
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), junto con Alianza por las Reformas presentaron un informe en el cual señalan que el Ministerio Público (MP), a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, ha manipulado los datos en sus informes y cuenta con un bajo desempeño.
De acuerdo al documento, las organizaciones analizaron el desempeño de ente investigador desde tres dimensiones, las cuales incluyen la eficacia, la productividad y la eficiencia, con datos oficiales del MP.
También, resaltaron que analizaron tres aspectos de la gestión de Porras, relacionados a los retrocesos en la lucha contra la corrupción, la instrumentalización del sistema penal para criminalizar a determinados sectores sociales y el impacto de la reestructuración institucional en la carrera fiscal y el futuro de la institución.
BAJO DESEMPEÑO, A PESAR DE MAYOR PRESUPUESTO
En el análisis, Inecip y Alianza por las Reformas detallaron que la eficacia del MP disminuyó de 14.03% en 2018-2019 a 6.44% en 2024-2025, lo que representa una reducción relativa del 54.08%.
Según indicaron, se redujo la capacidad del ente investigador de ofrecer respuestas de calidad a los casos, lo que significó que en el período 2024-2025, el 93.56% de los casos penales no obtuvieron una respuesta eficaz.
También, agregan que los criterios de oportunidad disminuyeron casi un 50% entre 2018-2019 y 2024-2025, lo cual implicó algún tipo de responsabilidad del acusado y una reparación a las víctimas.
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A su vez, subrayan que la tasa promedio de eficacia en delitos de impacto social, es decir homicidios, femicidios, corrupción, extorsión, entre otros, es del 6.31%, por lo que afirman que hay una tasa de 93.69% de impunidad en este tipo de delitos.
Las organizaciones mostraron preocupación, debido a que un fiscal o auxiliar fiscal resuelve 8 casos de manera eficaz, por lo que ello evidencia la limitada capacidad del ente investigador para combatir la impunidad.
Agregan que el MP ha recibido más presupuesto y ha logrado menos resultados, ya que durante la gestión de Porras el presupuesto se incrementó en 162% debido a que en 2018 recibió Q1 mil 842 millones y en 2025 Q4 mil 828 millones.
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“Si bien el MP justifica el aumento del presupuesto por la apertura de nuevas fiscalías, esto no significa necesariamente mayor acceso a la justicia porque el MP redujo a la mitad su tasa de eficacia”, sostienen.
MANIPULACIÓN DE INFORMES
Asimismo, Alianza por las Reformas e Inecip detallaron que observaron manipulación de datos en los informes anuales del ente investigador, ya que se presenta una “imagen distorsionada” de eficiencia al computar, como casos resultados o gestionados, las desestimaciones y los archivos.
Según el documento, el MP aseguró que en 20 de 22 departamentos hubo “eficiencia” de más del 100%, lo que genera una imagen tergiversada de que el MP resuelve incluso más casos que los que ingresan anualmente a la entidad, pero lo que realmente ocurre es que cierran casos sin investigación.
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“Existe un uso masivo de las desestimaciones y archivos de casos. En el período 2024-2025 se desestimó el 74.44%, y se archivó el 27.69% de los casos que ingresaron a la institución. En el periodo 2022-2023, dichos porcentajes fueron aún más altos: 147.20% y 74.32%, respectivamente”, destaca el informe.
Añadieron que, la Fiscalía no ofrece información sobre la duración de los procesos, lo cual hace imposible evaluar la agilidad del sistema para dar respuesta a los casos y garantizar el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
RETROCESO, PERSECUCIÓN ARBITRARIA Y RESTRUCTURACIÓN
Al mismo tiempo, resaltan que muchos casos de gran corrupción que se investigaron en las pasadas administraciones se cerraron por medio de prácticas maliciosas, al mismo tiempo que se desvirtuó la naturaleza de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que pasó a perseguir políticamente a actores que luchan contra la corrupción.
El documento afirma que el MP ha instrumentalizado el sistema con fines políticos, por lo que señaló que más de 100 personas han salido al exilio, 60 se encuentran bajo procesos judiciales, y otras seis se encuentran en prisión.
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A su vez, el estudio sostiene que la mayoría de casos de criminalización son asignados a jueces como Geisler Smaille Pérez, Mynor Moto, Pedro Laynez, Fredy Orellana, Sergio Mena, Víctor Cruz y Jimmy Bremer.
También, destacan que el 80% de los casos de criminalización contra operadores de justicia se basan en denuncias de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y personas que fueron investigadas durante la anterior administración a Consuelo Porras.
Sostienen que la Fiscal General ha reconfigurado la composición del personal del MP, ya que 105 fiscales fueron destituidos arbitrariamente, incluyendo a 85 personas que no tuvieron un proceso administrativo.
“Se ha nombrado a personal sin preparación técnica en fiscalías especializadas, lo cual ha deteriorado la capacidad de investigación y litigio del MP”, indican.
Además, afirman que los cambios ha provocado pérdida de pruebas, retrasos procesales, prescripción de delitos y debilitamiento de la persecución penal pública.
SIN POSTURA DEL MP
La Hora se comunicó con el departamento de Información y Prensa del MP para conocer una postura al respecto, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta. De contar con información se colocará en este espacio.
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