La nueva orden ejecutiva impulsada por Donald Trump enciende las alertas sobre el futuro de las remesas hacia Guatemala. Mientras expertos advierten que el país debe activar una estrategia diplomática y regional para evitar mayores restricciones financieras, la Superintendencia de Bancos (SIB) prevé más controles, costos y trámites en los envíos desde Estados Unidos.
La preocupación también alcanza al sistema financiero. La SIB prevé que las nuevas disposiciones podrían ralentizar los envíos y elevar los costos operativos para bancos y remesadoras, mientras expertos alertan que un endurecimiento excesivo podría empujar a miles de migrantes hacia canales informales, con mayores riesgos de fraude y menor trazabilidad del dinero.
Algunos analistas refieren que el impacto no será inmediato, mientras, otros como los de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) advierten que el impacto sobre las remesas —que representan cerca del 19% del PIB nacional— podría sentirse en cuestión de semanas, y el país no puede permitirse una respuesta lenta o fragmentada.
Como señala un documento dado a conocer por la organización, “la orden menciona explícitamente el riesgo de las tarjetas de identificación consulares extranjeras… utilizadas por miles de guatemaltecos en EE. UU.”, lo que convierte este tema en una prioridad nacional.
Donald Trump pone bajo vigilancia las remesas y endurece controles financieros a migrantes
DIPLOMACIA
El primer paso es diplomático y urgente. Guatemala debe activar de inmediato sus canales de diálogo con el Departamento del Tesoro de EE. UU. para defender la validez de la matrícula consular como documento de identificación aceptado en procesos KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), afirman.
Sin esta defensa, miles de migrantes podrían perder acceso a cuentas bancarias, lo que afectaría de manera directa su capacidad de enviar remesas por vías formales. La diplomacia no puede limitarse a comunicados: requiere presencia técnica, argumentos sólidos y una estrategia de incidencia bien diseñada, aseguran.
En paralelo, el país debe construir una posición regional conjunta. Honduras, El Salvador y México enfrentan riesgos similares, y una postura aislada tendría menos peso en el proceso de consulta pública que se abrirá en los próximos 90 días.
En esto coincide Marcel Arévalo, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Guatemala, quien señala que el reto para el gobierno es anticiparse con programas de atención a retornados, reinserción laboral y generación de empleo decente, además de fortalecer los canales de migración regular no solo con EE. UU. sino también con Canadá, Europa y Asia.
La presión recaerá sobre los consulados, que deberán ampliar su capacidad de asistencia legal e información preventiva. Arévalo insistió en que la respuesta debe ser regional: “La alianza en políticas de atención amerita acciones conjuntas de los países de Centroamérica y el Caribe”.
Fundesa subraya que esta ventana es crítica: es el momento en que Guatemala puede influir —aunque sea parcialmente— en la redacción final de las reformas al Bank Secrecy Act. Una voz centroamericana unificada tendría mayor capacidad de negociación y visibilidad ante los reguladores estadounidenses.
IMPACTO ECONÓMICO
El frente interno también exige acción inmediata. La Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala deben establecer un sistema de monitoreo diferenciado que permita detectar, casi en tiempo real, cualquier desplazamiento de remesas hacia canales informales, analizan.
El efecto ya se nota. Arévalo explicó que la orden introduce dos riesgos inmediatos: un mayor control que puede poner en peligro la situación migratoria de quien envía, y una posible reducción en los montos o la frecuencia de las remesas.
Ante ese escenario, muchos migrantes buscarán vías alternas fuera de la banca y las cooperativas.
De hecho, antes de que entrara en vigor la orden ya se registraba una desaceleración en el crecimiento anual de los envíos. En 2025 las remesas superaron los USD 25 mil millones, USD 4 mil millones más que en 2024, pero la tendencia podría revertirse si se combinan los operativos de ICE en centros de trabajo con el control financiero.
Si esto ocurre sin control, aumentarán los costos, los riesgos de fraude y la pérdida de divisas. El país necesita datos precisos para reaccionar a tiempo, no diagnósticos tardíos cuando el daño ya esté hecho, apunta el informe de la fundación.
