Convergencia por los derechos humanos dio a conocer el informe denominado “Caro, Ineficiente y Corrupto: Evaluación del Ministerio Público durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras”, en el que señala una ineficiencia por parte del ente investigador a pesar de contar con uno de los presupuestos más altos de la historia.
En el documento, nueve organizaciones de derechos humanos comparan las gestiones de Claudia Paz y Paz, así como la de Thelma Aldana, con la de Porras, resaltando que se inició una etapa de desconfianza en el ente investigador, lo que generó una disminución de las denuncias recibidas.
Según el escrito, la falta de confianza en la administración de Porras se refleja en que solo el 0.44% de las población de Quetzaltenango considera que los fiscales del MP son confiables para llevar casos de corrupción y un 63.02% estima que funcionarios de la Fiscalía son proclives a cometer actos de corrupción.
8.6% DE SALIDAS POSITIVAS
Convergencia por los Derechos Humanos detalló que el MP de Porras afirmó que resolvió un total de 3 millones 820 mil 472 casos, pero únicamente 331 mil 47 han sido salidas positivas, es decir por medio de acusaciones o sentencias, por lo que recalcó que ello apenas representa un 8.6%.
“Durante la administración de Consuelo Porras, todos los indicadores de respuestas efectivas o de calidad, como salidas alternas, acusaciones y sentencias presentan un notable descenso con respecto a las administraciones anteriores, a pesar de que los recursos presupuestarios se han incrementado sustancialmente cada año, especialmente durante el gobierno de Alejandro Giammattei”, sostuvo.
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En esta línea, el informe subraya que la gestión de Porras ha sido la más ineficiente en la historia del MP, ya que el incremento presupuestario no ha servido para cumplir con sus obligaciones fundamentales de investigación de los delitos ni para lograr una persecución eficaz de los criminales.
De acuerdo al escrito, en 2023, el costo por salida procesal efectiva del MP es de Q74 mil mil 325.67, por lo que en comparación con sus antecesoras el gasto aumentó en 300%.
NIVELES DE IMPUNIDAD
De la misma manera, Convergencia por los derechos humanos destacó que los índices de efectividad en delitos graves durante el mandato de Porras muestran altos niveles de impunidad.
Según el informe, el índice de efectividad promedio en delitos contra la vida es de 6%, lo que representa una impunidad del 94%, en de delitos de violencia contra la mujer es de 3.73%, en el de robos un 1.6%, y en el de extorsión es un 5%.
“Durante el mandato de Consuelo Porras, el 87% de las salidas procesales corresponden a desestimaciones y archivos, lo cual genera una denegación sistemática del derecho a la justicia de las víctimas y un incumplimiento del deber de debida diligencia en la investigación”, puntualizó.
También, destacó que el número de salidas alternas en el mandato de Porras ha disminuido drásticamente, ya que en 2023 apenas fueron 20 mil 233, a pesar de contar con “los mayores presupuestos en la historia de la institución”, siendo un 30% menor que la obtenida durante las dos administraciones anteriores.
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Al mismo tiempo, destacó que se impulsaron persecuciones contra estructuras criminales durante los mandatos de Paz y Paz y Aldana, sin embargo, durante la administración de Porras se observó un declive en las acusaciones durante tres años consecutivos.
Además, resalta que con Paz y Paz hubo un crecimiento del 160% de sentencias, mientras que en la administración de Porras disminuyó un 50% en 2020 y 2021 y un 30% en 2022 en comparación con el último año de Aldana.
REMOCIÓN INMEDIATA
Bajo esta misma línea, las organizaciones de derechos humanos expusieron que el número de sentencias absolutorias ha aumentado hasta alcanzar el 19%, lo que representa el doble de las obtenidas durante las administraciones de Claudia Paz y Thelma Aldana.
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“En cuanto a la calidad de la persecución penal, se observa que la administración de Consuelo Porras se ha dirigido a criminalizar a operadores de justicia y en generar impunidad para las redes económicas ilícitas que han capturado el Estado, en una actuación que socava el Estado de Derecho y representa un grave incumplimiento de sus funciones constitucionales”, sostiene el documento.
Al mismo tiempo, sostiene que durante el mandato de Porras se ha destituido de forma ilegal, arbitraria e ilegítima a numerosos fiscales por no “plegarse” a sus políticas e instrucciones encaminadas a generar impunidad.
Lo anterior, sostiene que constituye una grave violación a la carrera fiscal y a las garantías de inamovilidad reforzada que protegen a las y los fiscales frente a presiones indebidas, a la vez que ha destruido gravemente la capacidad institucional para cumplir con sus funciones.
También, puntualizan en que “las actuaciones de Consuelo Porras demuestran un ejercicio del cargo altamente insatisfactorio, que da lugar a responsabilidad administrativa, civil y penal conforme a la legislación guatemalteca, y deberían dar lugar a su remoción inmediata del cargo para evitar daños irreparables a la institucionalidad del país”.
Además, sostienen que mientras Porras esté al mando del MP resulta imposible realizar investigaciones independiente, objetivas y efectivas sobre sus gestión, lo que obliga a que sea necesario nombrar a un Fiscal Especial u otro mecanismo independiente para determinar su responsabilidad penal.
SIN RESPUESTA DE MP
La Hora buscó una postura con el MP sobre el informe pero hasta el cierre de esta nota no se ha tenido respuesta.
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