Este martes 30 de septiembre, el Congreso de la República aprobó en redacción final la iniciativa 5698, sobre las reformas al Decreto 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, junto con una enmienda por adhesión que exceptúa a las iglesias, instituciones benéficas y ventas informales de presentar estudios de impacto ambiental.
Durante la sesión plenaria, el diputado de Visión con Valores (Viva), Edín Mejía, presentó una moción para que se conociera la iniciativa 5698, la cual fue aprobada con 98 votos.
De igual forma, el congresista, junto con los diputados de Valor, Elmer Palencia, Sandra Joviel y Ernesto Bran Colindres; de Viva, Obbed Ediberto Castañasa Mendizábal; de Vamos, Allan Rodríguez; de Cabal, Nery Rodas; así como el congresista Rodolfo Quezada, entre otros legisladores, presentaron una enmienda por adición para agregar un último párrafo que establece la exoneración de estudios de ambiente para las iglesias, instituciones benéficas y ventas informales, el cual fue aprobado con 83 votos.
LA NORMATIVA
El artículo que se hace referencia dicho párrafo propuesto por los congresistas establece una reforma al artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, por lo que, la normativa quedará de la siguiente forma:
«Artículo 8. Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad comercial que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional será necesario, previamente a su desarrollo, un estudio de evaluación del impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por la dependencia respectiva del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Para el efecto se fundamentará en sus respectivos reglamentos, que estipularán: a) el listado taxativo por medio del cual se regulan las categorías de todo proyecto, obra o actividad comercial; b) tipo de instrumento ambiental que Ie corresponde; b) requisitos en cada caso concreto del instrumento ambiental; c) plazo para su cumplimiento; y, d) las sanciones, para quien omita el cumplimiento del estudio de Impacto Ambiental de conformidad con el presente artículo. En caso de no cumplir con este requisito dentro del plazo de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado, en tanto no cumpla.
El funcionario que omitiere exigir el estudio de Impacto Ambiental de conformidad con este Artículo será responsable personalmente por incumplimiento de deberes, así como el particular que omitiere cumplir con dicho estudio de Impacto Ambiental será sancionado con una multa de Q5,000.00 a Q100,000.00. En caso de no cumplir con este requisito en el término de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado, en tanto no cumpla.
Se exceptúan de la aplicación del presente artículo las actividades realizadas por instituciones benéficas, religiosas, los servicios profesionales individuales y las ventas de la economía informal que no emita fluidos y gases contaminantes y sus desechos sólidos sean aceptados por su recolector de basura; estas categorías si están obligadas cuando se trate de nuevas construcciones, ampliaciones o modificaciones en bienes inmuebles. Para el caso de construcción de viviendas, así estas se realizan dentro de un proyecto regularizados, es decir que ya posee un estudio de impacto ambiental, siempre y cuando las construcciones estén comprendidas dentro de lo aprobado en el instrumento, no será necesario presentar otro; en el caso del transporte de carga o de personas, la obligación se refiere a la construcción de estaciones, parqueo o cualquier obra inmueble, no así a la actividad propia de la movilidad”.
También, reformaron el artículo 18 de dicha normativa, para que establezca lo siguiente:
“Artículo 18. El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes, en el plazo de tres meses contados a partir del inicio de la vigencia de la presente ley. Dichos reglamentos deberán contemplar como mínima los aspectos relativos al proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad comercial que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional y otros factores considerados como agresión visual y cualesquiera otras situaciones de contaminación y de interferencia visual, que afecten la salud mental y física y la seguridad de las personas, emitiendo el listado taxativo por medio del cual se regulen las categorías de todo proyecto, obra o actividad comercial, tipo de instrumento ambiental que Ie corresponde, requisitos en cada caso concreto del instrumento ambiental, plazo para su cumplimiento. Para el establecimiento de las sanciones, debe identificarse plenamente el tipo de sanción, incluyendo las relacionadas para quien omita el cumplimiento del estudio de Impacto Ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la presente ley”.
LA DISCUSIÓN
Durante la discusión, la diputada Karina Paz, afirmó que la iniciativa 5698 es inconstitucional, ya que brinda privilegios a las iglesias, organizaciones sin lucro, proyectos estatales y municipales, para que no tengan estudios de impacto ambiental.
El diputado de Viva, Edín de Jesús, argumentó que la normativa establece que no se está “apoyando a un sector”, sino que están apoyando “a más de cinco sectores”.
“Y aquí hemos beneficiado a un solo sector muchas veces, así que esta es una iniciativa noble que va a beneficiar a la única reserva moral que hay en el país, que son las iglesias evangélicas, iglesias católicas, todas las iglesias del país”, indicó.
La diputada oficialista, Mercedes Monzón, calificó la iniciativa 5698 como inconstitucional, a la vez que explicó que es un atentado para el ambiente y para el futuro de la población, ya que se quita la oportunidad de regular las actividades que atenten contra la naturaleza.
Nuevamente, la diputada Karina Paz cuestionó que con la iniciativa 5698 las empresas van a querer quedarse en la informalidad porque así no deberán realizar estudios de impacto ambiental.
Al mismo tiempo, señaló que el artículo 97 de la Constitución establece “Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación”, por lo cual, anunció que presentará una acción de inconstitucional.
El diputado Julio Portillo, argumentó: “no somos minoría. En Guatemala la mayoría de personas creen en Dios, católicos, adventistas, cristianos, y me parece una falta de respeto de la diputada llamar minoría a todos los que profesamos la ley. Número 2, no soy pastor, porque para ser pastor debería de estar inscrito y no podría estar acá, entonces quiero decirles que hoy, ella se está representando como la enemiga de todas las iglesias, porque ella alega a las iglesias que estamos dando un favoritismo, pero quiero decir que estamos defendiendo a todas las iglesias”.
También, aseguró que defendió del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) el caso de una iglesia muy “chiquitita” la cual fue multada con Q50 mil, por ello, aseguró que con la iniciativa estaban respaldando la fe de la población.
De igual forma, la diputada de Elefante, Alexandra Ajcip, se mostró a favor de la iniciativa, asegurando que el Ministerio de Ambiente intentó cerrar una tienda, por lo que afirmó que el gobierno debe cumplir con el cuidado del medio ambiente.
Lucrecia de Palomo, del bloque Unionista, aseguró que a pesar de que se vive en un país capitalista, se ha estado legislando y trabajando contra quienes tienen una empresa pequeña, a las cuales les cuesta realizar los estudios de impacto ambiental.
