Han pasado tres días desde que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, deponer las medidas de hecho, sin embargo, el Ministerio Público (MP) continúa sin explicar si accionará contra el sindicato magisterial por desobediencia.
El pasado 14 de julio, la alta Corte resolvió una apelación presentada por el STEG en contra de la resolución del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, con la cual otorgó un amparo promovido por la Procuraduría General de la Nación (PGN).
De esta cuenta, la CC ordenó al Comité Ejecutivo, dirigentes seccionales y subseccionales, cesar las amenazas de medidas de hecho, relacionadas con el cierre, ocupación y permanencia dentro de las Direcciones Departamentales de la República de Guatemala.
También, el Tribunal Constitucional resolvió que se debía procurar el derecho de manifestación pacífica que le asiste al Comité Ejecutivo del STEG, pero aclaró que la organización sindical no debía de perjudicar el derecho a la educación del conglomerado estudiantil del país.
Pese a ello, el STEG continuó con las medidas de hecho, ya que en varios recintos educativos, aún continúan los paros labores. Por ello, La Hora se comunicó con el Departamento de Información y Prensa del MP para conocer si accionará ante la posible desobediencia del magisterio a la resolución de la CC.
CC niega apelación a dirigencia del STEG de Joviel y ordena cese de medidas de hecho
LA RESPUESTA DEL MP
Al respecto, el Departamento de Información y Prensa afirmó que recibió el pasado 25 de junio una denuncia del juez del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión, en la que remitió una certificación de lo conducente contra el STEG por la posible comisión del delito de desobediencia.
Según explicó, el expediente está a cargo de la Fiscalía contra Delitos Administrativos, la cual realizó varias diligencias para recabar elementos de convicción necesarios para determinar si se está configurando el delito de desobediencia y si no existen recursos pendientes por resolver que impidan el cumplimiento de una resolución judicial.
También, indicó que se solicitó información al Ministerio de Educación (Mineduc), al Ministerio de Trabajo (Mintrab), entre otras instituciones, algunos de los cuales aún están pendientes de ser remitidos a la sede fiscal.
Tras la respuesta, esta redacción explicó a la Fiscalía que la resolución de la CC del 14 de julio deriva de una apelación del Juzgado Cuarto de Trabajo, por lo que la decisión del Juzgado Quinto de Trabajo es diferente.
El MP pidió reformular la pregunta, por lo cual La Hora se envió la siguiente pregunta: “¿El MP planea alguna acción contra el STEG derivado de la resolución de la Corte de Constitucionalidad? Esto debido a que la CC resolvió una apelación contra la decisión del Juzgado Cuarto de Trabajo, en la que indicó que las medidas de hecho del STEG no deben «perjudicar el derecho a la educación del conglomerado estudiantil», pero hasta el momento, los paros labores continúan”.
STEG desobedece orden de la CC y mantiene campamento pese a resolución judicial
Hasta el cierre de esta nota no se obtuvo una nueva respuesta, de contar con una postura se colocará en este espacio.
STEG CONTINÚA CON MEDIDAS DE HECHO
Con el fin de presionar al gobierno de Bernardo Arévalo para la firma del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el STEG ha iniciado una serie de medidas que incluyen bloqueos, manifestaciones, marchas, así como un paro laboral y un campamento en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura.
Con el fin de reactivar las actividades escolares, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha interpuesto distintas acciones de amparo en distintas judicaturas, incluyendo el Juzgado Cuarto de Trabajo.
Dicha judicatura resolvió ordenar al STEG abstenerse de amenazar el cierre, ocupar ilegalmente y permanecer legítima o ilegalmente dentro de las Direcciones Departamentales de Educación del país.
También, conminó al Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Policía Nacional Civil (PNC) para que garantice el libre acceso, permanencia y egreso de la población guatemalteca, servidores y funcionarios públicos a las Direcciones Departamentales garantizando el derecho de reunión y manifestación pacífica, así como la libertad de emisión del pensamiento.
Sin embargo, recalcó que ello debe ser siempre y cuando estos derechos “se ejerzan sin menoscabar los intereses de la colectividad, es decir, la seguridad nacional, el orden público, el bien común y los derechos o libertades generales”.
El Juzgado Cuarto de Trabajo también conminó a la titular del Mineduc, Anabella Giraca, para que garantice la prestación del servicio público que brindan las Direcciones Departamentales de Educación.
Además, la judicatura recalcó que la orden y conminatorias eran emitidas bajo apercibimiento que “de no cumplirlas se certificará lo conducente al Ministerio Público para que inicie el proceso penal que corresponda”.
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