Exoperadores de justicia, defensores de los derechos humanos y periodistas en situación de exilio debido a la persecución del Ministerio Público (MP), a cargo de la fiscal general, Consuelo Porras, señalaron que el caso contra Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, es una muestra más de las vulnerabilidades del sistema de justicia, el cual debe ser renovado con plena transparencia.
“Desde el exilio y quienes somos perseguidos por el MP de Guatemala por nuestro compromiso con los derechos humanos, la justicia social y representamos un obstáculo para la impunidad de grandes estructuras de poder, deseamos manifestar nuestra preocupación y respaldo a Ligia Hernández”, señalaron.
Sostienen que las autoridades encargadas de la aplicación de la ley persisten en contraria a su mandato, ya que son un instrumento de criminalización y venganza al servicio de actores y representantes de grupos criminales corruptos puesto a que construyen casos ad hoc para perseguir a quienes luchan contra la impunidad.
SEÑALAN RENOVACIÓN DE CORTES
Por ello, señalaron que el caso contra de la titular del Instituto de la Víctima es una más de las vulnerabilidades del sistema de justicia que debe abordarse con urgencia.
A su vez señalaron la preocupación por la falta de transparencia en las imputaciones, asignación de jueces afines a la Fiscalía y abuso de la prisión preventiva con argumentos falaces.
“Los argumentos presentados por el juez Fredy Orellana, que identificó una actitud desafiante, irrespetuosa y sin humildad como motivo para enviar a Ligia a la cárcel, muestran que el sistema, además de ser misógino, carece de fundamentos legales que justifiquen la prisión preventiva. ¡A las mujeres las quieren sumisas!”, agregaron.
Por el contrario, sostienen que grandes casos de estructuras criminales continúan siendo desestimados, lo que evidencia que las estructuras de poder han encontrado en el actual sistema judicial su mejor aliado, por lo que ven una necesidad de que se garantice la renovación de Cortes con plena transparencia.
Además, señalaron que por el derecho a una justicia objetiva e imparcial, la problemática estructural debe ser abordada con urgencia, puesto a que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de la ciudadanía guatemalteca.
Defensa de Ligia Hernández apela prisión preventiva dictada en su contra
HACEN LLAMADO
De la misma forma, realizaron un llamado al pueblo de Guatemala y a las autoridades para manifestar su descontento y exigir que cese la persecución en contra de operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.
En la misma línea, solicitan que se exija al gobierno de Guatemala tomar acciones para garantizar el respeto de los derechos humanos de Hernández y otros presos políticos, así como a las autoridades del Organismo Judicial y Corte de Constitucionalidad que pongan un alto a la violación de principios del debido proceso.
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Al mismo tiempo, solicitaron a la administración de Bernardo Arévalo y Karin Herrera impedir que instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC), sistema penitenciario, Procuraduría General de la Nación (PGN), y el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) continúen siendo un instrumento de facilitación para la criminalización de guatemaltecos.
Además, pidieron a la comunidad internacional a permanecer atentos al proceso contra Hernandez y otras personas que guardan prisión preventiva, y siguen siendo criminalizadas por el ente investigador.
“Seguiremos luchando por un sistema de justicia imparcial en Guatemala y reiteramos nuestro apoyo a Ligia Hernández y a todos aquellos presos políticos como Stuardo Campo y José Rubén Zamora en su búsqueda de justicia”, concretaron.
Esto dijo Ligia Hernández antes de su captura: "No les tengo miedo"
CAPTURAN A LIGIA HERNÁNDEZ
La jefa del Instituto de la Víctima se convirtió en la primera funcionaria de la administración Arévalo-Herrera en ser capturada a solicitud del MP, ya que se le acusa por el delito de financiamiento electoral no registrado por el caso “Corrupción Semilla”.
La orden de captura fue autorizada el 13 de agosto por el Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, mientras en el Congreso se conocía la ampliación presupuestaria solicitada por el presidente Arévalo, el cual fue aprobado con posterioridad, pero dejado en suspenso provisional por la alta Corte.
No fue hasta tres días más tarde, el 16 de agosto, que Hernández compareció ante el Juzgador, quien decidió ligar a proceso y enviar a prisión provisional a la funcionaria por el delito de financiamiento electoral no registrado.
