Codedes: Crece presión para que Bernardo Arévalo vete mañosa jugada de diputados

Durante la jornada de este miércoles 3 de septiembre, diversas cámaras empresariales y organizaciones académicas elevaron las solicitudes al presidente Bernardo Arévalo para que vete el Decreto 7-2025, Ley Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), con el que la alianza de oposición en el Congreso de la República, otorgó más fondos a los Consejos.

Por la tarde del pasado 2 de septiembre, los diputados de los bloques Cabal, Vamos, así como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor, Todos, Elefante y Nosotros, aprobó el Decreto 7-2025 que posibilita el uso de recursos del Presupuesto 2025, que no fueron ejecutados, durante el transcurso del 2026, sin que haya mayores controles sobre el gasto de los mismos.

“Al cierre del Ejercicio Fiscal que corresponda, la disponibilidad financiera equivalente a los saldos por devengar no desembolsados vigentes a favor de los Codedes, de conformidad con los registros de los Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF) -, deberán ser trasladados de oficio a la Cuenta Única del Tesoro de los Codedes, en donde permanecerá disponible para la continuidad de los procesos de ejecución y pago de obras, inclusivo en los casos en los que el cierre del ejercicio fiscal indicado, por las razones ampliamente justificadas, los Codedes no cuente con convenios firmados para la ejecución de las obras”, detalla el artículo 2 de la referida normativa.

También, detalla que los Codedes deberán desembolsar la totalidad de los recursos de las Unidades Ejecutoras, para lo cual solo será requisito la suscripción de los convenios de ejecución de obras que se suscriban con las municipalidades.

Ante las múltiples solicitudes, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) afirmó que hasta el momento no han recibido el decreto aprobado por el Congreso de la República el pasado miércoles 3 de septiembre de urgencia nacional.

Sin embargo, explicó que el equipo de trabajo del mandatario lo está analizando, y una vez sea recibido formalmente, Arévalo tomará una decisión en apego a la Constitución y velando por los intereses del país.

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ICEFI PIDE VETO

Entre las organizaciones que han solicitado el veto al presidente Arévalo, resalta el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), quienes expresaron su preocupación por los “efectos fiscales nocivos” de la aprobación de la normativa.

En esta línea, el Icefi indicó que considera legítimo y necesario buscar formas técnicamente sustentadas para agilizar la ejecución de los presupuestos estatales, incluyendo los de los consejos de desarrollo, pero reiteró que el afán de agilizar la ejecución presupuestaria no justifica debilitar o suprimir los controles establecidos, ni limitar las facultades de las entidades del Estado para emitir resoluciones, avales, autorizaciones, permisos, licencias y demás procedimientos vinculados con la ejecución de los presupuestos o de los procesos de adquisición pública.

Según explicó, las disposiciones aprobadas aseguran de manera forzada la disponibilidad de recursos financieros para las municipalidades, pero no abonan a garantizar la calidad de las obras a ejecutar.

De acuerdo a Icefi, se suprime la supervisión del avance físico y financiero de las obras a cargo de los Codedes, cuyo rol quedaría prácticamente relegado a un puente para el traslado de recursos financieros a las municipalidades.

Icefi recomienda a Arévalo vetar el Decreto 7-2025 por gasto de Codedes

“Al imponer de manera inconsulta, sin fundamento técnico y posiblemente inconstitucional el plazo máximo de 5 días para la emisión de resoluciones y avales, esta ley atenta contra el mandato y las facultades legales de las entidades responsables de emitirlos, constituyendo una forma de coerción ilegítima, toda vez no establece recursos financieros y humanos adicionales, ni un período de tiempo perentorio para que esas entidades amplíen sus capacidades y cumplir con el nuevo requerimiento”, sostuvo.

Al mismo tiempo, el Instituto fue tajante en expresar que, en conjunto, las disposiciones abren espacios para el abuso y la corrupción, que históricamente han plegado a los Codedes.

De esta cuenta, el Icefi recomendó a Arévalo vetar el Decreto 7-2025, e instó al Ejecutivo y Legislativo a iniciar un proceso abierto e inclusivo de consulta y discusión exhaustiva con cada entidad involucrada sobre las mejores soluciones para lograr que los consejos de desarrollo agilicen la ejecución de sus presupuestos, con la debida transparencia y con los controles adecuados para garantizar la calidad de las obras.

CIEN: RELAJA CONTROLES

Asimismo, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) señaló que la normativa quebrante la anualidad y el cierre presupuestario, ya que la Ley Orgánica exige cerrar el presupuesto el 31 de diciembre, prohíbe asumir compromisos con cargo al ejercicio vencido y manda reintegrar a Tesorería los saldos de efectivo que no corresponde a obligaciones pendientes, por lo que señaló que el arrastre automático de salados de Codedes contradice estas reglas.

