Diputados electos con el partido Movimiento Semilla accionaron contra el juez “A” del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, y la agente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Leonor Morales Lazo, tras la decisión del juzgador de declarar la “nulidad absoluta” de la agrupación política que los llevó al Congreso de la República.
Este lunes 10 de noviembre, congresistas de Semilla se presentaron ante la Junta de Disciplina Judicial para presentar una queja contra el juzgador con el fin de que sea destituido del cargo.
La diputada Victoria Palala afirmó que Orellana es un juez «golpista» y «corrupto» que ha atentado en contra de la democracia y la voluntad del pueblo, ya que recientemente declaró la «nulidad absoluta» de Semilla, pese a que las resoluciones emitidas en materia electoral se encuentran fuera de su jurisdicción y son competencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El congresista José Carlos Sanabria detalló que Orellana también desobedeció la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) que confirmó los resultados electorales, por lo cual los magistrados tuvieron que reafirmar la sentencia para frenar los «intentos golpistas».
«El pueblo está cansado y jueces como Fredy Orellana solo manipulan la ley, ni los fiscales de Consuelo Porras, ni Fredy Orellana, pueden seguir usando la justicia para su beneficio», indicó Palala.
Hasta el pasado 5 de noviembre, Supervisión General de Tribunales (SGT) sumaba al menos tres denuncias en contra del juzgador, incluyendo una acción presentada por el presidente Bernardo Arévalo, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y diputados de Semilla.
ACCIONAN ANTE LA PDH
Asimismo, los diputados oficialistas se apersonaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para presentar una denuncia en contra de la fiscal Morales Lazo, tras solicitar la nulidad absoluta de Semilla.
Lo anterior, a pesar de que Morales Lazo conocía que la decisión no se podía tramitar ni resolver por la vía judicial, por lo que accionó en contra de los principios de supremacía constitucional, legalidad, objetividad e imparcialidad que rigen el ejercicio de la función pública del ente investigador.
«En contravención de los Derechos Humanos protegidos por nuestro ordenamiento jurídico relativos al derecho a elegir y ser electos, el derecho a la democracia y la soberanía popular, el derecho al debido proceso y el derecho a la representación política», indica la denuncia.
ESTO OCURRIÓ
El pasado 24 de octubre, el juez Orellana envió oficios al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Congreso, en los que informó que declaró la nulidad “absoluta” del Comité Pro Formación y el partido Movimiento Semilla, tras una solicitud de la FECI, a cargo de Rafael Curruchiche, por la supuesta “comisión delictiva” al momento de crear la organización política.
Arévalo convoca a la OEA ante intento de golpe de Estado por el que señala a Porras y Orellana
Derivado de ello, el presidente Bernardo Arévalo dio a conocer sobre la amenaza de un intento de Golpe de Estado por parte de la fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, y el juez Orellana, ya que la decisión buscaba ordenar al TSE distorsionar los resultados electorales de 2023, y con ello, motivar la destitución inconstitucional de un alcalde, 23 diputados y el binomio presidencial.
Ante ello, los abogados Edgar Ortíz y Gregorio Saavedra presentaron una debida ejecutoria a la sentencia dentro del expediente 6175-2023, en la cual, la CC confirmó los resultados de las elecciones.
De esta cuenta, la alta Corte advirtió al Juez Orellana por la posible comisión del delito de prevaricato, ya que afirma que “toda autoridad” debe dar cumplimiento a la última etapa del proceso electoral, la protección de la democracia y los derechos políticos de los guatemaltecos.
¿Por qué advirtió la CC al juez Fredy Orellana por posible prevaricato? Esto dice la resolución
También, los magistrados del Tribunal Constitucional recordaron al ente investigador que la investigación que realicen no tendrá el alcance de trastocar ni enervar los resultados y “ulteriores efectos del proceso electoral, ni del sistema democrático”.
Derivado de la resolución del Juez Orellana, el presidente Arévalo, la Junta Directiva del CANG, así como diputados del oficialismo han presentado denuncias en contra del juzgador.
