Durante una conferencia este sábado 4 de octubre, el grupo de Autoridades Indígenas y Ancestrales de Iximulew aprobó el veto que en la víspera hizo el presidente Bernardo Arévalo al el Decreto 07-2025 del Congreso de la República, Ley Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), conocida como Ley de Codedes.
“Saludamos y valoramos el veto presidencial Decreto 7-2025; pedimos a la población, no dejarse manipular por alcaldes y diputados, que hacen su esfuerzo de aprovechar e impulsar acciones populistas, más no objetivas para el desarrollo de las comunidades”, indicaron.
También, las autoridades indígenas señalaron que la acción del Organismo Ejecutivo no solo es por las inconsistencias e inconstitucionalidades y por el atentado contra los procedimientos administrativos, sino también por intentar concentrar recursos en un año preelectoral.
De acuerdo con las comunidades indígenas, lamentablemente los proyectos para las comunidades estarán politizados, condicionados y manipulados como botín y clientelismo electoral.
VETO
El pronunciamiento de las autoridades indígenas se da luego del anuncio del presidente Arévalo sobre el veto al Decreto 7-2025, el cual buscaba entregar fondos no ejecutados del Presupuesto 2025 de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Cocodes) durante el próximo año,y la aprobación de proyectos de infraestructura sin mayores estudios técnicos.
Arévalo veta el decreto 07-2025 Ley de Codedes «en defensa de transparencia y estabilidad fiscal»
“Debemos contar con presupuestos sólidos, éticos y centrados en el bienestar del pueblo, pero también ejecuciones que nos permitan recobrar la confianza en el Estado”, indicó el gobierno de Guatemala, en un comunicado en el que también sostienen que el Estado ha estado sometido a redes de corrupción que han agravado las condiciones de bienestar de la ciudadanía.
En el escrito, la administración Arévalo advirtió que la normativa aprobada por el Legislativo contiene vicios de inconstitucionalidad que violan los artículos 2, 119, 154, 171 b) y 238 de la Constitución.
El anuncio se dio después de una serie de pedidos a Arévalo para vetar la normativa, entre las que se incluyen la de las organizaciones académicas como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), así como sectores empresariales como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y el Consejo Nacional Empresarial (CNE).
DEMANDAS
De la misma forma, las autoridades indígenas mostraron preocupación por la carga tributaria del 12% impuesta a la alimentación escolar que contiene el Decreto 31-2024, por lo cual exigieron a los diputados reformar el artículo 13 de la normativa y exonerar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del que están sujetas las Organizaciones de Padres de Familia (OPF).
“Nos avergüenza que en lugar de fortalecer e incrementar el monto económico de Alimentación Escolar, estén atentando contra la salud, la seguridad alimentaria y el acceso a la alimentación digna para la niñez guatemalteca”, indicó.
Al mismo tiempo, recordaron el incidente ocurrido en la Cumbre de Alaska, en octubre de 2012, o “Masacre de Alaska”, en el que murieron indígenas de los 40 Cantones de Totonicapán, por lo cual exigieron que se haga justicia y se reparen los daños y perjuicios contra las familias de las víctimas y los sobrevivientes.
También, indicaron que existe preocupación por la falta de atención en la recuperación de las competencias contempladas en el Currículum Nacional Base, ante los efectos de los más de 100 días de pérdida y abandono de labores por parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), por lo cual pidieron al Ministerio de Educación (Mineduc) implementar con claridad el plan de recuperación para los alumnos.
Además, señalaron que defender el Estado de Derecho y la objeción de conciencia no es delitos, por lo cual exigieron la inmediata libertad de los presos políticos, incluyeron a los líderes comunitarios, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes y operadores de justicia «criminalizados por el Ministerio Público» (MP).
