Durante una citación en el Congreso, el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Miguel Ángel Díaz Bobadilla, aseguró que prevén Q2 mil 300 millones del presupuesto para la ejecutar varios proyectos de infraestructura vial en el país, sin embargo, las actuales normativas vigentes podrían interponerse a los proyectos que planea la cartera.
Según explicó el jefe del Micivi, buscan reactivar 252 kilómetros en rutas nacionales, departamentales y centroamericanas de proyectos que estuvieron suspendidos, durante el actual año.
Entre los proyectos, destaca el “Plan Conecta”, que está compuesto por cinco ejes de trabajo que contemplan infraestructura vial, el sistema aeronáutico, tránsito marítimo, conectividad digital y la construcción de escuelas y centros de salud.
El Ministerio de Comunicaciones enfrenta varios retos que no lograron ser controlados tanto por Jazmín de la Vega y Félix Alvarado, quienes afrontaron varias crisis sin resolver por completo.
Entre eso retos se se incluye finalizar los trabajos para la rehabilitación de varias rutas, incluyendo el kilómetro 44 de la ruta Palín-Escuintla, el puente en el kilómetro 17.5 de la CA-9 Sur, así como la concretar la construcción de los pasos a desnivel en la calzada Roosevelt y la avenida Petapa, entre otras obras de infraestructura dejadas «a medias» durante la administración de Alejandro Giammattei y que no han sido finalizadas luego de un año de gobierno de Bernardo Arévalo.
Muchas de esas obras tienen denuncias por corrupción y se requiere de un ajuste legal para poder recuperar las obras y volver a licitar.
Los planes del Ministro Díaz Bobadilla podrían quedar varados debido a los tiempos que marca la Ley de Contrataciones del Estado y por ello, La Hora habló con analistas, quienes señalaron que el Ejecutivo debe presentar una reforma a la normativa para que los procesos sean más competitivos.
Ministro de Comunicaciones proyecta ejecutar Q2 mil 300 millones en diversos proyectos en el país
LITIGIO MALICIOSO
El analista Luis Linares remarcó que cada entidad tiene que tener un plan anual de compras, el cual tendrá que ser modificado para adecuarse al plan de trabajo del ministro Díaz Bobadilla.
En esta línea, destacó que los tiempos están determinados por los procesos de licitación, de cotización, y preparación de las bases, pero antes tiene que haber un proceso de preinversión para tener los proyectos elaborados.
De acuerdo a Linares, primero tiene que haberse desarrollado planos y el proyecto de ingeniería, asegurado el derecho de vía, y luego se puede iniciar el proceso de contratación, compra de materiales, entre otros temas necesarios para la construcción.
El experto aseguró que no es un proceso que sea tan largo, pero ha tenido un problema en los últimos años, en parte por el litigio malicioso y por errores de las administraciones cuando convocan a licitaciones.
“Impugnan los interesados, y eso detiene los procesos, y muchas ganas por ganas de fastidiar (…) y también a veces por errores de los técnicos que elaboran las bases y otras ocasiones también procesos que se vuelven engorrosos porque piden requisitos que incluso no están en la ley, por ejemplo piden una declaración jurada y exigen los documentos originales”, agregó.
Por ello, destacó que las entidades deben tener personal técnico que conozca los procesos de contrataciones para que no haya problemas cuando se realicen concursos, y si hay algunos pasos que entorpezcan y vuelvan demasiado lentos los procesos está la posibilidad de reformar el reglamento.
CSJ frena a Mynor Moto, mientras define juez para el caso de compra de edificio para el MP
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— Diario La Hora (@lahoragt) January 16, 2025
MODIFICACIÓN A LA LEY
Asimismo, Linares resaltó que se puede pedir al Congreso una modificación de la ley. “Porque que yo recuerdo en tiempo de Jimmy Morales hablaban de la ley anticompras, pero nunca dijo vamos a presentar una propuesta para quitarle los obstáculos insalvables”, indicó.
También, remarcó que se deben asegurar que haya procesos competitivos, por lo que debe de haber un balance en la agilidad de los procesos, así como una garantía de que todos los posibles oponentes estén en igualdad de condiciones.
Linares recalcó que previo a esta administración se daban concursos amañados con el límite de tiempo. “Si la licitación dice el plazo para presentar es un mes, por muy grande que fuera el proyecto, pero ya había alguien que estaba enterado de todos los pormenores del proyecto y cuando salía la convocatoria, tenía preparada la propuesta mientras a los otros que podía estar interesados, no les daba tiempo para preparar la propuesta”, mencionó.
El experto también sostuvo que también las empresas no participaban porque “la mordida” que pedían era demasiado o ya se sabía que ya habían contratado al contratista.
CGC OBLIGADA A FISCALIZAR
De la misma forma, Linares resaltó que la Contraloría General de Cuentas (CGC) está obligada a fiscalizar, pero hay denuncias de corrupción contra la entidad, en las que se señala que obligan a incurrir en anomalías por la parte que a veces exigen los contralores.
Linares recalcó que tiene que exigirse a la CGC cuentas claras y criterios claros, porque personas que han estado en la Contraloría han señalado que hay tantos criterios como contralores.
“A un contralor se le consulta, le va a decir que eso se puede hacer, y otro contralor le dice que eso no se puede hacer, y como ya lo hizo, le pone la multa. Entonces, los criterios claros, unificados de los contralores, la transparencia en la función fiscalizadora para evitar y para detectar anomalías en los contralores”, indicó.
“Y en la auditoría social que para hacerlo se requiere transparencia. Se tiene que dar información a los ciudadanos para que los medios de comunicación y organizaciones que se dedican a la auditoría social tengan elementos para opinar y tengan la certeza de que hay buenos manejos”, concretó.
MARROQUÍN: SISTEMA NUEVO
Asimismo, el analista de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín indicó que el enredo que hay dentro del Ministerio de Comunicaciones es muy grande, no solo de fondos, sino también legal.
“Están comprometidos muchos fondos y no se pueden hacer grandes obras nuevas y muchas obras están a medio construir. Es decir, ese ministerio de verdad habría que pensar en eliminarlo y hacer algo nuevo, pero de nada serviría lo nuevo si no se hace un nuevo sistema de contrataciones en el Estado”, agregó.
“El sistema de hoy es horroroso, es burocrático, es ineficiente y además es corrupto, porque la idea de algo burocrático se supone que es para que se cumplan normas, se cumplan leyes, pero en el caso de Guatemala ni siquiera para eso sirven, sino sirven precisamente para atraer más a los agentes y a los actores corruptos”, sostuvo.
A su vez, destacó que lastimosamente el gobierno no llevó un plan para transformar radicalmente el Ministerio de Comunicaciones, por lo que se verá un “poco más de lo mismo”, es decir obras lentas, atrasos, ya que, según Marroquín no se ven cambios a corto plazo.
También, destacó que el Estado debe recuperar capacidades básicas de planificación, incluso de Ejecución que abandonó a mediados de 1990, ya no puede depender 100% de contratistas.
En esta línea, el experto sostuvo que el gran problema de Comunicaciones es que depende de los contratistas, que en los últimos años han sido corruptos, no cumplen con las obras, pero sí reciben el dinero que les es asignado.
“Nosotros desde Acción Ciudadana hemos denunciado, por ejemplo, obras inconclusas que recibieron hasta el 50% de la obra y la ejecución física es casi de cero%, ahí evidentemente hay una estafa, pero no vemos actuar a la Contraloría, no vemos actuar al Ministerio Público, entonces esas estafas siguen, porque es muy fácil estafar a ese Ministerio”, concretó.
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