El titular de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Carlos Mendoza, calificó como una irresponsabilidad del Congreso la aprobación del Decreto 7-2025, Ley Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), la cual brinda más fondos a los Consejos y les permitiría ejecutar sin dictámenes técnicos.
Según explicó el jefe de Segeplan, el punto de llevar los recursos de los Codedes del Presupuesto 2025 al próximo año es algo de lo que ya se había hablado en reuniones previas del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), que tuvo el presidente Bernardo Arévalo, con el titular del Ministerio de Finanza (Minfin), Jonathan Menkos, y los alcaldes.
Por ello, el Ejecutivo en el proyecto del Presupuesto 2026 añadió el artículo 55, que establece el uso de los fondos del actual presupuesto para su ejecución el próximo año, explicó Mendoza.
En esta línea, destacó que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) envió un oficio a los alcaldes en el que informó que el Ejecutivo cumplió con la promesa de hacer la solicitud al Congreso, pero también se hizo mención de la preocupación de los artículos que incluye el Decreto 7-2025.
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PREOCUPACIONES
Mendoza explicó que la Segeplan ha manifestado su «profunda preocupación» por la aprobación del Decreto 7-2025, por los riesgos que representa para la calidad, la transparencia y la sostenibilidad de la inversión pública en el país.
Resaltó que la normativa aprobada por el Congreso introduce disposiciones que contradicen las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, debilitando de esta manera los mecanismos técnicos que garantizan que los proyectos de inversión pública cumplan con estudios de prefactibilidad, factibilidad, dictámenes ambientales, de salud, de gestión del riesgo, entre otros.
“Esa aprobación automática de los proyectos. Si no hay un aval, un dictamen o una resolución en el plazo establecido en ese decreto, que es lo que se conoce como el silencio administrativo positivo, tendría un efecto negativo, y es lo que los proyectos podrían darse como aprobados sin contar con los dictámenes técnicos, ni sectoriales”, afirmó en declaraciones a medios, ofrecidas el viernes 5 de septiembre al finalizar la reunión del Conadur.
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El titular de Segeplan afirmó que no se podría garantizar el diseño o la calidad de implementación de los fondos, por lo que pone en riesgo la vida y la salud de las personas, porque podría darse por automático la aprobación de obras importantes de infraestructura como puentes, carreteras, escuelas, hospitales, centros de salud.
RECOMENDACIÓN AL PRESIDENTE
Asimismo, Mendoza resaltó que como Segeplan han estado trabajando en los avales, dictámenes y resoluciones desde el principio de año, lo cual es un tema recurrente en las reuniones de Conadur.
“Y por eso el Presidente nos pidió que nos reuniéramos las dos secretarías, con los entes rectores y empezáramos a identificar los cuellos de botella relacionados con todos los avales, dictámenes y resoluciones y desde el 4 de febrero iniciamos con una mesa técnica”, añadió.
Ello generó con todos los entes rectores una serie de diagnósticos sobre dónde están los puntos de cuello de botella, por lo cual con el mandatario se acordó una ruta para minimizar los tiempos de avales, añadió.
El funcionario agregó que Guatemala es parte de la Red Latinoamericana y del Caribe de Sistema nacionales de inversión pública, por lo que para las evaluaciones en todos los países a veces se tardan semanas, meses o incluso años para garantizar la calidad de la inversión pública.
“Esto que aprobó el Congreso es una irresponsabilidad porque pone en riesgo la vida de las personas, porque no se podría garantizar la calidad de la obra pública. Ese es el objetivo, ese es el sentido de los avales, garantizar que va a haber obra pública, primero donde se necesita, donde realmente se requiere, y luego que esa obra pública va a ser de calidad”, subrayó.
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De esta cuenta, resaltó que de la mano con el Presidente y los entonces rectores han buscado solucionar el problema, y en esa línea irán las recomendaciones al mandatario.
Además, resaltó que existe un problema en que el Presupuesto sea multianual, lo cual tiene ventajas y desventajas, pero recalcó que el Decreto 7-2025 no es la manera de solucionarlo.
CODEDES
El pasado 2 de septiembre, la alianza de oposición conformada por los bloques Cabal, Vamos, así como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor, Todos, Elefante y Nosotros, aprobaron el Decreto 7-2025 que posibilita el uso de fondos del Presupuesto 2025 que no fueron ejecutados por Codedes, durante el transcurso del 2026, sin que haya mayores controles sobre los gastos de los mismos.
De esta cuenta, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), así como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) y el Consejo Nacional Empresarial han criticado la medida y solicitado al Presidente el veto de la ley.
Al respecto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) aseguró que aún no han recibido el Decreto 7-2026, y hasta el momento, no han aclarado la decisión que tomarán.