A su vez, resaltó que afecta la unidad del presupuesto y el rol del Congreso, ya que todos los ingresos deben concentrarse y pagarse vía fondo común o cuenta única del tesoro, por lo que recalcó que retener saldos fuera del ciclo anual y ampliarlos en el presupuesto siguiente sin din debate parlamentario erosiona dicho principio y el control democrático.

Al mismo tiempo, señaló que el Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas para Guatemala del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han documentado debilidades persistentes en el control interno y riesgos altos en aprobación, segregación de funciones y monitorio, por lo que dar “vía rápida” o aprobaciones tácitas agrave dicho cuadro.

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“No ataca la causa de la sujeción. La experiencia internacional (FMI) es clara: antes de otorgar más flexibilidad hay que fortalecer control interno, auditoría y sistemas de información; de lo contrario se multiplican errores e irregularidades”, agregó.

CACIF: ABRE PUERTA A FONDOS SIN CONTROL

De igual forma, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) solicitó a Arévalo vetar el Decreto 7-2025, ya que señala que permite trasladar automáticamente recursos no ejecutados de un año a otro, lo que viola el principio de anualidad del presupuesto y delega al Ministerio de Finanza atribuciones que son exclusivas del Congreso, según la Constitución.

También, señaló que de entrar en vigencia, la normativa abriría la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político que garantiza la Constitución, por lo cual reafirmaron la solicitud al Presidente para que vete la normativa en resguardo al orden jurídico y la transparencia en el manejo de las finanzas del Estado.

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CNE EXIGE VETO

Asimismo, el Consejo Nacional Empresarial (CNE) manifestó su profunda preocupación y rechazo al Decreto 7-2025, ya que sostienen que la falta de discusión parlamentaria para la incorporación de criterios técnicos y programáticos, la hace contraria a las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de proyectos de inversión pública.

A su vez, subrayaron que la aprobación representa un profundo retroceso y una clara contradicción a la lucha frontal contra la corrupción, lo que ha sido el principal compromiso de la administración de Arévalo.

CNE asegura que aprobación de decreto 7-2025 podría reactivar redes de corrupción

“Le exigimos al Señor Presidente, César Bernardo Arévalo de León, que en el ejercicio de sus funciones Constitucionales, vete el decreto 7-2025”, añadió.

Además, indicaron que es comprensible la urgencia para encontrar mecanismos que permitan agilizar la contratación y ejecución de obra pública, pero, según explicaron, ello no puede ser a través de medidas que comprometan la transparencia y que reactiven las complejas redes de corrupción que han cooptado al Estado.

CÁMARA DE COMERCIO SE UNE

Asimismo, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) solicitó a Arévalo vetar la referida ley, puesto a que permite trasladar automáticamente recursos no ejecutados de un ejercicio fiscal a otro, lo que contraviene el principio de anualidad presupuestaria y otorga al Minfin facultades que corresponden exclusivamente al Congreso, según la Constitución.

“De entrar en vigor, esta normativa abriría la puerta a la conformación de fondos públicos paralelos, sin el debido control político que garantiza la Constitución, debilitando así la transparencia y el manejo responsable de los recursos del Estado”, añadió.

Cámara de Comercio: Decreto 7-2025 abriría puertas a la conformación de fondos públicos paralelos

De esta cuenta, exhortaron al mandatario a vetar la normativa, resguardando el orden jurídico, la institucionalidad y la adecuada administración de las finanzas públicas, en beneficio de la población.

SIERO JUSTIFICA

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Sebastián Siero, aseguró que los alcaldes son los únicos capaces de ejecutar los fondos de forma ágil y con altos niveles de cumplimiento presupuestario.

También, señaló que en promedio las comunas ejecutan arriba del 90 por ciento de los recursos, por lo que las reformas permitirán iniciar obras desde el próximo verano.

“Hay que iniciar todo el proceso que dura más o menos 4 meses, de la ley de compras y contrataciones, para poder arrancar las obras. Entonces, estamos en el tiempo justo porque esto nos permitiría arrancar obras en verano”, añadió.

Groseros beneficios recetan los diputados para los Codedes y asegurarse fondos

También, señaló que en 2024 la ANAM llegó al Congreso para aprobar una normativa similar, y que los diputados oficialistas hicieron un lobby a lo interno del Congreso.

“Un año después que es que nos encontramos hoy por hoy, pues resultó que al contrario esos embudos en lugar de resolverse se empeoraron los chantajes para no trasladar los fondos aumentaron. Entonces se volvió a hacer el trabajo en el Congreso”, añadió.