El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) dio a conocer que en los últimos 10 años la Policía Nacional Civil (PNC) ha registrado 4 mil 420 bloqueos, los cuales subrayó que alteran la paz para chantajear a las autoridades con el fin de obtener una prebenda.
Francisco Quezada, investigador del CIEN, destacó que la libertad de locomoción es un derecho civil, humano y público por ser una condición para el goce efectivo de otros derechos fundamentales y vitales del individuo.
También, resaltó que la libertad de locomoción es un derecho fundamental, por lo que no puede ser intervenido por decisiones arbitrarias de la administración o particulares, salvo excepciones justificadas en la ley, como es el caso de los Estados de excepción.
A su vez, el abogado resaltó que en supuestos concretos, la celebración de reuniones y manifestaciones públicas pueden producir prolongados colapsos circulatorios.
Al mismo tiempo, remarcó que los bloqueos son una herramienta usada para alterar la paz pública, ya que se retiene violentamente a la población ajena a su reivindicación, para usarlos como instrumento de chantaje para obtener prebendas de la autoridad.
“Se retiene, se hace sufrir a la dignidad humana por horas en las rutas para presionar al gobierno, presionarlo para aumentos, presionarlo para prebendas, para que el gobierno no actúe. Que por ejemplo no haga desalojos o que no intervenga judicialmente”, indicó.
4 MIL 420 BLOQUEOS
Asimismo, el investigador del CIEN, Walter Menchú, destacó que desde 2015 a 2024 la PNC ha registrado 4 mil 420 bloqueos, por lo que se reportan en promedio 442 bloqueos anualmente y 37 al mes.
También, destacó que los años en los que mayor cantidad de bloqueos se ha registrado en el país es entre 2021 a 2023, siendo este último año en el que hubo un aumento considerable.
Según explicó el investigador del CIEN, en 2021 se registraron 680 bloqueos, en 2022 otros 893, mientras que en el último año del gobierno de Alejandro Giammattei hubo 1 mil 241 bloqueos.
De acuerdo a Menchú, los meses en los que más se registran bloqueos son agosto con un 12%, septiembre con un 14% y octubre con un 27%.
A su vez, resaltó que en los 14 meses de los últimos 10 años se reportaron 50 o más bloqueos mensualmente.
Menchú también resaltó que el 46% de los bloqueos se registran en seis departamentos, siendo estos Suchitepéquez, San Marcos, Guatemala, Alta Verapaz, Quetzaltenango y Retalhuleu.
Los registros del CIEN también detallan que el municipio de Guatemala ha registrado la mayor cantidad de bloqueos en los últimos 10 años, con 208 medidas de este tipo, es decir, un 4.7%.
Le sigue el municipio de El Estor, en Izabal, con 142 bloqueos, Retalhuleu con 128, Quetzaltenango con 85, Sololá con 79, Chahal con 78 y Santa María Visitación con 75.
RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones sobre los bloqueos, Quezada resaltó que se debe de divulgar la esencialidad de valores constitucionales, tales como la libertad de locomoción, no como un simple hecho de tránsito, sino como una condición esencial para el goce efectivo de otros derechos fundamentales.
También, sostuvo que los bloqueos deben de impedirse por la autoridad gubernativa y prestar protección inmediata a la población para liberarlos de los vejámenes que produce su retención ilegal.
Quezada fue enfático en remarcar que es necesario que todo el sector justicia tome su papel medular, debido a que en los bloqueos hay niños, enfermos, y otras personas en vulnerabilidad.
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Según indicó, la Procuraduría General de la Nación debe personarse para verificar a las personas, mientras que el Ministerio Público (MP) no debe de esperar a que haya denuncias, ya que existe un delito de acción pública.
Quezada también indicó que la PNC debe de trabajar en la contención de un delito que de forma continuada está haciendo padecer a la población.
El analista remarcó que la población ha sido muy relajada en el tema, ya que cuando conviene, los bloqueos son una manifestación pacífica, pero cuando no conviene se condena.
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“Hay que ser muy claros, hay una garantía constitucional versus un vicio y una comisión de delitos en un concurso”, concretó.
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