Guillermo Díaz, economista de la Universidad Rafael Landívar (URL) señaló que el impacto humano sería inmediato. Migrantes que durante años han sostenido a sus familias mediante envíos mensuales podrían enfrentar mayores costos, retrasos o incluso la imposibilidad de utilizar canales formales.
“En el corto plazo implicaría aumento en los envíos para aprovechar antes que la orden entre en vigencia plena, una vez suceda esto, en el mediano plazo podrían bajar las remesas”, puntualizó Díaz.
HACIA LA DIGITALIZACIÓN
Los consultados sugieren que Guatemala debe fortalecer la inclusión financiera de los receptores de remesas. Ampliar el acceso a cuentas bancarias formales, digitalizar procesos y reducir la dependencia del efectivo no solo protege a las familias; también mejora la trazabilidad y la resiliencia del sistema financiero ante posibles disrupciones en EE. UU. Este es un momento para acelerar reformas pendientes, no para posponerlas.
Otro componente clave es apoyar a las operadoras de remesas guatemaltecas que operan en territorio estadounidense. Estas empresas deberán reforzar sus programas de cumplimiento KYC para evitar cierres de cuentas o sanciones derivadas de la advertencia.
El MINEX y la SIB pueden desempeñar un papel crucial facilitando la actualización de documentación y acompañando técnicamente a estas entidades en el proceso de adaptación regulatoria.
Para Arévalo, el golpe no será inmediato, pero sí profundo en el próximo quinquenio. “Las consecuencias serían muy significativas para las familias beneficiarias acá y también para la macroeconomía”, advirtió.
Díaz por su parte, añade que los migrantes podrían optar por soluciones Fintech (aplicaciones financieras desde dispositivos móviles), aunque estas también implicarán un costo adicional para los envíos de remesas.
Según los expertos, los guatemaltecos en Estados Unidos están abandonando las agencias físicas de envío de dinero para usar aplicaciones digitales que reducen costos y tiempos. Plataformas como Remitly, Wise y Xoom permiten transferir desde USD 3 a USD 7 por envíos de USD 300, frente a los USD 15 a USD 25 que cobran bancos y casas de cambio tradicionales.
El dinero llega en minutos a cuentas bancarias y puntos de retiro en Guatemala, con seguimiento en tiempo real y sin necesidad de acudir a una sucursal. El cambio se aceleró con la llegada de billeteras digitales y stablecoins. Apps como Strike, Airtm y DolarApp usan redes de criptomonedas para mover dólares al instante y con comisiones cercanas a cero.
El receptor recibe los fondos en dólares o quetzales directamente en su teléfono, evitando el sistema bancario tradicional. Estas opciones ganaron fuerza desde el año 2025, cuando se anunció un impuesto del 3.5% a los envíos en efectivo desde EE.UU., empujando a miles de familias a buscar alternativas formales, pero más flexibles, anotan.
REPENSANDO LAS REMESAS
Las remesas sostienen el consumo de millones de hogares guatemaltecos y cualquier caída sostenida se traduciría en menor demanda interna, menos inversión local y presión sobre el tipo de cambio.
Analistas y calificadoras de riesgo país han señalado que el influjo de remesas tiene también un lado negativo, al crear dependencia y no favorecer la creación de condiciones económicas locales que permitan la prosperidad y el crecimiento.
La conclusión es que, si Guatemala no diversifica sus opciones laborales y reduce su dependencia de las remesas, corre el riesgo de ver cómo millones de dólares se van a canales informales y cómo sus familias pierden el principal soporte económico que ha sostenido al país en la última década, afirman.
MONITOREO Y DIÁLOGO
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex),desde su competencia mantendrá un monitoreo respecto de las disposiciones que emita el Departamento del Tesoro en los próximos 60 días.
Agregó que sostendrán un diálogo diplomático con las autoridades estadounidenses con el objetivo de conocer el impacto macroeconómico que cualquier restricción tendría sobre las familias y la economía.
El Minex, agregó que estas medidas requieren cautela para anticipar los impactos, considerando que una proporción significativa de los hogares guatemaltecos en EE. UU. presenta condición migratoria mixta. Esto permite apoyarse en familiares con estatus regular para continuar realizando envíos.
