La Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca (CDAG) informó, este sábado 6 de diciembre, que en Asamblea General se tomó la decisión de declarar como non gratos y “enemigos del deporte” a un grupo de 24 diputados que impulsan la iniciativa de ley 6690, que busca la intervención de la entidad ante la paralización de proyectos como la remodelación del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.
La Asamblea General de la CDAG calificó las acciones de los congresistas como irresponsables, ya que atentan contra la Constitución, puesto que irrespetan y buscan violentar la autonomía del deporte federado.
También recordó que como ente autónomo, no puede ser intervenido bajo ninguna causa, por lo cual recordó la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad (CC) del expediente 3174-2010 del 17 de septiembre de 2010.
En dicha resolución, la alta Corte indicó: “Que los entes a los que les fue conferida autonomía por medio de la Constitución como lo son la Escuela Nacional de Agricultura, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la CDAG y el Comité Olímpico Guatemalteco, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Banco de Guatemala, el Ministerio Público y los Municipios del país, no puede ser objeto de intervención administrativa por ninguna causa”.
CDAG denuncia a diputados por intentar intervenir institución; acción es remitida a CSJ
En esta misma línea, rechazaron categóricamente el proyecto de ley, ya que, a su criterio, es inconstitucional y viola el artículo 92 de la Constitución.
A su vez, remarcaron su compromiso de mantenerse unidos y firmes en defensa de la autonomía del deporte federado, los atletas, las Federaciones, y Asociaciones Deportivas Nacionales y todo el Sistema del Deporte Federado Nacional.
Además, mencionó el artículo 381 del Código Penal, indica: “Violación a la Constitución. Será sancionado de tres a diez años: 1o Quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar o sustituir, total o parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional”, por lo cual, afirmaron que se debe deducir las responsabilidades penales de los congresistas.
Esta es la lista de congresistas que declararon “non gratos”:
Gustavo Adolfo Cruz Montoya
Karina Alexandra Paz Rosales
Fidencio Lima Pop
Evelyn Oddeth Morataya Marroquín
Brenda Marleny Mejía López
Jairo Daniel Orellana Sandoval
Darwin Alberto Lucas Paz
Sonia Marina Gutiérrez Raguay
Alma Luz Guerrero De La Cruz
Sergio David Arana Roca
Pablo Leonel Cifuentes Ovalle
Darwin Edgardo Ramírez Cameros
Luis Fernando Aguirre Estrada
Raúl Antonio Solórzano Quevedo
Esduin Jerson Javier Javier
Neri René Mazariegos López
Jeovanni Omar Domíguez Orozco
Herman Otoniel Echeverría Casado
Marco Aurelio Mejía Alfaro
Alberto Eduardo de León Benítez
Byron Leónidas Tejada Marroquín
Ivanna María Luján Padilla
César Augusto Fisión Morales
Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo
EL CASO
Derivado de los retrasos en el proyecto para la renovación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, la diputada Karina Flores, junto con un grupo de congresistas, presentaron una iniciativa de ley para intervenir en la unidad ejecutora a cargo del proyecto, la CDAG.
Paz explicó que la medida buscaba dar una respuesta frente a la corrupción que mantiene «paralizado» el deporte nacional.
El proyecto de ley busca que el Presidente designe a un interventor único, quien deberá ser “una persona honorable y con experiencia en el ámbito deportivo”, para revisar todas las federaciones y asociaciones deportivas del país y contará con un plazo de un año para elaborar una propuesta de reforma de ley al deporte nacional.
Karina Paz presenta iniciativa de ley para intervenir “inmediatamente” la CDAG
Posteriormente, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) deberá presentar esa nueva propuesta al Congreso, quienes en un periodo de cinco años deberán presentar una nueva Ley del Deporte para dar fin a la intervención.
Derivado de ello, la CDGA presentó una solicitud de retiro de inmunidad en contra de los congresistas, la cual fue remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
