El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, continúa el paro de labores, una asamblea permanente, así como un campamento en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura, a pesar de varias acciones que ordenan a la dirigencia del magisterio deponer las acciones y reactivar las actividades escolares.
Incluso, el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala resolvió en definitiva un amparo interpuesto por la Procuraduría General de la Nación (PGN), y por el cual certificó lo conducente contra la dirigencia del STEG y remitió el expediente al Ministerio Público (MP).
El ente investigador destacó que el pasado 25 de junio, recibió una denuncia del Juez del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, la cual remite una certificación de lo conducente en contra del STEG por la posible comisión del delito de desobediencia.
Según explicó la Fiscalía, el expediente fue trasladado a la Fiscalía contra Delitos Administrativos, que ya está realizando las diligencias correspondientes.
«El objetivo es recabar los elementos de convicción necesarios para determinar si se está configurando el delito de desobediencia y si no existen recursos pendientes por resolver que impidan el cumplimiento de una resolución judicial», indicó.
Por ello, resaltó que la Fiscalía efectuó diversos requerimientos, los cuales aún están pendientes de ser remitidos a la sede fiscal.
Expertos resaltaron que la Fiscalía podría estar en complicidad con el sindicato magisterial, por lo cual la investigación podría quedar estancada.
URIZAR ASEGURA COMPLICIDAD ENTRE MP Y STEG
El abogado Javier Urizar resaltó que si el Juzgado certificó lo conducente significa que se presume que hay delitos, por lo que el MP debería de actuar e iniciar la persecución penal.
“A mí lo que me extraña mucho es que no los desalojen del lugar, porque si ya se dio la orden, de levantar a la asamblea, claro que el Ejecutivo tiene la facultad de ir a desalojarlos, así como hacen con las comunidades indígenas en las fincas o cerca los proyectos extractivos”, indicó.
De acuerdo a Urizar, si el Ejecutivo quiere ser más específico podría pedir una debida ejecutoria, en la que indiquen que “el MP no va a hacer nada o que va a investigar después, pero es hora de sacarlos de ahí”.
Sin embargo, resaltó que la falta de presentación de la debida ejecutoria muestra una pasividad por parte del Ejecutivo, ya que siempre buscan dejar todo en manos de la Fiscalía, porque saben que no actuarán.
Al mismo tiempo, recalcó que hay cierta complicidad o convivencia entre el ente investigador y el STEG, ya que al final todos son enemigos de la democracia, el gobierno y la institucionalidad.
“Al MP le favorece que el STEG esté ahí protestando porque le da cierta legitimidad a la idea de que Arévalo es un mal Presidente, y obviamente al STEG le favorece, que al MP lo proteja”, remarcó.
De acuerdo a Urizar, el MP evidentemente no va a investigar y si investiga no va a hacer nada, ya que va a dejar estancada la investigación, pero ello abre la puerta a que cuando haya un nuevo fiscal se persiga a la dirigencia del magisterio, e incluso el Ejecutivo podría presentar una querella en contra del STEG para que el procedimiento penal inicie bajo el control de un juez.
ROSAL: MP NO TIENE CHANCE DE EVADIR SU RESPONSABILIDAD
De la misma forma, el analista independiente, Renzo Rosal, resaltó que el Ejecutivo, y particularmente la PGN, agotó los mecanismos que la ley le confiere en este caso en particular, ya que existe una buena cantidad de decisiones de carácter judicial, por lo que el siguiente paso es “pasarle la estafeta al MP”.
De acuerdo al experto, el ente investigador no tiene chance alguno de evadir su responsabilidad porque la competencia que le otorga la ley al MP, es ser el ente de investigación penal, lo que implica que cuando se agotan los mecanismos correspondientes le toca llevar a cabo lo “conducente”.
“De pronto el MP, quizá temporalmente, le quiera dar largas al asunto, pero más temprano que tarde le toca actuar, y la actuación implica el tema de poder implicar ya de carácter penal a la dirigencia del STEG”, indicó.
Según Rosal, a pesar de que es una minoría del STEG la que está en condición de rebeldía, no es admisible en este país que un grupo de personas de esta naturaleza se convierta en un actor de poder que diga que no va a atender las decisiones.
El analista afirmó que una vez un dirigente como Joviel Acevedo diga que no va a hacer caso a ninguna acción judicial, está incurriendo en uno o en múltiples delitos, por lo que el MP no tiene excusa más que llevar la persecución correspondiente.
Desde el punto de vista político, subrayó que Joviel Acevedo está en un plano de resistencia porque por primera vez en décadas se alteró el protagonismo que han tenido y el nivel de complicidad que los gobiernos han tenido con el STEG.
“Aquí se les rompió, y no van a ceder fácilmente a perder un espacio de poder que han tenido durante décadas”, concretó.
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MARROQUÍN: STEG ESTÁ PROTEGIDO POR MP
Asimismo, el analista de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, resaltó que el STEG está protegido por el ente investigador, por ello recalcó que el sindicato magisterial actúa con total impunidad.
“Porque saben que tienen un aliado en el MP y del lado del MP, es evidente que ellos solo persiguen a sus enemigos políticos e ideológicos. A sus amigos los protegen, como es este caso”, recalcó.
Además, Marroquín sostuvo que la Fiscalía debería de actuar de oficio con las capturas que correspondan al desobedecer la orden judicial para retomar las actividades escolares a favor de los alumnos.
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LOS AMPAROS
Desde que el STEG inició con las medidas de presión para que el gobierno de Bernardo Arévalo firme el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, la PGN ha presentado 10 acciones de amparo ante distintos juzgados con el fin de reactivar las actividades escolares.
De acuerdo a la PGN, los distintos juzgados han notificado sobre al menos seis acciones de amparo resueltas provisionalmente, así como un amparo en definitiva por parte del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala el pasado 24 de junio.
En dicha oportunidad, la judicatura confirmó que la convocatoria a “asamblea permanente”, una figura no reconocida en la legislación vigente, vulnera el derecho constitucional de la niñez, adolescencia y juventud matriculadas en el sistema público.
Por ello, ordenó al Comité Ejecutivo Nacional del STEG notificar por escrito a todas las direcciones de escuelas públicas respecto al levantamiento de la medida y notificar al Juzgado en el término de 48 horas, bajo apercibimiento.
Sin embargo, el STEG no levantó la asamblea, por lo cual el pasado 27 de junio, el Juzgado Quinto de Trabajo resolvió certificar lo conducente en contra del Comité Ejecutivo del STEG, así como sus dirigentes seccionales y subseccionales, a la vez que remitió el expediente al MP.
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