Stanford advierte de uso arbitrario del “terrorismo” en caso Pacheco-Chaclán

El Laboratorio del Impacto en el Estado de derecho (Rule of Law Impact Lab, en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford advirtió en un comunicado sobre el uso arbitrario de leyes antiterroristas por parte del Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, en el caso en contra de los líderes indígenas, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, por lo cual pidió utilizar dichas normativas bajo estándares internacionales y no como herramienta para reprimir la expresión democrática.

La Universidad de Stanford expresó su profunda preocupación por el proceso penal y la detención preventiva del viceministro del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y expresidente de 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, extesorero de esta misma organización, quienes son acusados de terrorismo y obstrucción a la justicia por su participación en las protestas de octubre de 2023.

El Rule of Law Impact Lab de @stanfordlaw.bsky.social condena el uso arbitrario de leyes antiterroristas en Guatemala contra los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Protestar pacíficamente no es terrorismo. Lee nuestra declaración completa:

— Stanford Rule of Law Impact Lab (@ruleoflawlab.bsky.social) 2025-05-20T04:06:50.080Z

En esta línea, resaltó que las manifestaciones fueron organizadas para exigir la renuncia de la fiscal general del MP, Consuelo Porras, y para defender la integridad de las instituciones democráticas durante la transición de poder.

A su vez, destacó que la criminalización de Pacheco y Chaclán, quienes han sido reconocidos por su papel en las movilizaciones pacíficas, genera inquietudes, especialmente considerando que las acusaciones se basan en disposiciones vagas y amplias de la legislación contra el terrorismo y se desarrollan en procesos cerrados al escrutinio público.

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USO DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Asimismo, Stanford sostuvo que el caso se enmarca en un contexto más amplio en el que diversos organismos internacionales y regionales han manifestado su alarma por el abuso de poder y la instrumentalización del sistema penal por parte del ente investigador, inclusive en informes de la propia Universidad.

A su vez, apuntó que el MP ha sido objeto de señalamientos oficiales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas y otros actores internacionales, quienes han concluido que se ha utilizado el derecho penal para perseguir opositores políticos, operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos.

Por ello, el Laboratorio sostuvo que nuevamente el MP impulsa cargos de terrorismo contra personas que “han sido abiertamente críticas de la Fiscal General y han participado en protestas protegidas por la Constitución”.

También, reconoció la facultad del Estado guatemalteco para investigar actos ilícitos, incluso aquellos que legítimamente pueden constituir terrorismo, pero remarcó que cualquier acusación en materia de terrorismo deben realizarse en estricto apego a los estándares internacionales.

En línea de lo anterior, recordó que el 25 de mayo de 1978 Guatemala ratificó la Convención sobre Derechos Humanos y el 14 de noviembre de 2005 ratificó la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

La última convención nombrada detalló que establece que los procesos penales deben limitarse a los delitos específicamente definidos en el artículo 2, como el secuestro de aeronaves, la toma de rehenes, los atentados con explosivos y el financiamiento de los hechos, y deben de llevarse con pleno “respeto del Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales”, así como garantizando trato justo, debido proceso, presunción de inocencia e independencia judicial.

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“Estas garantías han sido reiteradas por la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, que advierte que las legislaciones antiterroristas vagas o excesivamente amplias pueden violar las normas internacionales y socavar el principio de legalidad”, indica el informe. 

También, recordó que el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul, aseguró que las normativas antiterroristas han sido utilizadas deliberada y discriminatoriamente contra opositores políticos y disidentes, medios de comunicación, sociedad civil y minorías.

“Las disposiciones vagas sobre organizaciones terroristas han penalizado conductas y expresiones sin una conexión causal directa con actos de violencia terrorista”, agregó y remarcó que estos abusos violan el principio de legalidad y múltiples derechos fundamentales, incluyendo detenciones arbitrarias, prisiones preventivas prolongadas, restricciones al acceso a la defensa, uso de pruebas secretas y tribunales especiales.

PIDE NO UTILIZAR ACUSACIONES DE TERRORISMO PARA REPRIMIR LA EXPRESIÓN DEMOCRÁTICA

Bajo esta misma línea, la Escuela de Derecho de Stanford apuntó que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, tanto bajo el derecho guatemalteco como el internacional.

También, señaló que la justicia penal no debe ser utilizada como herramienta para deslegitimar o castigar a actores políticos o sociales.

A su vez, sostuvo que el derecho a la reunión pacífica y a la protesta está protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos vinculantes para Guatemala.

De esta cuenta, Stanford instó respetuosamente a las autoridades guatemaltecas a garantizar el pleno respeto al debido proceso y a asegurar que los procedimientos judiciales se desarrollen con transparencia e imparcialidad.

Por último, pidió “abstenerse de utilizar los marcos legales antiterroristas como herramienta para reprimir la expresión democrática legítima y la participación cívica”.

No es la primera vez que el Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Universidad de Stanford se pronuncia sobre la actuación del Ministerio Público y en 2024 publicó el informe «Por encima de la ley: El Ministerio Público en Guatemala», que «recopila informes oficiales internacionales que señalan que el MP, en Guatemala, bajo su actual liderazgo, ha incurrido en graves faltas y abusos de poder».