El presidente Bernardo Arévalo pidió a la Corte Suprema de Justica (CSJ) la destitución del Juez Orellana por el intento de Golpe de Estado. Foto La Hora: Alejandro Ramírez
El presidente Bernardo Arévalo pidió a la Corte Suprema de Justica (CSJ) la destitución del Juez Orellana por el intento de Golpe de Estado. Foto La Hora: Alejandro Ramírez

El presidente Bernardo Arévalo solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la destitución del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, por el intento de golpe de Estado que busca ejecutar junto con la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, y la “alianza criminal”, al motivar la destitución inconstitucional de funcionarios electos con el partido político Movimiento Semilla.

De acuerdo al mandatario, Porras, Orellana y sus “demás patéticos conspiradores” han creado un contexto de terror para abrirse camino y hundir al país, por lo cual han usado procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos, a la vez que han intentado desmotivar la defensa de la democracia y procurando obtener falsas confesiones y denuncias como instrumento para un golpe de Estado.

Según el Presidente, han capturado a Héctor Chaclán, Luis Pacheco, José Rubén Zamora, y Eduardo Masaya, provocado el exilio y tortura de periodistas y operadores de justicia, y para completar su cooptación, intentaron manipular el proceso electoral de 2023, impidiendo la inscripción de candidatos legítimos, comprando apoyo de alcaldes y líderes locales, intentando comprar votos.

El mandatario explicó que “cuando todo falló”, hicieron hasta lo imposible para intentar impedir la toma de posesión, a la vez que indicó que están tan decididos a hundir el país que terminaron por declarar la guerra al país, al intentar destruir las elecciones, la libertad y la democracia, con una embestida judicial mediante elecciones ilegales, que buscan impedir el rescate a las instituciones democráticas, crear condiciones para corromper los procesos de elección de órganos de justicia y control previsto para 2026, además de enterrar la posibilidad deleciones libres y justas en 2027.

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“Pero el pueblo valiente de Guatemala, que les puso un alto en 2023, lo hará de nuevo. Pueblo de Guatemala, Consuelo Porras y Fredy Orellana son enemigos de nuestro país. Son los obstáculos centrales a la lucha contra la corrupción, como lo reconoce la sociedad guatemalteca y el mundo que los ha declarado proscritos”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que Porras y Orellana solo son la cara visible de una mafia corrupta, golpista y autoritaria y de una alianza criminal que se siente amenazada por un gobierno que únicamente obedece al mandato democrático otorgado por el pueblo en elecciones libres y transparentes.

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LLAMADOS

De esta cuenta, Arévalo aseguró que tienen el apoyo de democracias aliadas y socios estratégicos, así como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y las Naciones Unidas que han apoyado constantemente la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

En esta línea, hizo un llamado a la comunidad internacional a no desviar su atención del golpe de Estado que se pretende llevar a cabo “ahora mismo en Guatemala”

También, resaltó que solicitó al secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, sustentada en la Carta Democrática Interamericana, en la cual expondrán ante las naciones del continente americano las graves amenazas a la Constitución Política de la República de Guatemala y la democracia perpetradas por la Fiscal General y el juzgador.

“Pueblo de Guatemala, ha llegado el momento de actuar con firmeza. No podemos permitir que un juez como Freddy Orellana siga atentando contra la Constitución y la voluntad popular expresada en las urnas. Su conducta constituye una violación grave al orden constitucional y una amenaza directa a nuestra democracia”, indicó.

Durante su mensaje, también exhortó a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que garantice la debida ejecutoria del amparo que protegió los resultados electorales de 2023, incluyendo la aplicación de todas las medidas que hagan cumplir la resolución.

En línea de lo anterior, sostuvo que Guatemala no puede ser rehén de quienes usan la toga para servir a la corrupción, por lo que indicó que es hora de defender la democracia con decisión y sin titubeos.

De esta cuenta, hizo un llamado multisectorial, en donde incluyó a la población en general, prensa, instituciones académicas, funcionarios judiciales y del Ejecutivo, así como a los diputados del Congreso para unirse en un momento histórico en el que afirmó que no está en juego el gobierno o un partido, sino los cimientos de la democracia y el respeto a la voluntad del pueblo.

Por lo cual, aseguró que actualmente está la oportunidad de dejar atrás al régimen de corrupción que se ha sufrido en el país por décadas, puesto a que se debe de construir una Guatemala que reconozca la dignidad de todas las personas y permita el bienestar en democracia, libertad y con transparencia.

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“Contra quienes buscan hundirnos siempre nos hemos levantado. Nuestra voz debe escucharse con fuerza, no al golpe, no a la corrupción, sí a la democracia, sí a la libertad, sí al respeto a la voluntad soberana del pueblo de Guatemala”, subrayó.

Engelberth Blanco
Creo en la democracia y apelo por una educación de calidad para todas las personas, el acceso al agua y la tierra.
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