, según manifiesta el comunicado emitido por la Coordinadora 25.

En tiempo de pandemia OTRANS registró 169 casos violación de sus derechos, las mayores causas son discriminación, intimidación, amenazas y asesinatos.

ANUNCIAN OTRAS ACCIONES

Yazmin Rosales, coordinadora de la Colectiva de Feministas Organizadas de Alta Verapaz también se suma a estas acciones. Explica que están enfocadas en los primeros niveles de la violencia desde el nivel emocional o financiero, con apoyo en el aspecto legal y psicológico hasta el empoderamiento de la mujer, para erradicar esta problemática desde la raíz. “Para rememorar el 25 de noviembre tomaremos acciones de calle como ir al parque, pero aun no concretamos fecha ni hora. Tendremos presencia con una campaña virtual”, dice Rosales.

Coordinadora 25 de noviembre también denuncia violencia recibida por la diversidad de la organización que conforma, lo que ha generado “estigmatización, persecución, criminalización y muerte; sin embargo, continuamos, luchando por recuperar, cuidar y defender nuestro derecho a una vida libre de violencia en nuestros cuerpos y en nuestro territorio”, dijeron.

La Coordinadora 25 noviembre durante la conferencia de prensa. Foto: Tzununija

SOBRE COMUNIDAD DE EL ESTOR

Rechazan todo tipo de violencia en contra de las comunidades Q’eqchi’, del Estor, Izabal que se
encuentran en resistencia pacífica en contra de la empresa minera PRONICO- CGN; los desalojos del 22 y 23 de octubre del presente año y el estado de sitio decretado por el gobierno de Alejandro Giammattei.

Las mujeres están al frente en las resistencias en contra del extractivismo y la imposición de estos megaproyectos, poniendo el cuerpo en primera línea. “El presidente no respeta los Derechos Humanos, me refiero a la represión que se vivió el 22 y 23 de octubre, de hombres y mujeres que han estado haciendo resistencia pacífica en El Estor. Es una violencia política y de Estado; la minería tiene impactos lesivos en la vida humana, en el agua y en la biodiversidad”, dice Godínez.

ACCESO A LA JUSTICIA

En relación con el acceso de justicia, explica, las mujeres son las más afectadas por la lentitud y cierres de los procesos, al tener un retroceso en el Sistema de Justicia, por la demora de dos años de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de apelaciones.

 

Por esa razón exigen la independencia del poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como el fin de la cooptación, corrupción y secuestro del Estado de Guatemala. Al Congreso de la República solicitan que conozca y apruebe iniciativas de ley propuestas desde las mujeres organizadas, que han sido construidas para la erradicación de la violencia contra las mujeres, para que mejoren las condiciones laborales y se reconozca los derechos universales de las mujeres.

A los diputados que conocen los presupuestos piden que otorguen los fondos que garanticen el funcionamiento de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS), porque “no han entregado los Q 9.5 millones que corresponden a estos hogares de acogida. A las víctimas se les remite allí, pero no hay recursos para atender los cinco centros administrados por el Grupo Guatemalteco de Mujeres, que atienden el 21 por ciento de casos”, concluye Godínez. Otra de las peticiones es para que el Ejecutivo fortalezca la Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM, otorgándole la calidad de Ministerio.

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