El próximo año, Guatemala enfrentará una serie de cambios en las autoridades de distintas instituciones claves para el funcionamiento del Estado, por lo cual, abogados de entidades internacionales e independientes visitarán el país para seguir de cerca los procesos de designación.
Los procesos de elección iniciaron con la convocatoria realizada por el Congreso de la República para la conformación de la Comisión de Postulación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Sin embargo, este no es el único proceso, ya que, también se deberá renovar la Corte de Constitucionalidad (CC), designar fiscal general del Ministerio Público (MP), elegir rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), así como titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y autoridades de la Superintendencia de Bancos y Banco de Guatemala (Banguat).
Estos procesos de designación de autoridades serán vistos de cerca por abogados de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Panel de Personas Expertas Independientes para el proceso de Guatemala (PEI-GT) y la Misión de Observación de la Unión Europea (UE).
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MISIÓN DE LA OEA
A solicitud del gobierno de Bernardo Arévalo, el secretario de la OEA, Albert R. Ramdin, anunció el 12 de septiembre pasado, el despliegue de una nueva Misión Especial, la cual forma parte del despliegue que realizó la Organización en 2024 para la observación de los procesos de elección de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones.
La Misión arribó a Guatemala en mediados de noviembre para reunirse con las autoridades que designan autoridades, así como con los miembros de las Comisiones de Postulación que analizarán los perfiles de las personas que aspiran a ocupar los cargos.
Derivado de las reuniones, los observadores de la entidad continental compartieron un primer informe, en el que afirmaron que los actores involucrados en los procesos deben respetar los plazos establecidos en la Constitución y las leyes nacionales.
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Por ello, la misión de la OEA emitió un informe preliminar 14 de noviembre, en el que señaló la importancia de la ciudadanía en los procesos, por lo cual, pidió al Ministerio Público (MP), a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, a no hacer un uso indebido del derecho penal, acciones disciplinarias o administrativas y campañas de estigmatización como herramientas para inhibir la participación o castigar decisiones adoptadas con independencia.
También, resaltó que el Consejo Superior Universitario (CSU) debe ser renovado, ya que más de 30 miembros vencieron el plazo por el que fueron electos, y que su intervención goce de legitimidad ante la comunidad universitaria y la sociedad guatemalteca.
Estos son los abogados que integran la misión de observación de la OEA.
María Paulina Aguirre, originaria de Ecuador, es una abogada, que se ha desempeñado en el cargo de magistrada y presidenta de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador.
Carlos Ayala Corao, originario de Venezuela, es un abogado especializado en derecho constitucional y derechos humanos, que actualmente preside la Comisión Internacional de Juristas. Anteriormente, se desempeñó como presidente y comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Marcela Ríos Tobar, originaria de Chile, es una socióloga y politóloga, que se ha desempeñado como directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, además, ejerció como ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile.
PEI-GT
Asimismo, del 11 al 14 de noviembre, el PEI-GT hizo su primera visita a Guatemala, con el cual señaló que existen temores por parte de la ciudadanía ante una posible criminalización desde el ente investigador de los aspirantes a los cargos, al mismo tiempo que resaltó la falta de renovación del CSU de la USAC.
Estas son las personas que integran el PEI-GT:
Ana Lorena Delgadillo Pérez, originaria de México, es una abogada y defensora de derechos humanos, quien estuvo a cargo de la creación y dirección de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), al mismo tiempo que ha laborado en temas de desapariciones forzadas, feminicidios, autonomía judicial y acceso a la justicia para personas migrantes
José Ugaz, originario de Perú, es un abogado y académico especializado en derecho penal y temas anticorrupción, que laboró como procurador ad hoc en el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori, que presidió Transparencia Internacional y Proética, y que, actualmente, es miembro del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana.
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Jaime Arellano, originario de Chile, es un abogado y académico con experiencia en gestión y política judiciales, que ha fungido como viceministro de Justicia de Chile, y dirigió el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y actualmente es secretario ejecutivo de varias misiones internacionales de observación de procesos de justicia en México, Honduras, Ecuador, Perú, así como la del PEI-GT.
Durante la presentación del informe preliminar del PEI-GT el pasado 14 de noviembre, Delgadillo hizo un llamado en el que indicó que “este es su proceso, defiéndanlo, aduéñense, recuperen Guatemala”.
También, sostuvo que lo que ocurra en 2026 “va a definir el futuro de la democracia, el Estado de derecho y de las libertades” y que la sociedad debe implicarse para evitar que los procesos de segundo grado, los cuales históricamente han sido opacos, vuelvan a cerrarse sobre sí mismos.
“De esto depende que las mujeres vivan menos violencia, que se haga justicia cuando son víctimas; de esto depende que cuando las comunidades son desalojadas tengan órganos que los puedan defender; de esto depende combatir la delincuencia organizada en el país”, sostuvo.
UE
Asimismo, el 9 de octubre, el presidente Arévalo solicitó a la Unión Europea una misión de observación para los procesos de elección de 2026, por lo cual, a finales de noviembre de 2026, se hizo presente un grupo de expertos para mantener reuniones con los actores que tienen participación en las designaciones.
Esta misión está integrada de la siguiente forma:
Jukka Pietikäinen, de origen finlandés, es un diplomático que ha fungido como Embajador de Finlandia en Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Ecuador.
También, laboró como representante plenipotenciario de Finlandia ante la Comunidad del Caribe (Caricom), director para América Latina y el Caribe en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y Cónsul General de Finlandia en Nueva York, así como ministro Consejero en la Embajada de Finlandia en México y Asesor Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) en Colombia.
Idoia Aranceta, originaria de España, es una consultora internacional especializada en procesos electorales, que cuenta con más de 25 años de experiencia en observación electoral internacional y asistencia técnica, ya que ha liderado más de 20 misiones electorales de la Unión Europea.
También, fue miembro de la Comisión Nacional Electoral de Bosnia y Herzegovina y jefa de la Unidad Técnica de Apoyo Electoral de la Misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
En Guatemala integró la Misión de Seguimiento de la Unión Europea de 2025, la Misión de Observación Electoral de la UE en 2015 y la Misión Exploratoria de la UE en 2007.
Emmanuel Daoud, originario de Francia, es un abogado especializado en derecho penal internacional, derechos humanos, anticorrupción y litigio estratégico, miembro del Colegio de Abogados de París desde 1988, en donde ejerció el cargo de Secretario de la Comisión Penal y de la Comisión de Investigación (2015-2018), y además, está habilitado para actuar ante la Corte Penal Internacional desde 2005.
El profesional del derecho ha participado en misiones internacionales de investigación y observación con organizaciones como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), y también ha asesorado a organizaciones de sociedad civil y organismos multilaterales en casos de crímenes de guerra, corrupción transnacional y protección de defensores de derechos humanos.
Ángel Llorente, originario de España, es un abogado especializado en cooperación jurídica internacional y derecho penal, quien se ha desempeñado como magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y consejero de Cooperación Jurídica en la Embajada de España en Rabat.
El letrado también ha fungido como director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia de España; así como secretario general adjunto de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia y miembro de la Junta Electoral Provincial.
Además, se ha desempeñado como profesor universitario de derecho penal y administrativo, autor de diversas publicaciones y experto en misiones de cooperación jurídica internacional, participando en proyectos de fortalecimiento institucional y reforma del sector justicia en el marco de la política exterior española.
