Al menos 39 organizaciones indígenas calificaron de venganza, así como de terrorismo judicial las acusaciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) en contra de Luis Pacheco, viceministro del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y expresidente los 48 Cantones de Totonicapán, y Héctor Chaclán, extesorero de la referida organización.
«Las autoridades indígenas y ancestrales, en Asamblea de Pueblos, hemos decido defender la institucionalidad indígena del pueblo maya y xinca, ante la criminalización espuria y arbitraria que lidera el MP en contra de nuestros hermanos y hermanas indígenas», indicó.
En esta línea, destacaron que Pacheco y Chaclán sirvieron a sus pueblos como autoridades indígenas, al mismo tiempo que cumplieron con el mandato que se le encomendó desde sus asambleas comunitarias, incluyendo el defender los derechos de los pueblos, territorio ancestral, así como velar por el bien común, mantener la paz y la armonía.
De esta cuenta, condenaron y rechazaron rotundamente la criminalización y terrorismo judicial, así como el uso arbitrario del derecho penal del enemigo en contra los pueblos indígenas, ya que como autoridades, junto con sus pueblos liberaron la lucha por la defensa de la democracia y exigieron la preservación del precario Estado de derecho del país.
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VENGANZA
Asimismo, las Autoridades Indígenas condenaron las acciones del ente investigador y del pacto de corruptos, quienes han utilizado y aplicado el derecho penal del enemigo y la justicia penal aplicada por jueces «corruptos» que se están vengando contra las autoridades que sirvieron para evitar el golpe de Estado del 2023.
En línea de lo anterior, señalaron que el intento de golpe de Estado estuvo organizado por el pacto de corruptos, el cual está encabezado por el expresidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, la fiscal general del MP, Consuelo Porras y una «gavilla» de delincuentes incrustados en el Congreso, las Cortes, instituciones del Estado y parte del sector privado.
También, rechazaron la imputación de delitos del MP, puesto a que está fundamentado en indicios irracionales que tristemente la juez Carol Patricia Flores, acepta cuando son insuficientes para ligarlos a proceso.
Por ello, esperan que el juez contralor del caso, Edgar Tuy, sea objetivo y no incurra en flagrantes violaciones a los derechos de los procesos, ya que tanto la Fiscalía como la juzgadora, no garantizaron el principio de objetividad, legalidad, debido proceso y tutela judicial efectiva.
«Nos avergüenza el sistema de justicia, porque cuando la ley se aplica para los indígenas es como la serpiente que solo muerde al pobre y al descalzo», agregó.
El MP da a entender que el juez miente por audiencia de Luis Pacheco
NO HUBO INDICIOS SUFICIENTES
Asimismo, las Autoridades Indígenas señalaron que no hubo indicios racionales suficientes para ligarlos a proceso, por lo que mostraron indignación respecto a que la defensa de los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho, es un crimen para los corruptos.
En esta línea, alertaron sobre un nuevo intento de golpe de Estado, por lo cual manifestaron que se han reunido para defender la institucionalidad indígena, misma que está en riesgo en este momento por el atentado que desarrolla el MP contra los derechos a la libre determinación.
«Exigimos al MP, al sector justicia y a la institucionalidad indígena creada en esas instituciones, cesar la criminalización de Autoridades Indígenas Legítimas; y, en caso de no que no les parece convivir con los pueblos indígenas y sus autoridades, que el MP y el pacto de corruptos organicen su Estado en los territorios de sus antepasados para que hagan lo que les parezca y que nos dejen en los territorios que nos heredaron nuestros antepasados para que continuemos nuestra vida», indicó.
Por último, sostuvieron que no permitirán el socavamiento de la institucionalidad ancestral y no descansarán hasta que la fiscal general esté «detrás de las rejas».
EL CASO
El pasado 23 de abril, el expresidente y el extesorero de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron detenidos por supuestos delitos cometidos durante las protestas de 2023, sin embargo, el MP no brindó mayores detalles al respecto, ya que el caso se encuentra bajo reserva.
📌 Desde 2021, Consuelo Porras dejó a la DICRI sin software para acceder a datos de celulares decomisados. Conoce todos los detalles aquí ➡️ https://t.co/qlYbYw9zfm📲 pic.twitter.com/jdzGz3TZSx
— Diario La Hora (@lahoragt) April 25, 2025
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