Este lunes 10 de noviembre, el presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto Número 11-2025 del Congreso de la República, “Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados mara o pandillas”, con el que declaró al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) como grupos terroristas.
Aunque preliminarmente la normativa buscaba añadir al Cártel de los Soles y el Tren de Aragua como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas, finalmente los diputados únicamente incluyeron en la lista al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.
Sin embargo, el artículo 2 del Decreto 11-2025, establece que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrá ampliar la lista de organizaciones terroristas, a solicitud del Ministerio Público (MP).
Ley antipandillas, sancionada por el Presidente Arévalo, es publicada en el diario oficial
CSJ PODRÁ AMPLIAR LISTA
El artículo 2 de la referida normativa establece que se entenderá como maras o pandillas a los grupos que cuentan con una “jerarquía, disciplina interna, mecanismos de control de presencia, estructura territorial, identidad grupal, sentido de pertenencia, cuya organización se conforma de clicas, células o unidades básicas de 3 o más integrantes que operan en un área geográfica determinada, y cuya actividad principal consiste en la comisión de hechos delictivos, utilizando el terror en contra de la población como medio de coacción”.
De esta cuenta, la normativa declaró al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, junto con sus clicas y subgrupos, así como a los demás grupos existentes o que surjan de acuerdo a la descripción anteriormente realizada.
Para la designación como maras o pandillas a otros grupos que existan o surjan, la normativa establece que el fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) deberá realizar el requerimiento ante la CSJ, la cual resolverá por medio de la Cámara Penal conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Competencia Penal en Proceso de Mayor Riesgo.
De acuerdo a la normativa, la solicitud presentada por el Fiscal General deberá contar con informes de seguridad, inteligencia y análisis criminal de las entidades competentes para fundamentar el requerimiento.
Al ser otorgada la designación, la resolución y el nombre de la organización designada como organización terrorista, será publicada sin costo y de forma inmediata en el Diario Oficial y canales oficiales de Gobierno, según explica la normativa.
Esta designación estará vigente por un periodo de cinco años, pero el Decreto 11-2025, establece que podrá ser prorrogada por iguales períodos.
También, detalla que la designación será sujeta a revisión del Fiscal General ante la CSJ, a través de la Cámara Penal.
LA LEY
En 2020, el entonces presidente Alejandro Giammattei presentó ante el Congreso una ley para declarar a las pandillas como organizaciones terroristas, sin embargo, la normativa no avanzó, a pesar de que los diputados de Vamos, Allan Rodríguez y Shirley Rivera presidían el Organismo Legislativo.
Durante la X Legislatura, el jefe de bloque de Vamos, Allan Rodríguez, y la facción de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que responde a Sandra Torres, presionaron al oficialismo para la aprobación de la normativa, ya que aseguran que hubo un aumento en los crímenes perpetrados por las pandillas.
Luego de varias discusiones y retrasos, el Congreso avanzó con la aprobación de la normativa, sin embargo, fueron presentadas distintas enmiendas que cambiaron lo propuesto inicialmente dentro de la normativa.
De esta cuenta, los diputados aprobaron reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, al Código Penal y al Código Procesal Penal para aumentar penas en contra de los miembros de las organizaciones terroristas.
Departamento de Estado de EE. UU. designa al Barrio 18 como organización terrorista
De igual forma, la normativa faculta al Ministerio de Gobernación (Mingob) iniciar la adquisición de equipo táctico destinado a la División contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) por un costo de Q200 millones.
Además, establece el plazo de un año, para que el gobierno de Arévalo construya un centro de detención específico para integrantes de maras, pandillas y grupos criminales, transnacionales y terroristas.
