El Congreso de la República decidió no aprobar las objeciones presentadas por la bancada oficialista en contra del Decreto 7-2025, Ley Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que otorga más fondos a los Consejos y les permitiría ejecutar sin dictámenes técnicos.
Durante la plenaria de este martes 9 de septiembre, el Congreso conoció las objeciones presentadas por los diputados oficialistas Olga Villalta, Brenda Mejía, Raúl Barrera, Duvalier Castañón, José Carlos Sanabria, Luis Ventura, Victoria Godoy Palala, Alma Luz Guerrero e Ivanna Luján.
Con 36 votos a favor y 91 en contra, el Congreso decidió improbar las objeciones presentadas en contra de la normativa.
De esta cuenta, la normativa será enviada al Ejecutivo, para que el presidente Bernardo Arévalo decida si sanciona o veta la ley que posibilita el uso de fondos del Presupuesto 2025, que no fueron ejecutados por los Cocodes, durante el transcurso del próximo año.
En las objeciones, la diputada Villalta destacó que la normativa genera inseguridad jurídica y retroactividad encubierta al modificar condiciones esenciales de una norma, además, que la medida es arbitraria e irrazonable, contradiciendo a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, y debe considerarse inconstitucional por violar principios de supremacía constitucional y anualidad presupuestaria.
Bancada oficialista presenta nueve objeciones a Decreto 7-2025
En cuanto a Sanabria, explicó que la ley debilita controles de transparencia, y la ejecución presupuestaria sería discrecional, sin plazos y responsabilidades establecidas.
Además, el diputado Ventura cuestionó los nuevos plazos que se pretenden fijar para emitir los dictámenes, mientras que la diputada Victoria Godoy Palala incluyó resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre autorizaciones y el silencio administrativo.
SANABRIA EXPLICA OBJECIONES
Durante la discusión, el diputado oficialista José Carlos Sanabria explicó que presentaron nueve objeciones en contra de la normativa, ya que cuenta con debilidades de redacción que pueden ocasionar serios problemas técnicos y legales.
“Vulnera los principios de irretroactividad de la ley y de certeza jurídica al ampliar el plazo de ejecución de obras sin un aval técnico y financiero que lo respalde. Sin bien, es posible arrastrar recursos de un ejercicio fiscal hacia otro, esto requiere el aval técnico y financiero del Ministerio de Finanzas (Minfin), esto no sucedió en la aprobación del Decreto 7-2025”, indicó.
De acuerdo a Sanabria, la normativa no fue dictaminada por la Comisión de Finanzas, ni mucho menos se requirió la opinión del ente rector, por lo que señaló que legislar de esa forma es muy irresponsable.
También, sostuvo que reducir los plazos en la emisión de los avales tiene sentido, por lo cual como oficialismo, con el fin de tener una ejecución más eficaz, responsable, transparente y que atienda a los problemas de la gente, están de acuerdo con ello, pero recalcó que reducir los plazos sin garantizar mecanismos de control y de transparencia que no resguardan el control de la obra pública, es contraproducente.
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A criterio del congresista, se continúa alimentando las prácticas nocivas que han prevalecido por muchos años en la administración pública.
Según Sanabria, el primer interesado en que la obra pública llegue a todos los rincones del país es el Gobierno, por lo cual sostuvo que todos los instrumentos que se aprueben para facilitar la ejecución de la obra pública deben de ser legislados responsablemente, lo cual indicó que no ocurrió con la aprobación de la referida normativa.
El legislador remarcó que la ley, en lugar de garantizar la obra pública, la pone en riesgo, ya que genera un mal precedente, así como incentivos para que la obra no se construya en los próximos dos años.
ESTOS SON LOS DIPUTADOS QUE VOTARON EN CONTRA
Entre los diputados que votaron en contra de las objeciones figuran diputados de las bancadas Cabal, Todos, Vamos, Elefante, Valor, Nosotros, Partido Unionista y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Esta es la lista completa:
SOLICITAN VETO
El Decreto 7-2025 aprobado por los diputados de los bloques Cabal, Vamos, así como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor, Todos, Elefante y Nosotros ha sido cuestionado por sectores empresariales y organizaciones académicas.
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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), solicitó a Arévalo el veto a la normativa, ya que consideran la agilización de la ejecución presupuestaria no justifica debilitar o suprimir controles establecidos, ni limitar las facultades de las entidades del Estado para emitir resoluciones, avales, autorizaciones, permisos, licencias y demás procedimientos vinculados con la ejecución de los presupuestos o de los procesos de adquisición.
Además, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) y el Consejo Nacional Empresarial cuestionaron la aprobación de la ley y pidieron el veto de la ley.
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