PGN: CC ratificó que STEG de Joviel no debe perjudicar derecho a la educación con medidas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) se pronunció, este lunes 14 de julio, sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) con la que ordenó al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, deponer a las medidas de hecho que ha iniciado con el fin de presionar al gobierno de Bernardo Arévalo para la firma del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.

De acuerdo a la PGN, la alta Corte confirmó el amparo provisional otorgado al Estado de Guatemala en el marco de la acción interpuesta contra el Comité Ejecutivo Nacional del STEG y sus dirigentes seccionales y subseccionales.

En esta línea, la Procuraduría recalcó que la máxima Corte fue clara en ordenar el cese de las amenazas de medidas de hecho relacionadas con el cierre, ocupación y permanencia dentro de las Direcciones Departamentales de Educación.

A su vez, indicó que el Tribunal Constitucional subrayó que el derecho de manifestación pacífica no debe perjudicar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes del país.

“Con esta resolución, el máximo tribunal constitucional ratifica la protección prioritaria del interés superior del niño y su acceso continuo a la educación y la alimentación escolar. El derecho a la educación no se negocia”, concretó.

CC ORDENA CESE DE MEDIDAS

Este lunes 14 de julio, la alta Corte rechazó una apelación presentada por el STEG contra la PGN, por lo cual ordenó el cese inmediato de las amenazas de medidas de hecho relacionadas con el cierre, ocupación y permanencia dentro de las Direcciones Departamentales de Educación de la República de Guatemala.

CC niega apelación a dirigencia del STEG de Joviel y ordena cese de medidas de hecho

En la resolución, la máxima Corte detalló que el objetivo es que se restablezca el acceso pleno del personal a sus labores y con ello permitir la atención administrativa y garantizar que la ciudadanía pueda realizar los trámites correspondientes en esas dependencias.

A su vez, la CC remarcó que el derecho a la manifestación no puede ejercerse en detrimento del derecho a la educación de miles de estudiantes, por lo cual las acciones del STEG no pueden interferir con la prestación del servicio público.

La decisión fue tomada luego que la PGN señaló que el magisterio vulneró los derechos a la libre locomoción, el acceso a los servicios públicos y, principalmente, el derecho a la educación.

También, señaló que la amenaza del cierre de las Direcciones Departamentales de Educación constituyen “una situación gravosa”, que afecta los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

#LHEnBreve La Procuraduría General de la Nación (PGN) aseguró que con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), con la cual ordenó el cese de medidas al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) de Joviel Acevedo, se ratificó que no se debe… pic.twitter.com/Ts11pqnoDj

— Diario La Hora (@lahoragt) July 14, 2025

Además, la PGN sostuvo que la figura de “asamblea permanente” no está contemplada en la legislación vigente, por lo que es ilegal, y remarcó que la ocupación de instalaciones públicas no es la vía legítima de resolver diferencia, por lo que los sindicatos deben de recurrir al diálogo y la paz por medio de los canales institucionales.

MINEDUC EXIGE CUMPLIMIENTO

Ante ello, el Ministerio de Educación (Mineduc), a cargo de Anabella Giracca, exigió al STEG el cumplimiento inmediato de lo resuelto, absteniéndose de toda acción que obstaculice la prestación del servicio educativo y la atención administrativa.

A su vez, reiteró su compromiso irrestricto con la ley y la defensa del derecho a la educación de la niñez, adolescencia y juventud guatemalteca.

Mineduc exige al STEG de Joviel acatar resolución de la CC y denunciar incumplimiento

“Continuará aplicando el Reglamento Interno del Trabajo y las disposiciones vigentes para asegurar la prestación del servicio educativo en todo territorio nacional”, indicó.

Además, hizo un llamado a la comunidad educativa, padres de familia y actores sociales a velar por la aplicación de la resolución, denunciar cualquier incumplimiento y respaldar las acciones necesarias para garantizar que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle sin interrupciones.