La Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, compartió un pronunciamiento de personas expertas de la entidad internacional, en la que muestran preocupación por la posible participación de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, en un caso de posibles adopciones ilegales de menores indígenas desaparecidos forzosamente.
El escrito menciona que recibieron información sobre al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales, producto de haber sido institucionalizados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez”, el cual fue dirigido por Consuelo Porras.
De acuerdo con el informe, los menores habrían sufrido desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala, lo cual calificaron de sumamente preocupante.
“Nos preocupa especialmente que no se haya llevado a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas”, indicaron las personas expertas de la ONU.
Según lo indicado, los expertos pidieron investigaciones independientes sobre las alegaciones de que en estos procesos de adopciones ilegales internacionales estuvieron involucrados funcionarios públicos, incluyendo a Consuelo Porras, quien fungió como directora de la entidad y tutora legal de los menores del 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.
En línea con lo anterior, las personas expertas explicaron que las adopciones ilegales pueden ocurrir mediante una serie de actos ilícitos o prácticas ilegales, incluyendo el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio financiero indebido para los intermediarios.
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PREOCUPACIONES
De esta cuenta, las personas expertas de la ONU señalaron que actualmente se está llevando a cabo un proceso de elección de autoridades judiciales, por lo que instaron a los actores a ejercer cautela ante las graves alegaciones, que aún no han sido investigadas.
Derivado de ello, recordaron que Porras se postula actualmente para la elección de Corte de Constitucionalidad y podría ser nominada para reelección como Fiscal General esta semana.
Por ello, indicaron que todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se lleve a cabo una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones
“Las víctimas tienen derecho a acceder a todos los remedios disponibles según el derecho internacional y nacional, incluidos los mecanismos judiciales y no judiciales, las iniciativas de búsqueda de la verdad, los procesos penales, las reparaciones y las garantías de no repetición”, sostuvieron.
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Las personas expertas remarcaron que el Estado tiene la obligación, según el derecho internacional de los derechos humanos, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones relacionadas con las adopciones ilegales internacionales y las desapariciones forzadas, y de garantizar que las víctimas y sus familias puedan ejercer plenamente sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
SIN POSTURA
La Hora buscó una postura con el Departamento de Información y Prensa del MP, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
FISCAL GENERAL NO LOGRA VOTOS
La Fiscal General busca refugiarse en la alta Corte para buscar el blindaje que le otorga la inmunidad, según analistas, por lo cual presentó su expediente como candidata ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); sin embargo, el rector de esta casa de estudios rompió la alianza con Consuelo Porras.
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El CSU, en el que el rector Walter Mazariegos cuenta con una mayoría de consejeros afines, con el plazo para ejercer esa función ha vencido, eligió a Julia Rivera como magistrada titular y a Luis Aguirre Pumay como suplente, ambos cercanos a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Sin embargo, Consuelo Porras también buscaría ser electa como magistrada del Tribunal Constitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