Esta nota se actualizó con la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores el viernes 22 de mayo a las 9.53 horas.
LHEconomía consultó a la Superintendencia de Bancos respecto de la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump. A continuación sus puntos de vista respecto de la medida.
LHEconomía: ¿Qué evaluación preliminar tiene la Superintendencia de Bancos sobre el posible impacto de las nuevas disposiciones en Estados Unidos para el flujo de remesas hacia Guatemala y su canalización por el sistema bancario formal?
SIB: La evaluación preliminar indica que el principal efecto de estas medidas sería un proceso de envío de remesas más lento, debido a la exigencia de nuevos requisitos de documentación. Sin embargo, no se visualiza un freno significativo en los flujos de dinero provenientes de Estados Unidos hacia Guatemala.
Por el contrario, incluso podría observarse un aumento en el envío de remesas en las próximas semanas, considerando que la medida del presidente Trump establece un plazo de 90 y 180 días para que el Secretario del Tesoro y los reguladores financieros federales estadounidenses definan las nuevas disposiciones aplicables.
El impacto se reflejaría principalmente en el aumento de tiempos de procesamiento y costos operativos, ya que bancos y remesadoras en Estados Unidos tendrían que ajustar sus sistemas de control.
Esto implicaría que transacciones que antes se procesaban en plazos cortos ahora requieran revisiones más prolongadas cuando el origen de los fondos no esté claramente documentado, generando un aumento en los costos que usualmente se traslada al usuario final.
El reto para Guatemala es asegurar que los migrantes en Estados Unidos continúen utilizando canales formales y no migren hacia vías informales, que son más costosas y riesgosas.
LHEconomía: ¿Existe el riesgo de que las entidades financieras internacionales o bancos corresponsales adopten políticas de de-risking (práctica en la que los bancos o instituciones financieras deciden cortar o limitar relaciones con ciertos clientes)?
SIB: El riesgo se mantiene latente. El endurecimiento de los controles regulatorios en materia de prevención de lavado de dinero y verificación de clientes puede llevar a que estas instituciones reduzcan o eliminen relaciones con bancos o remesadoras percibidas como de mayor riesgo o difíciles de supervisar.
Por ello, para mitigar el de-risking, se considera fundamental la aprobación por parte del Congreso de la República de la iniciativa de Ley 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Esta normativa permitiría que Guatemala se alinee con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Una jurisdicción que cumple con estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo genera mayor confianza en inversionistas, comerciantes y entidades financieras extranjeras.
LHEconomía: ¿Qué acciones se podrían impulsar desde la Superintendencia de Bancos para fortalecer la inclusión financiera de los receptores de remesas ante posibles mayores requisitos de identificación o verificación de datos?
SIB: Desde 2019, la Superintendencia de Bancos ha apoyado, dentro de su ámbito de competencia, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, coordinada por el Banco de Guatemala y con participación del Ministerio de Economía.
El objetivo de esta estrategia es ampliar y mejorar el acceso y uso de productos y servicios financieros en distintos segmentos de la población guatemalteca, especialmente en aquellos que aún no están integrados al sistema financiero.
Las entidades del Estado, junto con el sector privado financiero y gremiales, participan en mesas técnicas de trabajo, entre ellas las de ahorro, educación financiera y protección al usuario de productos y servicios financieros. En estos espacios se impulsa la promoción del ahorro y el uso de servicios financieros en familias receptoras de remesas.
LHEconomía: ¿Ha establecido la Superintendencia de Bancos algún tipo de coordinación o diálogo con reguladores internacionales o entidades estadounidenses para anticipar ajustes regulatorios que puedan afectar al sistema bancario guatemalteco?
La orden ejecutiva fue publicada el 19 de mayo e instruye al Secretario del Tesoro y a los reguladores financieros federales a preparar cambios regulatorios en plazos de 90 y 180 días. Por lo tanto, aún no se conocen con precisión los nuevos requisitos ni su nivel de severidad.
Sin perjuicio de ello, la Superintendencia de Bancos cuenta con herramientas de supervisión e inspección, así como acuerdos de colaboración que permiten, de ser necesario, coordinar acciones conjuntas con reguladores internacionales para evaluar medidas que puedan requerirse en el futuro.
