Codedes: Estos son los 107 diputados que aprobaron de urgencia nacional la ley que les otorga más fondos

De urgencia nacional, la alianza de oposición aprobó el Decreto 7-2025, Ley Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que avala el uso de fondos que no fueron utilizados durante el Presupuesto 2025 durante el ejercicio fiscal del próximo año.

Diputados del bloque Vamos presentaron una primera moción para que se modificara la agenda del pleno, pero el tablero marcó 106 votos, nuevamente, Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, presentó una nueva propuesta.

Con 107 votos, entre los que figuró el del presidente del Congreso, Nery Ramos, la alianza de oposición logró que se agendara la iniciativa de Ley 6608, y entrarla a conocer de urgencia nacional.

La propuesta tuvo el voto favorable de los diputados de Cabal, Elefante, Todos, Visión con Valores (Viva), Valor, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Nosotros, Compromiso, renovación y Orden (CREO) y Azul.

Esta es la lista de diputados:

PIDEN VETO

El Decreto 7-2025 establece que «al cierre del Ejercicio Fiscal que corresponda, la disponibilidad financiera equivalente a los saldos por devengar no desembolsados vigentes a favor de los Codedes, de conformidad con los registros de los Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF) -, deberán ser trasladados de oficio a la Cuenta Única del Tesoro de los Codedes, en donde permanecerá disponible para la continuidad de los procesos de ejecución y pago de obras, inclusivo en los casos en los que el cierre del ejercicio fiscal indicado, por las razones ampliamente justificadas, los Codedes no cuente con convenios firmados para la ejecución de las obras».

De igual forma, la referida ley establece que los Codedes deberán desembolsar la totalidad de los recursos a las Unidades Ejecutoras, para lo cual solo será requisito la suscripción de los convenios de ejecución de obras que se suscriban con las municipalidades.

Derivado de ello, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), solicitó al presidente Bernardo Arévalo el veto a la normativa, ya que consideran la agilización de la ejecución presupuestaria no justifica debilitar o suprimir controles establecidos, ni limitar las facultades de las entidades del Estado para emitir resoluciones, avales, autorizaciones, permisos, licencias y demás procedimientos vinculados con la ejecución de los presupuestos o de los procesos de adquisición.

A su vez, resaltó que la ley no garantiza la calidad de las obras a ejecutar, a la vez que se suprime la supervisión del avance físico y financiero de los Codedes, por lo que su rol quedaría relegado a un puente para el traslado de recursos a las municipalidades.

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“Al imponer de manera inconsulta, sin fundamento técnico y posiblemente inconstitucional el plazo máximo de 5 días para la emisión de resoluciones y avales, esta ley atenta contra el mandato y las facultades legales de las entidades responsables de emitirlos, constituyendo una forma de coerción ilegítima, toda vez no establece recursos financieros y humanos adicionales, ni un período de tiempo perentorio para que esas entidades amplíen sus capacidades y cumplir con el nuevo requerimiento”, agregó.

De igual forma, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) criticó la normativa, ya que asegura que rompe con el principio de anualidad y unidad del presupuesto, debilita el control del gasto y no resuelve la baja ejecución de inversión pública.

Al mismo tiempo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) solicitó a Arévalo el veto a la normativa, puesto a que afirman que permite trasladar automáticamente recursos no ejecutados de un año, lo que viola el principio de anualidad de presupuesto y delega al Ministerio de Finanzas atribuciones que son del congreso, a la vez que abre una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político que garantiza la Constitución.

En la misma línea, el Consejo Nacional Empresarial, aseguró que la ley representa un profundo retroceso y una clara contradicción a la lucha frontal contra la corrupción, lo que ha sido el principal compromiso de la administración de Arévalo, por lo cual requirieron su veto.

Además, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) pidió el veto a la ley, ya que afirman que de entrar en vigor, abrirá la puerta a la conformación de fondos públicos paralelos, sin el debido control político que garantiza la Constitución, debilitando así la transparencia y el manejo responsable de los recursos del Estado.

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